Durante dos semanas visitó a Colombia una misión convocada e integrada por organizaciones internacionales que han sido aliadas nuestras incondicionales, hace más de una década, en defensa del agua, la vida, los ecosistemas vitales y estratégicos como nuestros páramos, el ambiente y el respeto por la soberanía de nuestro Estado, la cual estuvo integrada por la lideresa canadiense y gran articuladora de la misión internacional Jennifer “Jen” Moore (Institute for Policy Studies, IPS, Global Economy Program; EE. UU.); Luciana Ghiotto y Lucía Bárcena (Transnational Institute, TNI; Países Bajos); Javier Echaide (ATTAC; Argentina); Javiera Martínez (London Mining Network; Reino Unido); Cleodie Rickard (Global Justice Now,GJN; Reino Unido); Bill Fairbairn (Mining Watch Canada; Canadá); Aldo Orellana (Terra Justa; Bolivia/Reino Unido); Ahmed Hafezi (War on Want; Reino Unido); el galeno Esteban Maturana (Chile mejor sin TLC; Chile), Isolda Aggazi (Alliance Sud; Suiza) y Briam Angarita (medios).

Después de las respectivas visitas in situ en La Guajira, en respaldo a las comunidades Wayúu (defensa del arroyo Bruno) y de Santander (defensa del páramo de Santurbán), en oposición a los inescrupulosos intereses de las trasnacionales mineras, la semana pasada estuvimos en Bogotá acompañando a la Misión Internacional para dar a conocer, ante el alto Gobierno (Ministerios) y el Congreso de la República (Senadores y Representantes a la Cámara) y a la opinión pública, la declaración nacional e internacional firmada por más de 300 organizaciones solicitando al gobierno Petro: la revisión integral de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Acuerdos Bilaterales de Inversión que contengan el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (SCIE) que les dan gran poder a las empresas transnacionales extractivistas; denunciar el convenio del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a inversiones); No firmar tratados con cláusula de protección de inversiones y el mecanismo SCIE; la sugerencia al Gobierno de una moratoria antes de firmar nuevos acuerdos internacionales de inversión o ratificar los vigentes, y así recuperar la soberanía del Estado que se cede en gran parte con la firma de acuerdos onerosos e inequitativos para sus intereses ambientales, sociales y económicos.

Y es que como lo informó CM&, único medio presente en la Audiencia Pública sobre las demandas de las transnacionales, realizada en el Capitolio de la República, las demandas ascienden a cerca de 60,3 billones de pesos colombianos. (Ver vídeo)

Como lo expuse ante la Comisión Segunda del Senado, presidida por la parlamentaria santandereana Gloria Flórez Schneider, aquí la premisa básica es: “Ningún Gobierno de Colombia debe brindar un doble aseguro a las empresas transnacionales mineras, mediante la firma de TLC y Acuerdos Bilaterales de Inversión, para que si no ganan saqueando nuestros recursos naturales lo hagan demandando al Estado colombiano por cifras estratosféricas, a la luz de dichos acuerdos internacionales, en los tribunales de arbitramento internacional con mecanismos como el de Solución de Controversias Inversionista-Estado (SCIE)”. (Ver: Gobierno Petro: ¡No permita que transnacionales desangren al Estado colombiano por sentencias en tribunales internacionales! https://shorturl.at/oFK09 )

Y es que los anteriores gobiernos, al suscribir estos acuerdos internacionales de marras, especialmente en las administraciones de Uribe y Santos, se encargaron de crear una nueva dicotomía para el Estado colombiano: “cedemos a las pretensiones extractivistas de las transnacionales, así estén en detrimento del agua, la vida y los territorios, o nos exponemos a demandas billonarias en los estrados internacionales”.

Una bitácora perfecta para una transnacional minera que quiera explotar en (o mejor, a) nuestro país es:

-Acudir al Gobierno de su país de origen para asegurar doblemente su inversión con la firma de un TLC o un Tratado bilateral de inversión con el gobierno de Colombia, desde luego inequitativo y oneroso para los intereses del Estado colombiano, con un mecanismo de solución de controversias también en contra de éste.

-Solicitar en concesión un título minero ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que sólo le da facultades para la exploración.

-Solicitar, luego, la licencia ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, condición sine qua non para proceder a la explotación.

