Gobierno de Ortega libera a 50 presos políticos bajo la nueva Ley de Amnistía

Gobierno de Ortega libera a 50 presos políticos bajo la nueva Ley de Amnistía

El gobierno del presidente, Daniel Ortega, liberó este lunes a 50 presos políticos bajo la polémica Ley de Amnistía, que tiene como objetivo absolver a las personas señaladas de cometer delitos durante la crisis sociopolítica del país.

La orden fue anunciada por el Ministerio de Gobernación indicando que “en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Amnistía”, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado sábado, “ha puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública”. Asimismo informó que se encuentra preparando la liberación de más “presos por estos delitos”.

Entre los liberados se encuentran los periodistas Marlon Powell y Hansel Vásquez, así como también el empresario Chester Membreño, el líder Jonathan Lacayo, cuatro jóvenes condenados a 20 años de cárcel por participar supuestamente en la muerte del familiar de un alto funcionario y Karla Matus, la única mujer beneficiada.

La liberación fue ejecutada por el Sistema Penitenciario Nacional, quienes llevaron a cada uno de los “presos políticos” a sus domicilios. La excarcelación contó con la participación de miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en calidad de observadores.

Para la oposición la nueva Ley de Amnistía, aprobada con “trámite de urgencia” el pasado sábado por los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en respuesta a la petición del mandatario nicaragüense, consiste en un dictamen a favor de policías y militares que acabaron con la vida de cientos de personas que participaron en las protestas del régimen orteguista.

Organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas también rechazan la medida puesto que implica que ninguno de los responsables de la muerte o represión será juzgado.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crisis sociopolítica de Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado al menos 325 muertos, mientras organizaciones locales indican una cifra de 594 pero el Gobierno solo reconoce 199.

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