El 7 de diciembre Perú volvió a ser noticia ante la detención de Pedro Castillo, presidente electo de ese país hace apenas año y medio, cuando intentó dar un autogolpe de Estado al cerrar el Congreso y anunciar que gobernaría por decreto. Esto, según las autoridades de ese país, previendo que la Fiscalía tenía ya preparadas las pruebas de la corrupción que presuntamente habría cometido.

El Parlamento le quitó el fuero presidencial y posteriormente la justicia le ordenó prisión de 18 meses a Castillo, acusado de conspiración, abuso de autoridad, delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, según las autoridades peruanas.

Todo esto ha generado nuevamente un ambiente de incertidumbre, protestas, desórdenes e inconformidades; sobre todo, teniendo en cuenta que este país ha tenido cinco presidentes en un lustro. Esto sin contar con los tres expresidentes acusados de corrupción que sí terminaron su mandato: Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García, quien se habría quitado la vida.

En entrevista exclusiva con VISIÓN, el abogado, consultor, analista político y observador electoral mexicano, Jorge David Aljovín, nos entregó su análisis acerca de las causas por las que este país suramericano se encontraría en esta crisis que parece no tener una salida fácil.

VISIÓN: ¿Cuál es su análisis acerca del panorama que está viviendo actualmente Perú?

Jorge David Aljovín: El Perú está atravesando actualmente una crisis política que por algunos ha sido adjetivada como interminable, pero yo diría que es una crisis permanente que se ha venido arrastrando desde el año 2016, que nos demuestra que el sistema ha dado lo mejor de sí y que es necesaria una reforma política.

Sin embargo, yo agregaría que la solución no simplemente pasa por un tema de arreglos de cúpulas políticas, sino también por una problemática social en el fondo que también se ha ejemplificado con actos discriminatorios, actos donde hay expresiones peyorativas entre clases sociales que se han materializado y traducido en un racismo nunca visto en ese país.

Por lo tanto, me parece que es una doble vertiente y por eso hace mucho más complejo el tema. Con la transición que se está dando en los últimos días se creía que vendría a la calma, después del autogolpe por parte de Pedro Castillo y posterior asunción de Dina Boluarte, está muy lejos de la realidad porque no solamente el problema es quién ocupe la silla presidencial, sino también es que hay un Congreso que está desacreditado totalmente. Esta situación es parte del problema y ha sido uno de los reclamos que ha llevado a las protestas que han encabezado millones de peruanos a lo largo y ancho de todo el país.

Los ciudadanos, entre otras cosas, no solo piden el cierre del Parlamento; algunos han enarbolado también las banderas de un adelanto de elecciones, que no es suficiente que sea para el año 2024 y otros también están pidiendo una posible nueva Constitución.

Me parece que una reforma política requiere de soluciones extraordinarias y no apegarse a simples legalismos que hablan de que es imposible adelantar la elección antes del año 2024. En este sentido, la elección se tendría que estar dando en el año 2023 para que exista una despresurización de este ambiente crispado que existe en el Perú.

Otros han ido también un paso más allá sobre la posibilidad de que el proceso Castillo no pueda encontrar una salida en el asilo político, pero eso se tendrá que ir revolviendo las siguientes semanas y también si fuera necesario con la renuncia de Boluarte.

Por tanto, lo importante es que la clase gobernante sepa “leer la calle”, conecte con ella y entienda que no se trata simplemente de las sustitución de un gobierno por otro, sino que hay un problema de fondo; es una desconfianza, una asimetría con las decisiones de la clase gobernante que tiene que volver a escuchar las demandas ciudadanas que encarnan rechazo hacia su gestión.

VISIÓN: ¿Por qué gobernar a Perú se volvió una misión imposible?

J.D.A.: Es difícil salir de este laberinto, porque las reglas no han sido modificadas y estas son muy importantes. Lo que se entendía antes como una excepción, que era la vacancia por incapacidad moral, que no es otra cosa para quienes nos leen en el extranjero y quieren acercarse y aproximarse a esta figura, es un mecanismo ético político a partir del cual se revisaba la idoneidad en el desempeño del cargo del presidente de la República, pero que se transformó en una regla por parte del Congreso, haciendo un uso indiscriminado de esta figura.

Lo que se requiere básicamente es regularla en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, porque de lo contrario, de seguir con estas reglas, existirá el incentivo para que el próximo Parlamento utilice lo que se ha denominado estas “balas de plata” para poder desestabilizar a quien ocupe la silla presidencial.

