Un fuerte debate se está dando en Colombia sobre la reforma a la salud. Las polémicas propuestas de transformación que realizó el presidente Gustavo Petro dieron lugar a portadas como la de la revista SEMANA, titulada “Pánico en la salud”.

Si bien los cambios crean incertidumbre en la población en general, el riesgo también está en continuar en un régimen que ha fracasado, o que podría colapsar. Uno de los temores más evidentes es la posibilidad de acabar con las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Este sistema ha presentado deficiencias debido a las barreras de acceso al servicio, mala calidad en la atención, ausencia de un adecuado modelo de prevención y falta de acceso a los servicios en las zonas más apartadas en poblaciones rurales.

Así mismo, hay una persistente insatisfacción en el personal de la salud a causa de la inestabilidad laboral y los bajos salarios. Sumado a las deudas descomunales que tienen las EPS con las Instituciones Promotoras de Salud (IPS), muchas de las cuales están en riesgo de quiebra. Precisamente el problema de base es la insostenibilidad financiera del sistema, pues a marzo de este año la deuda de las EPS con las IPS ascendía a los 18,4 billones de pesos.

La pregunta en Colombia es por qué no se vigila y auditan la destinación de los dineros públicos de la salud y por qué el Estado no tiene un sistema de acceso a la información que permita realizar el control adecuado al movimiento de los dineros de la nación.

La responsabilidad del Estado colombiano

Algunos miembros del sector salud en Colombia han dicho que las EPS no hay que acabarlas porque se están acabando solas. Para Yesid Camacho, secretario de seguridad social de ANTHOC, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, “las EPS se han convertido en intermediarios onerosos e innecesarios que están llevando a la quiebra al conjunto de los hospitales y clínicas”.

Las entidades encargadas de vigilar los recursos de la salud en la nación suramericana durante años han sido acusadas de negligencia porque hubieran podido intervenir claramente a estas entidades antes de que estuviera seriamente comprometido el patrimonio.

En el caso de Medimás se le permitió llegar a una deuda de 1 billón 200 mil millones de pesos y se liquidó cuando ya no tenía como responder. Estas obligaciones son impagables, y aunque le dieron oportunidad de recapitalizarse, no cumplió.

La ley 100

Muchas de las fallas que tiene el sistema de salud en Colombia han sido atribuidas a la Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que habría traído grandes perjuicios a la vida los pacientes en el país. Esta normatividad creó el "Sistema General de la Seguridad Social Integral", el cual se compone de los siguientes subsistemas: Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y Servicios Sociales complementarios. Pese a que la cobertura en aseguramiento en salud llega al 99 %, el acceso a los servicios médicos no es suficiente en el territorio nacional.

Cuando se aprobó la Ley 100 se abrieron 200 EPS y actualmente solo quedan 19, de las cuales 11 tienen medidas especiales por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ya que tienen comprometido su margen de solvencia, es decir, la base económica que deben tener para responder por las deudas con los prestadores de los servicios de salud.

El exsenador Jorge Enrique Robledo, aseguró en un debate en el Congreso de la República que “la Ley 100 cometió un error grave y fue convertir la administración de los recursos de la salud en un negocio, es decir las EPS”, esto quiere decir que entre menos plata gasten del sistema de salud más ganancias tienen.

En la medida que disminuye sus gastos aumenta sus ganancias, porque la Ley la diseñaron para que la plata de la utilidad de las EPS saliera de la Unidad de pago por capitación (UPC), es decir, del valor anual que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.

Un deficiente sistema de control a los recursos de la salud

Cómo es posible que la auditoría, que es lo mínimo que se debería hacer en la administración de los recursos el Estado colombiano, haya omitido hacerlo. Un sistema de verificación público supremamente riguroso era pertinente, porque se hubiera salvado de la corrupción 1.2 billones de pesos a septiembre de 2022.

En Colombia los diferentes gobiernos han dado credibilidad a los datos suministrados por las EPS sin ningún tipo de verificación financiera. Además, esta Ley dio lugar a muchos vacíos en cuanto a la forma en que se manejan estas entidades, porque inicialmente no se definieron los costos de administración y tampoco se determinó de que parte del dinero las EPS tomarían la ganancia y mucho menos que porcentaje.

No se les ordenó a las autoridades tener datos propios, la única auditoría que se realiza la ejercen los revisores fiscales de las EPS, quienes han sido los primeros implicados cuando hay casos de corrupción. Tampoco se les obligó a contratar un porcentaje mínimo con las instituciones públicas. Ni se les prohibió comprar activos fijos con la plata de la salud.

