El próximo 7 de agosto asumirá Gustavo Petro Urrego como presidente de la República de Colombia y, con su llegada al poder, se esperan nuevos aires en franco beneficio de la protección y conservación ambiental.

Aunque los defensores a ultranza del agua y los páramos del país, en cabeza del emblemático páramo de Santurbán, llevamos más de doce años oponiéndonos a la aprobación de proyectos de mega minería en los ecosistemas paramunos y sus ecosistemas circunvecinos -fecha clave resulta el 22 de diciembre de 2009, cuando la minera canadiense Greystar radicó su solicitud de licencia ambiental para ejecutar su proyecto mega minero de explotación a cielo abierto en Santurbán-, el problema de las pretensiones mineras en la fábrica de agua por excelencia del Gran Santander se exacerbó, hace casi veinte años, en la administración Uribe.

Quizá pocos recuerden que, entre los años 2002-2010, en el gobierno Uribe, el número de hectáreas concesionadas en títulos mineros pasó de 1,13 a 8,53 millones y, dentro de éstas, las hectáreas concesionadas en páramos se duplicaron. Y por contera, Colombia suscribió el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, en noviembre de 2008, lo que se convirtió en el doble seguro de la multinacional canadiense Greystar, luego Eco Oro, que, al no satisfacer sus objetivos extractivistas por la negativa de la licencia ambiental a su proyecto Angostura, durante el gobierno Santos (2011), demandó al Estado colombiano por 736 millones de dólares, y un tribunal de arbitramento internacional del CIADI ya sentenció, en primer dictamen, que Colombia infringió el artículo 805 del acuerdo de marras, exponiéndose al Estado colombiano a una sanción de cientos de millones de dólares.

Por ello, el gobierno Petro tendrá que revisar los TLC suscritos y, especialmente, con lupa, el TLC con Emiratos Árabes, que el presidente Duque se comprometió a entregar antes de terminar su cuatrienio constitucional, para que éste -con el agravante del antecedente del TLC con Canadá (Caso Greystar-Eco Oro)- no se constituya en el doble seguro de la multinacional Minesa (hoy propiedad del Fondo Mubadala y Aris Gold), en una alianza estratégica emiratí-canadiense, con pretensiones extractivistas en Santurbán, para evitar que, ante la negativa de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), desangren las finanzas del Estado con estratosféricas demandas al tenor de los TLC con Canadá y Emiratos Árabes.

En ese orden de ideas, el gobierno Petro, con voluntad política que no tuvieron los gobiernos anteriores para proteger y conservar nuestros páramos, tendrá que revisar las delimitaciones de páramos fallidas y en curso que, en contravía del deber ser, delimitaciones técnico-científicas que propendan por el agua de nuestros hijos, han sido delimitaciones impuestas de tipo exprés político-mineras, que han terminado por extender el páramo hasta donde no se afecten los proyectos de mega minería, a manera de mapa del tesoro para la explotación minera. El programa de Petro, a diferencia de los gobiernos anteriores, veinte años hacia atrás, no vislumbra nuestros páramos como la joya de la corona de los fines extractivistas de las multinacionales mineras, por lo cual está claro que su Gobierno no se ubicará del lado de éstas, sino en la orilla contraria, del lado correcto de la historia, bajo una visión conservacionista de los ecosistemas paramunos.

En síntesis, el gobierno entrante Petro, con voluntad política, puede replantear y reversar lo que hicieron los gobiernos anteriores de convertir, paradójicamente, en principales amenazas para nuestra agua y nuestros páramos: las delimitaciones exprés político-mineras de nuestros páramos; el otorgamiento de concesiones mineras y la tramitación de proyectos de megaminería en páramos y sus ecosistemas circunvecinos, en contravía de la Constitución y la normatividad ambiental; y la suscripción de TLC onerosos e inequitativos, que sirvan a posteriori de apalancamiento para las estratosféricas demandas de las multinacionales mineras en contra del Estado colombiano.

Así, el gobierno Petro dirimirá el conflicto ambiental-minero en el campo político, en lugar del jurídico, como hemos tenido que hacer en gobiernos anteriores, como pasó con la tutela que, con el liderazgo del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, interpusimos contra la delimitación de Santurbán, de la Resolución 2090 (2014), y que dio origen a la Sentencia T-361 (2017) de la Corte Constitucional, hoy referente nacional para dejar sin efectos otras delimitaciones exprés político-mineras y para las nuevas delimitaciones que de páramos que se expidan.

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