Desde que el presidente colombiano Gustavo Petro se encontraba en campaña a la presidencia, una de sus banderas más representativas era la búsqueda de la paz total. En el transcurso de estos siete meses que van de su Gobierno ya ha dado pasos para llegar a este objetivo. Para ello se estableció una mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera, insurgente, narcotraficante y terrorista de extrema izquierda.

Una de las declaraciones que hizo el mandatario para cerrar el 2022 se hizo noticia, pues allí indicó: “Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”, anunció desde su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el estado mayor de la organización revolucionaria indicó que el decreto presidencial era una propuesta para ser examinada, pues aún no se ha llegado a ningún acuerdo y, por el contrario, fue asimilada como un ofrecimiento de esta administración a discutir sobre el tema en el segundo ciclo de conversaciones que se llevará a cabo a finales de enero en México.

Esta respuesta por parte del grupo subversivo provocó que el presidente Petro tuviera que anunciar la derogación de este decreto y la retoma de las operaciones militares en contra del ELN.

Las aclaraciones del Gobierno

El ministro del Interior, Alfonso Prada, en rueda de prensa, donde apareció acompañado de la cúpula militar, explicó la decisión de reversar el decreto 2657 del 31 de diciembre. “Mientras se estudia el protocolo del cese bilateral invitamos al ELN a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas de mantener el cese bilateral y detener la violencia en sus territorios”.

Por su parte, Otty Patiño, jefe de la delegación de paz del Gobierno en la negociación con el ELN, expresó en declaraciones a la emisora W Radio, que la intención con este decreto era abreviar los tiempos del diálogo con la organización armada y estimular al máximo los espacios de conversación política.

El alto funcionario interpretó este llamado de cese al fuego con estas estructuras como una orden del presidente para que “pare la matazón” y puedan escucharse las voces silenciadas de las comunidades, manifestó Patiño.

Pese a esto el presidente había indicado que existía ya un acuerdo al respecto con el ELN, pero el jefe de la delegación anotó que fue una propuesta de cese al fuego y por tanto una aproximación para ese nuevo entendimiento y por eso celebró la decisión del grupo subversivo de examinar los términos para que se haga posible este cese.

Las declaraciones de la oposición

El excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, no se hizo esperar y reaccionó en su cuenta de Twitter ante la equivocación que cometió esta administración diciendo: “el Gobierno Petro anuncia lo que no es cierto. ELN dice que no acordaron ningún cese al fuego. Lo más grave de esto es que ya el Gobierno tiene maniatada a la fuerza pública y la población civil está indefensa. No solo es improvisación, es la entrega del país a los grupos criminales”.

Por su parte, el senador del partido Cambio Radical, David Luna, hizo también un contundente pronunciamiento acerca del tema e indicó, “presidente Petro, es una falta de respeto a la ciudadanía ordenar un cese al fuego bilateral inconsulto con la fuerza pública (…). Usted debe ordenar a las fuerzas armadas ejercer control territorial y proteger a nuestra sociedad civil y al ELN, decirle la paz se logra con hechos no con palabras ni mucho menos con comunicados”.

El exsenador Jorge Enrique Robledo, quien durante años mantuvo cercanía ideológica con el presidente, y que hoy le hace oposición a su administración, no se quedó atrás y le cuestionó su salida en falso. “No es un asunto menor que el ELN diga que no ha acordado un cese bilateral del fuego con su gobierno, Gustavo Petro, acuerdo que usted anunció en un trino. Contradicciones como esta le hacen un daño grave al proceso de paz. ¿Qué explicación tiene para darnos a los colombianos?”, lo increpó el político.

Estos y otros cuestionamientos no dejaron bien parado al mandatario, puesto que ya han ocurrido errores de comunicación al interior del Gobierno y al tratar de aclarar la situación los altos funcionarios han caído en contradicciones que generan un ambiente de desconfianza en la opinión pública.

