No es ningún secreto para nadie, por lo menos dentro de Nicaragua, que el régimen de Daniel Ortega Saavedra ha mantenido una política represiva desde 1979, cuando el sandinismo asumió el poder a través de las armas.

Desde aquel entonces, Ortega incumplió los compromisos adquiridos con la comunidad internacional de convocar a elecciones libres, democráticas y supervisadas, un año después de haberse instalado la junta provisional de gobierno.

Fue hasta el año 1984 que Ortega, presionado por factores externos, convocó a las primeras elecciones amañadas, en las que sacó de la contienda a la verdadera oposición, que llevaría como candidato al Dr. Arturo Cruz Porras, a quien las turbas “divinas” de Ortega” y los muchachos revolucionarios obligaron a exiliarse a fuerza de piedras garrote y balas.

De ahí en adelante todas las elecciones organizadas por Ortega y el sandinismo fueron similares: una pelea de tigre suelto contra burro amarrado. La excepción fueron los comicios de 1990, cuando la presión militar de la Resistencia Nicaragüense, a quien el sandinismo y sus cómplices izquierdistas internacionales rebautizaron como “la contra”, obligó al Frente Sandinista a aceptar observadores internacionales imparciales que garantizaron el voto secreto que hizo ganar a doña Violeta Barrios de Chamorro, pero que nunca pudo desalojar del poder fáctico al sandinismo.

Este escenario represivo desarrollado desde los años 80´s y mantenido hasta el día de hoy, ha tenido muchas víctimas, principalmente a la Iglesia Católica, sus sacerdotes y laicos.

El sandinismo marcó un triste precedente en 1986, cuando expulsó de su propio país a monseñor Pablo Antonio Vega, en aquel entonces obispo de Juigalpa, departamento de Chontales y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El hecho coincidió con la visita a Medellín, Colombia, de Juan Pablo II, el Papa firme defensor de la vida, la libertad y los valores cristianos, quien inmediatamente condenó la expulsión y afirmó que recordaba “épocas oscuras” de la persecución a la Iglesia.

“Este casi increíble hecho me ha entristecido hondamente, tanto más por cuanto evoca épocas oscuras aún no muy lejanas en el tiempo…”, afirmó Juan Pablo II, quien también expresó su esperanza de que el régimen nicaragüense recapacitara, sobre la gravedad de una medida que contradecía lo afirmado antes por Ortega de querer una relación pacífica y de respetuosa convivencia con la Iglesia.

Pero Ortega jamás recapacitó, porque nunca tuvo la intención de hacerlo. Por el contrario, recientemente ha desatado una brutal cacería contra las voces disidentes.

“El peor error de Daniel Ortega Saavedra y su régimen es haber agredido a la iglesia católica nicaragüense el cual, lo llevará a su punto de quiebre”

Dr. Álvaro Leiva Sánchez

El único delito de la Iglesia Católica de Nicaragua es haberse mostrado unida frente al régimen de Ortega, al que critica por violaciones a los derechos humanos. Durante las manifestaciones de 2018, los sacerdotes usaron los templos para proteger a los manifestantes frente a la brutal represión del régimen, que dejó centenares de muertos, miles de heridos y exiliados. Todo ello está debidamente documentado por la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) y, en su momento, fue oficialmente informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde el pasado mes de mayo, la iglesia de San Juan Bautista de la ciudad de Masaya ha estado sometida a un constante asedio policial y paramilitar que, a juicio del padre Harving Padilla, párroco de ese templo religioso, es que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le tiene impuesta “parroquia por cárcel”, pues no tiene garantías de que al salir no le harán ningún daño.

“La persecución es a la Iglesia católica, no solo contra un sacerdote, porque el objetivo es callar a la Iglesia en el servicio pastoral y sacerdotal que hacemos” , señaló el padre Harving Padilla a un medio de comunicación nicaragüense, que ahora trabaja desde el exilio en un país vecino.

Tras más de dos semanas de asedio policial y encierro forzoso, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, fue detenido durante un ilegal allanamiento de la policía de Ortega a la sede de la Curia Arzobispal de la Diócesis de Matagalpa. La policía mantenía encerrados en dicho local al sacerdote, acompañado de varios laicos y religiosos. El obispo permanece detenido bajo el régimen de casa por cárcel, mientras sus acompañantes fueron recluidos en la tenebrosa cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote” .

Otro sacerdote, José Leonardo Urbina, quien ha criticado duramente los excesos dictatoriales del régimen de los Ortega Murillo, fue encarcelado y posteriormente condenado por un juez a 49 años de cárcel por el supuesto delito de abuso sexual contra una menor de 14 años. La acusación, el encarcelamiento y el juicio se produjeron en un lapso inusual de tiempo, dando la impresión de que la orden de Ortega y Murillo al Poder Judicial que controlan por completo era proceder con la condena del sacerdote lo más rápido posible, aunque fuese con pruebas falsas y en total indefensión. El padre José Leonardo Urbina era párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco, unos 90 kilómetros al noreste de Managua.

Este es el segundo sacerdote nicaragüense que recibe una condena formal por delitos comunes. El primero fue el padre Manuel García, párroco de la iglesia Jesús Nazareno de la ciudad de Nandaime -en el sur-, condenado en junio a dos años de prisión por agredir supuestamente a una mujer, quien luego se retractó y fue acusada de falso testimonio.

En este contexto, Ortega y Murillo se siguen mostrando desafiantes, inflexibles e intransigentes para liberar a más de cien prisioneros políticos, que en realidad son mantenidos como rehenes para una eventual negociación con una contraparte extranjera, que les garantice impunidad frente a los delitos de Lesa Humanidad cometidos, preservar su riqueza mal habida y la suspensión de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Otros sectores económicamente poderosos, tienen los mismos intereses que Ortega en cuanto a las sanciones. Mientras todo esto sucede, Ortega y Murillo se preparan para robarse las elecciones municipales de noviembre próximo, en otro de sus incontables fraudes electorales cometidos a vista, paciencia y complacencia del mundo.

Fuente Imagen: Facebook.com/CENicaragua