-Entre tanto, a nivel nacional la transnacional intenta obtener el favor de las comunidades afectadas con el proyecto que va a desarrollar (licencia social que, como he insistido, desde 2010, jamás otorgaremos los colombianos a dichos proyectos), e internacionalmente especula en los mercados bursátiles del mundo.

-Y, al negársele la licencia ambiental para la explotación, ampararse a la sombra de los tratados internacionales suscritos previamente para demandar al Estado colombiano, por cifras que alcanzan los billones de pesos colombianos.

Con TLC y Tratados Bilaterales de Inversión suscritos así, injustos e inequitativos para nuestro Estado, ¿para qué desarrollar el proyecto extractivista? Mejor, más ágil, práctico y hasta rentable resulta demandar.

Caso Greystar-Eco Oro

-El 21 de noviembre de 2008 (gobierno Uribe), Colombia suscribe el TLC con Canadá.

-El 22 de diciembre de 2009 la multinacional minera canadiense Greystar solicita al otrora Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad encargada en ese entonces de otorgar las licencias ambientales, la licencia para su proyecto de megaminería Angostura que contemplaba la explotación a cielo abierto en el páramo de Santurbán.

-Entre tanto, las acciones de Greystar se cotizaban en la Bolsa de Toronto.

-Greystar, gracias a la movilización social de los santandereanos, desiste de su proyecto, y el gobierno Santos, mediante Resolución 1015 (31/mayo/2011) del Ministerio de Ambiente, no acepta su desistimiento, y niega la licencia ambiental.

-Greystar cambia su nombre a Eco Oro y dice que presentará un nuevo proyecto de minería subterránea, el cual nunca hace realidad.

-En Washington, en septiembre de 2014, estuvimos exponiendo la queja que, como Comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán, habíamos interpuesto ante la CAO (Ombudsman del Banco Mundial, BM), mecanismo que recepciona las quejas de las comunidades que se sienten afectadas, en términos sociales y ambientales, por los proyectos donde esta banca multilateral invierte alrededor del mundo. El Banco Mundial (BM), por medio de una de sus instituciones, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) llegó a tener el 12,5 % de la participación accionaria del proyecto de Greystar-Eco Oro. Este columnista Rodríguez-Salah, en representación del Comité, y las representantes de nuestras organizaciones internacionales aliadas: Jeniffer Moore, en ese entonces representando a Mining Watch Canada; Carla García (CIEL), kristen Genovese (SOMO), y Carlos Lozano (AIDA), expusimos la queja ante el BM y sus instituciones, en cabeza de la IFC como inversionista de Eco Oro, y la misma CAO.

-En junio de 2016, “La CAO, en informe de 55 páginas, determinó, entre otras, que el proyecto, clasificado erróneamente como B, debió categorizarse como A: “proyectos que tienen potenciales y significativos impactos adversos, sociales y ambientales, y estos son múltiples, irreversibles o no tienen precedentes”, como ya lo había expresado en “La invaluable investigación del Ombudsman del Banco Mundial” https://bit.ly/3aJUdNB El BM, basado en el informe de la CAO, retira inmediatamente su inversión del proyecto de Eco Oro.

-En 2016, Eco Oro demanda al Estado colombiano por 698 millones de dólares (cifra actualizada de la Andje), al no satisfacer sus objetivos extractivistas en Santurbán, y a la luz del TLC Colombia-Canadá, ante el tribunal del CIADI, del mismo grupo del BM. Paradójicamente, el BM que, por medio de una de sus instituciones, la IFC, había sido accionista de Eco Oro, tras retirar su inversión de la multinacional canadiense, termina siendo juez de arbitramento de la demanda de la multinacional minera al Estado colombiano, en uno de sus tribunales, el del CIADI, de su mismo grupo.

-En septiembre de 2021, un tribunal del CIADI determina que Colombia infringió el Artículo 805, del TLC Colombia-Canadá, que versa sobre el trato justo y equitativo de los inversionistas. Colombia está a la espera de la sanción.

Reza el adagio que quien desconoce la historia está condenado a repetirla, y no podemos ignorar y ningunear el antecedente del caso Greystar-Eco Oro, con su demanda billonaria ante el tribunal del CIADI, a la espera de la sentencia final, cuya sanción tiene como techo los 698 millones de dólares pretendidos por la minera.

Todos los colombianos debemos agradecer a la Misión Internacional, con sus organizaciones internacionales aliadas nuestras, por su solidaridad y compromiso con la soberanía de nuestro Estado.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de VISIÓN, La Revista Latinoamericana.