Por lo tanto, se requieren leyes claras que contemplen tres aspectos fundamentales: primero, la regulación de los derechos político-electorales, dos, que existan garantías jurisdiccionales, o lo que se ha denominado las garantías judiciales, para que se pueda comparecer ante los diferentes tribunales y tercero, es fundamental que se pueda competir en igualdad de condiciones.

De modo que esas son las reglas que se deben de ajustar, porque de lo contrario si no existe una reforma política que atienda efectivamente estas problemáticas lo que seguirá ocurriendo es un capítulo más de esta de estas desavenencias, desencuentros y divisiones en una lucha encarnizada por el poder entre el legislativo encarnado por el Congreso y por otro lado, quien ocupe la Casa de Pizarro en el Palacio presidencial. Es muy importante porque de lo contrario seguiremos teniendo el mismo resultado si no hay un cambio de las reglas en el Perú.

VISIÓN: ¿Cuál es su opinión acerca de la decisión que tomó Pedro Castillo de disolver el Congreso?

J.D.A.: Siempre es una mala decisión alejarse del orden constitucional, con independencia del domicilio ideológico que podamos compartir, ya sea de izquierda o de derecha. Esto nos demuestra que cualquier alejamiento del orden establecido debe ser activado como lo que es, un golpe de Estado.

Pero eso tampoco justifica que el Congreso y la clase gobernante no admitan y no hagan una autocrítica de sus propios errores. Sobre todo, esto se ejemplifica con el primer discurso de la presidenta actual Boluarte, donde manifestó su intención de continuar su mandato hasta el año 2026. Solo hasta el momento de las de las protestas y manifestaciones que fueron escalando cuando anunció este adelanto de elecciones para abril del 2024.

Asimismo, fue también un despropósito que el propio Congreso celebró la vacancia del Castillo, cuando ellos mismos son parte del problema.

Por lo tanto, lo que se requiere es madurez política y una profesionalización de la actividad legislativa, porque de lo contrario simplemente estaremos presenciando agresiones físicas entre congresistas en el Perú, donde no hay un diálogo entre ellos.

Las desafortunadas declaraciones del premier Pedro Ángulo donde simplemente estaba más preocupado por revisar los currículums de quiénes se incorporarán a los ministerios antes que atender las manifestaciones que se están dado, no solamente focalizadas en ciertas áreas o regiones departamentos del Perú, sino que están dado a lo largo y ancho de la nación.

Así que se requiere madurez y altura, no solamente buscar el interés de unos pocos, sino atender el germen primigenio de esta desazón y rechazo de los más desposeídos en el Perú.

VISIÓN: Algunos analistas han dicho que la bancada fujimorista se encargó de crear un clima adverso para hacer inviable el mandato del presidente, ¿cuál es la responsabilidad de Keiko Fujimori y su partido en esta crisis?

J.D.A.: El fujimorismo siempre ha tenido una responsabilidad de la gobernabilidad en el Perú, pues ha entendido como una “espada de Damocles” y sobre todo habría que preguntárselo a Pedro Pablo Kuczynski, que en su momento sufrió la embestida con parte de la lideresa de esta bancada.

Creo que esto ya está trascendiendo de un simple movimiento fujimorista, a demostrar que es la ambición personal que se ha antepuesto a los intereses de los propios ciudadanos, que lo único que quieren es un gobierno estable que responda a las demandas sociales.

Es un punto muy importante lo que hemos tenido en los últimos años, es una pauperización del procedimiento de representación política en el cual nos encontramos con políticos que no han estado a la altura institucional de lo que requieren las circunstancias.

Por lo tanto, se tiene que buscar de fondo esa reforma política, ya no solamente es el cambio de las reglas del juego, sino también establecer mecanismos para que lleguen los más preparados al Congreso, que exista una renovación total de las figuras políticas en el Perú, de lo contrario si no existen estos incentivos seguiremos con los mismos resultados.

VISIÓN: ¿Cree que en Perú sí funciona la ley porque se detecta la corrupción y se hace justicia con los políticos deshonestos? ¿Cuál es su opinión?

J.D.A.: Obviamente en determinados casos de corrupción ha funcionado, pero también se ha caído en abusos y eso es muy importante establecerlo, creo que, en el caso del presidente, ahora el expresidente Castillo.