Esto sigue siendo así hasta ahora, y en los casos de corrupción que han ocurrido en el país han sido cifras escandalosas de dinero que se han perdido por la falta de vigilancia del Estado. Se giran cifras altas de dinero a estas entidades sin saber de manera concreta cómo ha sido el manejo que se les ha dado a estos recursos.

El debate en la nación suramericana sobre la inexistencia de un sistema de vigilancia y auditoria a las EPS sigue vigente, pues los mecanismos o mallas validadoras utilizadas por el Estado son insuficientes para confirmar la veracidad de la información de las EPS.

La salud como negocio

La administración de los servicios de salud, por parte de las EPS, es considerada como un negocio privado. Pues el gobierno no regula los costos de los servicios de salud, razón por la cual se deja a las reglas del libre mercado.

Las EPS en sí no son malas, el problema es que las leyes diseñadas por el mismo Estado van en detrimento de los dineros públicos y favorecen a los particulares que se han dedicado a lucrarse a costa de los recursos públicos de la salud.

Es una lástima que Colombia, teniendo los recursos suficientes para la salud, permita que los estén drenando los particulares, sin ningún control. Ya que una EPS no está obligada a rendir cuentas del dinero que se gastó al momento que la liquidan, y además dejan millonarias deudas sin pagar a las IPS, sin que haya un Estado que los obligue a responder.

Robledo considera que “El modelo en Colombia permitió la creación de las IPS, en condiciones que favorecen únicamente a las EPS, porque pagan tarifas inaceptables a plazos muy largos y empujan a la ruina a estas entidades, que por otro lado se les imponen facturaciones abusivas”.

Otro de los fenómenos que se presenta es que el gobierno les paga a las entidades prestadoras de salud un porcentaje por administración de los recursos de la salud, pero ellos toman una utilidad de ese dinero lo cual no es correcto.

Las EPS no tendrían por qué gastarse ese dinero como si fueran ganancias y se ha visto que ha ocurrido en algunas de las entidades que han sido intervenidas y liquidadas, considerándose como un asalto a la finanzas públicas.

Ha habido un aumento irregular de las riquezas en Colombia por parte de las EPS, por ejemplo, en el caso de SaludCoop, compañía que se creó 1994 con 2.500 millones de pesos en el 20019 a 504.000 millones de pesos. Esto se ha permitido por que la estructura del sistema de salud a permitido que haya un enriquecimiento sin que el Estado pueda controlar.

Hallazgos de la Supersalud

El Superintendente de salud, Ulahy Beltràn, entregó un informe sobre el estado de las entidades promotoras de salud en liquidación a septiembre de 2022. Hay once entidades intervenidas, cuatro de ellas en proceso de liquidación ya terminado y una que presentó su liquidación voluntaria.

Estas instituciones no están cumpliendo con la obligación de garantizar el derecho a la salud de los pacientes y presentan insuficiencia en la red de prestación de servicios lo cual ha derivado en el incremento de las quejas.

Tampoco acatan las disposiciones legales para operar como capital mínimo, patrimonio adecuado y el régimen de reservas técnicas en inversiones. No pagan las obligaciones a las IPS que atienden a los pacientes. Las entidades en proceso de liquidación o ya liquidadas presentan deudas hasta por 10 billones de pesos, lo cual corresponde al 44% de la cartera que poseen estas entidades.

Otro de los informes de la Superintendencia rebela que cada día se ponen 250 tutelas (mecanismo de protección que permite a toda persona acudir ante las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales), es decir, hay un acumulado de 638.235 en 2022. De las cuales el 35% fueron por situaciones que pusieron en riesgo la vida da las personas. Del mismo modo, hay una desatención del componente prevencional y no hay suficiencia de cobertura en cuanto a procedimientos de alta complejidad.

El traslado de 8 millones de personas de las EPS que están inoperantes a otras, durante el gobierno de Iván Duque, evidencia que el sistema fracasó y esas entidades dejaron de pagar más de 4 billones de pesos a las instituciones prestadoras de servicios de salud que perdieron esos dineros.

Los sistemas de salud en Latinoamérica

Estos se constituyen en una parte fundamental de la preservación de la vida de los ciudadanos, porque un país que no atiende con eficiencia a las personas cuando lo requiere tiene un impacto en la productividad y la economía de los países, tal como se pudo evidenciar en la pandemia.

