Han transcurrido 28 años desde que se efectuó la primera reunión de Jefes de Estado de nuestro continente, bajo el nombre de Cumbre de Las Américas.

Desde el primer momento el cónclave fue concebido bajo los principios de lograr consensos entre mandatarios que compartían una visión política común, basados en mecanismos institucionales claramente definidos. Asimismo, se estableció que a dicho evento deberían asistir los representantes de gobiernos elegidos democráticamente, que operen con economías de mercado libre, que lleven a cabo negociaciones internacionales multilaterales con bases igualitarias, y que tomen decisiones por consenso. Los mecanismos institucionales son los órganos a cargo de liderar el proceso, toma de decisiones, implementación y seguimiento.

Resulta evidente que, desde el principio, fueron establecidos los principios fundamentales que debían postular y practicar los gobernantes de los países representados en dicha cumbre, tanto en la primera como en las subsiguientes.

Partiendo de ese hecho, no es extraño que el país anfitrión de IX Cumbre de las Américas, que se realizó del 06 al 08 de junio en Los Ángeles, California, haya decidido no invitar a las dictaduras totalitarias más recalcitrantes de nuestro continente: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Lejos de compartir principios democráticos, de promover el libre mercado, y de respetar el principio de alternabilidad en el poder, los regímenes de estos tres países se caracterizan por ser violadores de los más elementales derechos humanos de sus ciudadanos, por reprimir a sangre y fuego cualquier tipo de expresión o manifestación disidente, y porque sus gobernantes se han constituido en una élite privilegiada, vinculada al crimen organizado, para saquear las riquezas nacionales y constituirse en casta dominante y multimillonaria en nombre de los pobres y de la “justa distribución de la riqueza”.

Aún más, entre abril y mayo del corriente año, Daniel Ortega Saavedra ha actuado de manera cínica y burlesca ante dos hechos muy graves cometidos por su régimen y que pueden tener serias consecuencias para el pueblo nicaragüense.

El primero de ellos fue la decisión del régimen de adelantar su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que reglamentariamente debía darse en el año 2023. Arbitrariamente, y violando todo precepto jurídico internacional, Ortega decretó la salida inmediata de Nicaragua del organismo regional; expulsó a los diplomáticos representantes de la OEA en Managua, Nicaragua; ordenó el sitio policial del edificio sede la embajada del organismo regional y su posterior saqueo, y, finalmente, decretó la confiscación de dicho edificio a pesar de que los dueños eran particulares totalmente ajenos a la OEA.

“Solo aquellos gobiernos de América Latina que violan los derechos humanos y la democracia de sus pueblos no fueron invitados y otros se autoexcluyeron por vergüenza de estar aplazados en estos temas”

Dr. Álvaro Leiva Sánchez

Cínicamente, Ortega dijo, en público, que la policía llegó al edificio de la OEA para resguardar los bienes de la misión diplomática y protegerlos del saqueo de la delincuencia común, cuando son públicos los videos donde se ve a la misma policía, empleados judiciales, y turbas al servicio del régimen, en una labor de saqueo y desmantelamiento del edificio de la embajada.

Con igual cinismo reaccionó Ortega al conocer que, junto a Cuba y Venezuela, no sería invitado a la IX Cumbre de las Américas. Ortega dijo que “no importa”, porque, de todos modos, esa reunión regional de gobernantes, no le interesaba.

Si así desprecia Ortega el ordenamiento jurídico internacional, con respecto a la OEA y a la participación en un foro continental de gran trascendencia para la democracia, el progreso económico, y el respeto a los derechos humanos, ¿qué respeto podrá tener por la legislación interna y por la vida de los ciudadanos nicaragüenses?

Ortega continúa ensañándose en contra de los prisioneros políticos, que en realidad son rehenes a quienes maneja como ficha de intercambio para una eventual negociación. El régimen sigue desatando una feroz represión en Nicaragua y efectuando más detenciones de dirigentes opositores -como Yubrank Suazo, el 18 de mayo-. Igualmente, los Ortega Murillo han decretado nuevas cancelaciones de personerías jurídicas de decenas de organismos no gubernamentales, -50, solamente el 3 de mayo-, pasando por las recurrentes agresiones contra comunidades indígenas en la oriental costa caribeña -en particular, la comunidad Mayangna-.

Como representante legal y secretario de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), me siento honrado de haber sido invitado a participar en el Foro de Sociedad Civil, y en el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel, que se desarrolló en el marco de la IX Cumbre de las Américas. Y me siento sumamente complacido de que el gobierno de los Estados Unidos de América, con el pleno derecho que le confirió el ser país anfitrión y organizador de esta cumbre, haya decidido no invitar a ninguno de los dictadores totalitarios y violadores de los derechos humanos.

Las víctimas del régimen Ortega Murillo pueden estar seguras de que, en la IX Cumbre de las Américas, me desempeñé como su representante, para que esa tribuna se convirtiera en instrumento internacional de solidaridad con la causa del pueblo nicaragüense, en su clamor y demanda de justicia ante los crímenes que la dictadura Ortega-Murillo de Nicaragua ha cometido y sigue cometiendo.

Fuente Imagen: USCIS