Lo que se debió haber privilegiado es el debido procedimiento, porque con independencia de si se estaba en la presencia de un delito de conspiración de rebelión o abuso de autoridad como así lo encuadrado en la Fiscalía en el Perú, también habrá que decir que la actuación del Congreso ha dejado mucho que desear, por lo que se refiere a este levantamiento de la inmunidad de Castillo.

Me parece que en este sentido el buen juez por casa empieza y si se tenía esta evidencia del autogolpe de Castillo lo que debió haber conducido el actuar de las autoridades en el Perú era seguir a pie juntillas la ley y no hacer estas excepciones y politizar un sistema o un procedimiento que al final del día le da argumentos al anterior oficialismo para poder defenderse y crear un clima de crispación.

Porque no se debe olvidar que también en las protestas que se han dado a lo largo y ancho de todo el Perú uno de los clamores es la liberación del expresidente Castillo y esto en nada abona, porque justamente lo que genera es este halo de victimización de uno de los bandos.

Así como es virtuoso un sistema en el combate de la corrupción, también existen incentivos para caer en los excesos, que no es recomendable para ninguno de los países de la región.

VISÓN: ¿Cuál es el precedente que deja la corrupción que ha denunciado la fiscalía de ese país que habría cometido Castillo en cuanto a la izquierda latinoamericana?

J.D.A.: El precedente que marcaría el caso de Castillo, es básicamente que no todas las izquierdas son iguales y esa caracterización que ocurría en el pasado ha dejado de ser real, porque muchos decían que venía el marxismo al Perú con él, pero lo que vimos es que se comportó como toda la clase política que llega al poder, buscando el beneficio personal y favorecer a los suyos.

Entonces, en este sentido, lo que tenemos que plantear en el escenario político son los principios éticos que deben dirigir a la clase política. Porque hoy estamos inundados de un enorme pragmatismo que simplemente establece que las elecciones son de quien tiene la mayor cantidad de votos, pero además de eso no estamos exigiendo que se profesionalice el ejercicio de la política.

Hoy cualquiera puede acceder a estos espacios públicos, pero no existen reglas ni mecanismos para exigirles el cumplimiento de su labor constitucional. Por lo tanto, creo que con independencia de que algunos intenten demonizar a la izquierda, creo que este es un problema que aqueja a ambos, tanto izquierda como derecha, sino también basta con ver al señor Bolsonaro que igualmente tiene acusaciones en su contra, por casos de corrupción que rodean a su entorno familiar. Creo que en nada abona ejemplificar simplemente en esto la izquierda, sino creo que es un mal que tenemos en toda Latinoamérica.

VISIÓN: ¿Qué es lo que se espera en Perú ante este complicado escenario político?

J.D.A.: El Congreso se aferrará a su cuota de poder e intentará “patear el balón lo más lejos posible” y que el adelanto de elecciones se dé en una fecha distante. pero creo que eso simplemente va a enardecer los ánimos y a darle más juego a las protestas que se están dando a lo largo y ancho de todo el país. Cuando lo que debería estar ocurriendo es una voluntad política por parte del Congreso en el Perú que debe dialogar con la actual presidenta Dina Boluarte y manifestar mecanismos con decisiones extraordinarias.

A qué me refiero con esto en primer lugar, para que la gente lo sepa en sus casas, las reformas constitucionales en el Perú tienen que ser aprobadas por dos legislaturas. Obviamente ya están contrarreloj, pero lo que se puede hacer es extender el periodo de la actual legislatura para que se vote los cambios profundos y estructurales de los cuales requiere el Perú en su sistema político.

Posteriormente se debería adelantar la próxima legislatura al primer día de enero de 2023 para que los cambios sean votados de manera inmediata, lo cual será un mensaje de que existe la voluntad de dejar las cuotas de poder, de lo contrario simplemente se están afianzando y están esgrimiendo como argumento en la clase política que es imposible el adelanto de elecciones antes del 2024 con los plazos legales que existen constitucionalmente.

Si esto sucede, será un profundo error, porque significará no leer la calle y lo que se requiere es hacer cambios que sean fundamentales, porque de lo contrario seguiremos viendo una insatisfacción, un rechazo a las decisiones, que han llevado a algunos a calificar al Gobierno de Boluarte con el mismo germen de siempre, alejado de la ciudadanía.