El 4 de septiembre del 2022 los chilenos decidieron, en un referéndum, rechazar la propuesta de Constitución presentada por la Convención constituyente. El nuevo texto había sido duramente criticado por líderes de todo el espectro político de la nación austral, ya que contenía propuestas que para algunos sectores amenazaban el modelo de crecimiento y desarrollo más exitoso de América Latina.

Estallido social y propuesta de asamblea Constituyente

El irrefutable rechazo, con cerca de un 60% de la población votando en contra del texto constitucional propuesto, acabó con un largo proceso que pretendía reemplazar la Constitución heredada por Pinochet, Carta Magna de Chile desde 1980.

Las masivas protestas de 2019 mostraron un claro hartazgo de la población respecto a las políticas económicas y la desigualdad existentes en Chile.

Todo comenzó con la subida del pasaje del metro de Santiago. El Gobierno chileno anunció que el precio de los pasajes de metro se elevaría en CL $30 pesos. Como respuesta a esta suba, los estudiantes comenzaron a hacer evasiones masivas en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. El 14 de octubre de 2019 los estudiantes colapsaron el sistema de transporte masivo de la capital y se presentaron los primeros enfrentamientos violentos contra la fuerza pública.

Las protestas rápidamente se extendieron en las principales ciudades de Chile, pero principalmente en Santiago, donde se quemaron estaciones completas del metro, se presentaron saqueos a supermercados y ataques a la infraestructura pública. La Casa de la Moneda respondió declarando el estado de emergencia, que incluyó el despliegue de militares en diversas ciudades del país.

Si bien el Gobierno dio marcha atrás con el alza de la tarifa del metro, la furia y la violencia no pudieron ser contenidas. Las semanas subsiguientes continuaron las protestas donde y se presentaron quemas generalizadas de edificios, sedes bancarias y estaciones de autobuses. Las clases debieron ser suspendidas en muchas ciudades, sobre todo en las comunas de Santiago y Concepción.

Se llegó a declarar el toque de queda generalizado en la Región Metropolitana de Santiago. Pese a todas estas medidas, las manifestaciones no pudieron apaciguarse. El presidente Sebastián Piñera parecía no poder controlar la situación. En una alocución televisada el primer mandatario declaró: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible".

Diversos analistas coincidieron en que el cansancio de la población chilena, y el estallido que le sucedió, se debieron a la enorme desigualdad y a la desmedida brecha sociales existentes en Chile. Para muchos chilenos la bonanza económica solo se concentra en los grupos económicos más importantes, mientras que el resto de la población debe luchar para llevar un sustento a sus hogares. Si bien la pobreza ha disminuido, las familias siguen siendo muy vulnerables y se percibe que hay una clase de ricos que acapara la mayoría de las riquezas del país.

Uno de los principales temas de las protestas fue el de las pensiones. Llamadas AFP (Administrado de Fondos de Pensiones) e instaurada en 1980, este sistema obliga a los trabajadores a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas. Estas son empresas privadas que invierten en los mercados en busca de rentabilizar sus fondos, pero los trabajadores reciben muy poco de este dinero cuando se jubilan.

Así, el 25 de octubre quedaría marcado en la historia del país como el día en que se presentaron las mayores movilizaciones en la capital chilena. Santiago presenció cómo se encontraban al menos un millón de personas para expresar no solo el descontento con el Gobierno de Piñera, sino con el sistema político y social del país que, aseguraban, había dejado grandes brechas y heridas en la sociedad chilena.

El 10 de noviembre de 2019 el expresidente Sebastián Piñera anunció el comienzo de un proceso para que Chile pudiera tener una nueva Constitución. Esta medida extrema se dio debido a la incapacidad de contener las protestas masivas que ya llevaban cerca de un mes. Así se abrió paso a la redacción de una nueva Constitución.

Convención Constituyente

Cerca de un 80% de los chilenos votaron a favor de una nueva Carta Magna en el plebiscito realizado en octubre de 2020. Los miembros de esta nueva Asamblea Constituyente serían elegidos exclusivamente por el voto popular.

En mayo de 2021 se escogió a los constituyentes por medio de una elección. La votación contó con una fuerte presencia de organizaciones sociales de izquierda y centro- izquierda. La derecha no pudo superar el 20% de los votos. Una de las sorpresas de estas elecciones fue que dos terceras partes de los constituyentes no provenían de los partidos políticos tradicionales.

La Convención no estuvo exenta de polémicas y escándalos por sus propuestas, declaraciones o por las actitudes de sus integrantes. El antiguo edificio del Congreso en Santiago se convirtió por momentos en el escenario de agrias disputas entre los constituyentes de derecha y los de izquierda y pueblos originarios. Estos debates se hicieron eco en las redes sociales, con enfrentamientos propios de las discusiones y la polarización entre dos modelos opuestos de país.

