Para propios y extraños no resultó una novedad que el mandatario salvadoreño Nayib Bukele el pasado 15 de septiembre en la conmemoración de la independencia de su país, anunciara que se presentaría a la reelección en el año 2024 una vez finalizado su periodo de 5 años.

Las señales hacia la reelección más bien fueron una confirmación de una estrategia coordinada desde la “Casa Presidencial de El Salvador” para cumplir con el propósito de erosionar las instituciones y tomar el control indefinido del país, a través de la utilización de una constitución democrática liberal como fachada para ejercer el poder de forma autoritaria con la validación democrática de instituciones al servicio del poder ejecutivo en turno sin ejercer ninguna clase de contrapeso.

Para ello, solo basta con recordar la irrupción de Nayib Bukele con militares armados en el Congreso salvadoreño en febrero de 2020; la destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal en mayo de 2021 con el aval de la Asamblea; la reforma legal que pasó al retiro a todos los magistrados mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio con lo cual en los hechos se jubiló a un tercio de los 690 jueces en El Salvador y, como corolario la resolución del pasado 03 de septiembre de la Sala de lo Constitucional que avaló la reelección inmediata del Presidente de la República, a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohíbe expresamente en su artículo 152, numeral 1.

Como puede verse, esta decisión de la Sala de lo Constitucional sobre el banderazo para la reelección inmediata de la figura presidencial más allá de haber sido rechazada por Bukele como lo había hecho hace algunos años, ahora fue la justificación de Bukele para mantenerse en el poder, bajo el argumento de que según la propia resolución señala que es una decisión que compete a la ciudadanía salvadoreña y que, en su caso, se trata de una prohibición que no responde a las demandas actuales más si se toma en cuenta que de acuerdo a las últimas mediciones del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) un 60% de la población de El Salvador apoya la figura de la reelección inmediata presidencial, aun y cuando, reconoce su prohibición expresa en el texto constitucional.

¿La popularidad de un mandatario justifica su reelección? La respuesta es un no rotundo, porque validar este tipo de decisiones socava el estado de derecho y es el caldo de cultivo para la instauración de un constitucionalismo autoritario que aprovecha la debilidad institucional y las frágiles estructuras democráticas para ejercer y legitimar el ejercicio de un poder autoritario que valiéndose de una lectura instrumental de la Constitución, hoy dice una cosa y mañana dice otra, si no véase el caso mexicano donde se acaba de crear el movimiento autodenominado “Que siga López Obrador”, por lo que parece ser que las tentaciones de perpetuarse en el poder no son patrimonio exclusivo de El Salvador, sino también han contagiado a México, siguiendo el manual del populismo autoritario de Venezuela y Nicaragua, por mencionar sólo algunos países.

Una vez traspasada esta línea de la institucionalidad y de atropello a la Constitución el camino de retorno al estado de derecho será complejo, porque lamentablemente se ha normalizado la inconstitucionalidad bajo el pretexto de la popularidad de Bukele, por lo que más de alguno dirá que el debate jurídico es estéril, sin embargo, este es un buen espacio para concientizar que la decisión de la Sala de lo Constitucional ha desconocido una tradición jurídica salvadoreña que ha prohibido consistentemente la figura de la reelección inmediata.

En este sentido el aval de la Sala de lo Constitucional para la reelección inmediata del Presidente de la República desconoció el contenido expreso de los artículos 75, numeral 4; 88; 131 numeral decimosexto; 152, numeral 1 y 154 de la Constitución de El Salvador, cuya interpretación más reciente data de 2013 en la acción de inconstitucionalidad 163/2013.

En aquella ocasión, la Sala de lo Constitucional reflexionó sobre el principio de alternabilidad y duración del mandato, los cuales desde su interpretación, eran una cláusula que no podía ser modificada en el texto constitucional y que, en su caso, habilitaba a la asamblea para desconocer al Presidente que amenazara con continuar un día más en su mandato de 5 años previsto en la Constitución, dejando únicamente abierta la posibilidad de una relección discontinua que se refería al número de períodos que debían pasar para relegirse, es decir un período de 5 años o 2 períodos equivalentes a 10 años.

Sin embargo, nos damos cuenta que en los hechos que esta tradición de rechazo a la reelección ha importado poco y nada cuando al revisar la decisión de la Sala de lo Constitucional nunca se le planteó que se pronunciara sobre la figura de la reelección inmediata, sino más bien el planteamiento original fue solicitar la pérdida de derechos de la entonces candidata Nancy Díaz por promover la reelección presidencial, tal como lo establece el artículo 75, numeral 4 de la Constitución salvadoreña, hecho que fue desestimado por la Sala de lo Constitucional por una supuesta falta de pruebas, pero inexplicablemente o, más bien respondiendo incondicionalmente a Bukele aprovechó para darle el aval a su tan anhelada pretensión de la relección, lo cual no hace más que evidente que favor con favor se paga.

En conclusión lo que está pasando en El Salvador comprueba que el 51% de la población latinoamericana que respondió en el último Latinobarómetro que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve sus problemas está más vigente que nunca, resaltando que en aquella ocasión en el caso específico del país salvadoreño el porcentaje ascendió a un 63%, lo cual coincide con el 60% que apoya la reelección según las cifras del CEC, por lo que ante este escenario más que nuestra obsesión neoliberal de medirlo todo en cifras macro, la clave debe estar en regresar el bienestar a las personas, definitivamente siendo sensibles a que 4 de cada 10 latinoamericanos viven en la inseguridad alimentaria que se tradujo que 56 millones de las personas en nuestra región sufrieron hambre, lo cual nos demuestra que la distribución del ingreso sigue y seguirá siendo parte de una agenda pendiente como el mejor antídoto ante el populismo autoritario.

Fuente Imágenes: Presidencia El Salvador-Asamblea Legislativa El Salvador FB.

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