Un acuerdo de cese al fuego es un procedimiento complejo que debe cumplir unas condiciones puntuales, como han señalado anteriormente las Naciones Unidas. En primer lugar, es necesario tener la determinación específica de las áreas de operación y establecer cómo serán las condiciones que tendrán que enfrentar las poblaciones que viven en esas zonas y cómo van a ejercer su derecho a la libertad, todo ello con el fin de resguardar la integridad de los ciudadanos.

Por tanto, anunciar un decreto de alto al fuego sin estos parámetros es muy delicado, ya que está en juego la vida de quienes se encuentran asentados en estos territorios donde se sabe que hay presencia de este grupo guerrillero.

La lectura que le dieron los analistas

Este hecho ha sido analizado como falta de seriedad política y rigor. Lo calificaron como un “oso mayúsculo” pues algunos organismos internacionales habían felicitado al gobierno y ofrecieron apoyo para verificar el cumplimiento de este cese.

Una de las situaciones que más habría generado preocupación fue que el presidente dio este comunicado presuntamente sin tener en cuenta el concepto de las Fuerzas Militares y la Policía. Aunque en un trino el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, indicó que sí les había informado con anterioridad de este decreto, pero la información quedó en entredicho.

Los analistas se han preguntado si en realidad es un error del presidente o hay una intención oculta detrás de estas actuaciones, puesto que podrían estar responsabilizando a la fuerza pública de que el proceso de paz no funcione.

Ante este anuncio fallido de cese al fuego unilateral, mas no acordado bilateralmente, el Gobierno queda en estado de debilidad y tratará de demostrar que sí existen resultados eficaces con otros grupos, porque son organizaciones delincuenciales y criminales vinculadas al narcotráfico. Las cuales podrían aspirar que a cambio de estos ceses al fuego el mandatario les permita mantener sus rutas del narcotráfico y las actividades criminales.

Las expectativas de este proceso de negociación no son muy prometedoras bajo las circunstancias actuales, porque este error pone al gobierno en un estado de subordinación y debilidad con muy poca capacidad de maniobra y supeditado de cierto modo a las demandas y las consideraciones que quiera hacer el ELN.

El ex ministro de Defensa, Gabriel Silva Lujan, indicó en Caracol Televisión, “Esta organización no vive la euforia por la paz como el Estado colombiano, llevan más de 50 años en la guerra, han negociado con varios gobiernos anteriores y conocen muy bien todas las debilidades del Gobierno. La voluntad de paz no es la misma entre las dos partes, alimentar este supuesto es equivocado. En la negociación nada está pactado hasta que todo esté pactado, como decía el expresidente Santos”.

El congresista y politólogo, Ariel Ávila, indicó que en todo proceso de paz todas las decisiones son bilaterales, no hay concesiones unilaterales y se anuncian de forma conjunta y no vía Twitter o por comunicado de una de las partes. Además, hay que recordar que el ELN no tiene potestad para tomar decisiones de fondo, todo debe ser consultado al interior del grupo guerrillero.

ELN

Aun cuando el ELN desmintió el alto al fuego anunciado por Petro, hasta el momento es el único grupo alzado en armas que está presente en una mesa de negociación. Es la última guerrilla activa en el país luego de que las FARC se desarmaran. Según los informes presentados oficialmente se sabe que están presentes en el Catatumbo, Arauca, Nariño y Chocó. Cuenta con aproximadamente 2.350 combatientes y hacen presencia en Venezuela, pues allí permanecerían más de 1.100 integrantes. Un documento de inteligencia de comienzos de 2022 del gobierno de Iván Duque, indica que el 60 % de sus estructuras se dedican al narcotráfico como fuente de financiación.

Todo proceso de paz tiene situaciones de crisis que pueden amenazar con estropear la negociación; sin embargo, la forma en que el Gobierno de turno dé manejo, sobre todo a las comunicaciones entre otros aspectos fundamentales, es uno de los factores que determinan la rapidez y la efectividad de dicho acuerdo. Hay un camino largo que recorrer pese a que es la sexta vez que en Colombia se intenta una salida a la guerra con este grupo delincuencial. La cautela será una buena consejera puesto que hasta ahora el Gobierno ha mostrado afán en la toma de decisiones lo cual podría ser un tiro al pie.