Por tanto, es conveniente que los individuos tengan buena salud para trabajar y accedan a los ingresos que les permitirán también mover la economía de las naciones.

Para hablar de los mejores sistemas de salud en Latinoamérica es necesario referirnos a algunas de las características fundamentales desde la perspectiva de los pacientes, qué debe reunir para ofrecer una atención optima que esté disponible para sus ciudadanos.

En primer lugar, está la accesibilidad a los servicios médicos en general. Segundo, la capacidad de respuesta rápida que valúa si la cantidad de funcionarios es suficiente para la atención, así como los tiempos de espera para poder recibir el servicio médico solicitado.

Como tercer aspecto está la confiabilidad y seguridad en cuanto a la competencia del personal, la credibilidad en las revisiones y diagnósticos médicos realizados.

De igual manera, la empatía en el trato, la cual se refiere a la atención e interés que el personal de la institución hospitalaria manifiesta hacia los usuarios. el estado físico y las condiciones del equipo y de las instalaciones en que se prestan los servicios de salud.

Costa Rica, el ejemplo a seguir en salud

En el continente hay ejemplos de países que han logrado garantizar baja la mortalidad y una mayor esperanza de vida, debido a las políticas de Estado que han desarrollado en el sistema de salud. Un infraestructura sanitaria adecuada permite que los pacientes reciban mejores cuidados y tengan la posibilidad de vivir más tiempo.

En un artículo publicado por la Revista New Yorker: “Los costarricenses viven más que nosotros. ¿Cuál es el secreto?” se referían al hecho de que fue reconocido como uno de los mejores del mundo siendo distinguido con el Premio Mundial a la Atención Primaria en salud (APS).

Costa Rica fue señalada como una de las naciones que mejor manejo dio a la pandemia de Covid-19 en América Latina. Siendo este país un modelo para seguir por los indicadores de salud, esperanza de vida de la población, bajas tasas de mortalidad infantil, entre otras que le atribuyen a la exitosa Atención Primaria (APS).

Este país centroamericano protege los derechos humanos y tiene la salud como derecho universal preponderante garantizado por la Constitución Política. La cual se consolidó con el Hospital sin Paredes 1971 en un modelo de salud y desarrollo social basado en la Atención Primaria.

Uno de los aspectos fundamentales de su éxito es la respuesta ante los eventos de salud de forma oportuna y articulada entre las diferentes instancias del sistema de salud, político, económico y social, con la dirección y conducción de las altas autoridades; siendo este un factor fundamental en la toma de decisiones rápidas y efectivas.

Los equipos multidisciplinarios e intersectoriales, incluyendo la población y sociedad civil, cobraron gran relevancia a nivel nacional y trascendió a niveles regionales y locales como una de las características más relevantes.

Este es un sistema con enfoque meramente biologista y encapsulados en sus propias estructuras, en un modelo de salud prevento-curativo, abierto a la comunidad, centrado en la persona como sujeto de derechos; incluyó a la población en todos los procesos, abordó la salud desde sus determinantes.

Costa Rica tiene el índice mas bajo de mortalidad infantil de América Latina y esto ha sido producto de un trabajo local efectivo que después se implementó a nivel nacional. Para lograr esta disminución se realizó un análisis de las causas por las que se produjeron los decesos, incluso a través de exámenes patológicos, que involucraba a la familia y el equipo multidisciplinario que atendieron el embarazo, el parto y el recién nacido. Con el propósito de determinar las causas biológicas, sociales y estructurales y del sistema en sí, para ejercer las medidas correctivas.

“Este modelo de salud revolucionó los sistemas tradicionales porque trascendió de un establecimiento o un profesional de salud, o la atención o ausencia de enfermedad, a un concepto mucho más amplio, con dimensiones que algunos lo describen como “Construcción Social de la Salud”, indicó Rita Méndez Villalobos, Dra. en Enfermería, Exdirectora de Enfermería del Hospital sin Paredes.

Como dice una frase muy popular: “del dicho al hecho hay mucho trecho”, y lo que sucede en Costa Rica es que se han llevado a la realidad los principios fundamentales que todo sistema de salud a nivel mundial debe tener, una atención humana, efectiva, preventiva y de calidad para sus ciudadanos. Que además cumpla con los mejores estándares a nivel mundial de los países desarrollados y que Latinoamérica debería tener.