El descontrol de los debates y las acaloradas discusiones fueron el pan de cada día de la Asamblea. Desde el primer día se vivieron los primeros momentos de conflicto. El primer día de instalación de la asamblea la convencional Elsa Labraña increpó a los gritos a una funcionaria técnica para demorar la instalación de la Constituyente. Las integrantes Teresa Marinovic y Katherine Montealegre cruzaron gritos e insultos por diferencias de opinión.

La Convención se fue contaminando a medida que avanzaban los meses. Se comenzaron a presentar propuestas totalmente desconectadas del espíritu inicial de la reforma constitucional. Entre las que causaron mayor rechazo se destacan la de cambiar el himno nacional, propuesto por Felix Galleguillos; o la de disolver los tres poderes del Estado, patrocinada por ocho asambleístas, quienes aseguraban que la separación de poderes es “totalmente funcional a la dominación burguesa”.

Los convencionales se quejaron por su parte por la falta de recursos técnicos como computadores, audio e incluso falta de acceso a internet. Demasiada improvisación para un objetivo tan importante.

Uno de los escándalos más sonados se produjo cuando el constituyente Rodrigo Rojas Vade reveló no parecer problemas de salud, pese a ser uno de los principales activistas por el derecho a la salud. Rojas había declarado padecer cáncer, cuando en realidad nunca tuvo esta enfermedad. Para empeorar la situación Rojas había basado toda su campaña para ser elegido en las grietas del sistema de salud del país a través de su experiencia de supuesto paciente con cáncer.

La actitud de algunos de los asambleístas fue duramente criticada por la ciudadanía. Uno de los asambleístas votó desde la ducha, ya que supuestamente no había tenía tiempo para bañarse a lo largo de la extensa jornada de trabajo. Lo anterior, coinciden analistas, favoreció el crecimiento de la opción Rechazo al proyecto.

Motivos del Rechazo

El paquete de propuestas del proyecto constitucional nunca tuvo el consenso social necesario para su aprobación.

La propuesta de Nueva Constitución, entre otras cosas, proponía establecer a Chile como una democracia paritaria, como un estado plurinacional e intercultural, y como estado social y democrático de derecho que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas. Contenía asimismo una fuerte regulación de los derechos fundamentales. Además, se creaban dos Cámaras: un Congreso de Diputados y Diputadas, y una Cámara de las Regiones, eliminando el Senado.

El contenido constitucional también incluía la protección del medioambiente; una serie de nuevos derechos para la población indígena, la igualdad de género, el derecho de las personas a la libertad sexual y reproductiva, incluyendo el derecho al aborto.

Si bien estas propuestas parecían contar con un fuerte apoyo social, el texto contenía una serie de planteamientos que no terminaron de convencer a la ciudadanía. La posible pérdida independencia del Poder Judicial, la plurinacionalidad y el enérgico reconocimiento de los pueblos indígenas fueron algunos de los temas que no terminaron de conectar con el gran electorado.

Justamente el tema indígena y la propuesta de un sistema de justicia autónomo fue uno de los que causaron mayor repudio. La posibilidad de diversas aplicaciones de la justicia según la territorialidad no terminó de convencer ni siquiera a los indígenas.

La posibilidad de tener autonomías sin la vigilancia y fiscalización del Estado se presentaba como un gran desequilibrio entre los chilenos del común y los integrantes de los pueblos nativos.

Los nuevos mecanismos de expropiación serían más ambiguos que los vigentes en la actualidad. El texto presentado no reconocía los derechos de propiedad industrial e intelectual. La nueva Carta Magna daba autoridad al presidente para convocar a una Comisión Territorial Indígena con facultades para expropiar terrenos.

A esto se suma la enorme cantidad de derechos sociales consignados en la nueva ley fundamental sin tener claridad respecto a cómo se financiarían los nuevos programas sociales.

La creación de un nuevo sistema de pensiones público, el cual podría funcionar como un sistema de reparto, crearía un enorme gasto para las arcas del Estado. Este desembolso no haría sino aumentar cada año, con el envejecimiento de la población.

Muchos artículos de la nueva Constitución fueron visto con desconfianza. Incluso miembros de partidos de centroizquierda declararon que algunos de los artículos podrían “Afectar gravemente a la estabilidad política y económica del país, poniendo en peligro su desarrollo económico”.

¿Qué viene?

El Gobierno de Gabriel Boric deberá trabajar para lograr un nuevo acuerdo constitucional. Los próximos meses se deberá elegir una nueva Convención Constituyente, elegida por la ciudadanía, que esta vez contará con un comité de expertos que apoyará el camino del órgano redactor.

Sin duda el rechazo al “Apruebo” representó un duro golpe para Boric, ya que había puesto mucho de su capital político en la aprobación de la nueva Constitución.

A pesar de la negativa a la primera propuesta presentada, se debe cumplir con el mandato del país de tener una eventual nueva Ley Suprema. Por el momento seguirá vigente la Constitución política que dejó el dictador Augusto Pinochet. El abrupto final a un proceso largo, y por momentos doloroso, deja a Chile como un país profundamente dividido sobre su futuro.

Fuente Imágenes: Facebook SERVEL, Facebook Chile Convención.