Una fuerte controversia se gestó entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de El Salvador, Nayib Bukele, tras el trino de CNN en español que decía: “Fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios de Bukele hicieron un pacto con las pandillas. A cambio de mejores condiciones, las pandillas reducirán la tasa de homicidios para que parezca que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando”.

El mandatario colombiano criticó la mega cárcel donde Bukele quiere concentrar a los pandilleros detenidos, lo increpó llamando los centros de detención “campos de concentración”. Este intercambio de declaraciones dejó ver que cada uno de los presidentes se encuentra en orillas totalmente distintas.

En entrevista exclusiva con VISIÓN, el experto analista de seguridad, columnista y periodista de conflictos armados, Néstor Rosania, indicó que “Lo interesante es arrancar diciendo que son como dos escuelas en materia de seguridad; lo segundo, no hay una receta única o una fórmula definitiva que realmente se puede decir que sí da resultado y la otra no”.

Históricamente, indicó Rosania, “El tema de fondo es la clásica contienda o enfrentamiento entre dos ópticas en materia de seguridad, una de represión y mano dura, que representa a Bukele, y otro con un concepto de seguridad que va más en la línea de derechos humanos y de estrategias de prevención en materia de seguridad que la representaría Petro”.

Sin embargo, hay que decir que es necesario llegar a una salida equilibrada a los conflictos de seguridad en las naciones latinoamericanas. “Lo de los dos lados, siempre tira el caucho a los extremos y en la región no se puede llegar a los extremos, ni de la política de seguridad preventiva, ni de la política reactiva. Sino que tiene que existir un punto medio donde las dos puedan trabajar, no deben ser políticas excluyentes, sino que tienen que ser complementarias”.

VISIÓN: ¿Cuál sería la razón de la controversia que inició el presidente Petro?

Néstor Rosania: Hay dos miradas, el primer trino del presidente Petro es para poder identificar si realmente esos resultados milagrosos en materia de seguridad en El Salvador son producto de una estrategia de seguridad o de un acuerdo.

Porque a partir de lo que vivimos los colombianos, cuando en Medellín bajaron las tasas de homicidio radicalmente muy rápido y se habló de una ciudad mucho más segura, pero después nos enteramos de que en realidad se trató del “Pacto del Fusil”, que consistía en un acuerdo entre la administración y los diferentes bandos de delincuencia común que hicieron un pacto de no agresión y disminución de la violencia en la ciudad. En estos casos las autoridades siempre salen a dar un parte positivo de seguridad, pero puede ser que haya algo más detrás de todo esto.

El tema de fondo, es la clásica contienda o enfrentamiento entre dos ópticas en materia de seguridad, una de represión y mano dura, que representa a Bukele, y otro con un concepto de seguridad que va más en la línea de derechos humanos y de estrategias de prevención en materia de seguridad que defiende Petro. Son dos formas de entender la seguridad que siempre han estado en choque y tienen una tensión constante.

VISIÓN: ¿Cree que estos trinos de Petro pueden ser interpretados como una forma de desviar la atención tras el escándalo que se destapó por causa de su hijo Nicolás Petro?

N.R.: Personalmente no lo creo, en el sentido de que la tensión en cuanto al enfoque de seguridad en Colombia viene de atrás y se crea una fuerte matriz de opinión alrededor de la figura de Nayib Bukele, en América latina y en Colombia también se genera la percepción de que es un presidente que funciona y da resultados.

Tácitamente es un ataque a Petro, por lo que sí hace Bukele, en relación con los resultados negativos del presidente colombiano. En esa lógica es que la respuesta de ese milagro puede no ser tan así, a partir de la información de CNN y la condena también al tema de los derechos humanos.

Creo que va más por la línea de la presión interna que empieza a sentir en materia de resultados de seguridad y en la comparación que le hacen con el mandatario salvadoreño.

VISIÓN: ¿Cómo evalúa la política de seguridad que ha implementado el presidente del Salvador Nayib Bukele en contraste con la que Petro está intentando instaurar en Colombia?

N.R.: Lo interesante es arrancar diciendo que son como dos escuelas en materia de seguridad, eso es importante definirlo. Lo segundo, no hay una receta única o una fórmula definitiva que realmente se pueda decir que sí da resultado y la otra no.

Siempre han estado en constante tensión, es casi como cuando se habla de los temas de la guerra y la paz, es la disputa entre la derrota militar o el camino negociado. Entonces, aquí en el tema de mano dura o de derechos humanos, Nayib Bukele ha tenido una versión que la ha acompañado gran parte del pueblo salvadoreño.

En ese país centroamericano los ha acompañado por muchos años las dos maras grandes, la MC3 y la M18, que en un momento arrinconaron a la sociedad salvadoreña y no sabían que camino tomar, porque algunos gobiernos anteriores habían adoptado políticas de mano dura que se habían hecho públicas en materia de violación de los derechos humanos y otros se fueron por una línea mucho más social y no había funcionado

Bukele se ha ido a una gran guerra contra las maras de forma intersectorial, es decir, todos los sectores y agencias del Estado enfocados en derrotar las maras. También invirtió en un tema que en América latina nunca se hace, la infraestructura carcelaria y una política en ese sentido, que por lo menos en Colombia no existe.

En materia de seguridad también hay que leer las situaciones como los historiadores, si uno se acerca al cuadro no lo ve claro, pero si se retira de él y lo mira de lejos ya entiende la figura. Eso pasa en el sentido que estamos viendo “la punta del Iceberg”, pero toca esperar que pase el tiempo para poder ver realmente qué es lo que sucede.

Estamos muy cerca de los cuadros, viendo lo que está pasando en el instante. En el caso de la política de seguridad democrática en Colombia también, en su momento, se veía como la solución absoluta, pero luego salió a la luz toda la violación en materia de derechos humanos y las negociaciones que había con el paramilitarismo, mostrando que no fue tan estructurada y buena como se creía.

Entonces, puede ser que lo de Bukele y esta infiltración que hace CNN están dándonos una pista de que esto tan mágico no sea tan cierto. Estamos con unos resultados visibles, pero hay que esperar para ver realmente y entender cuál es la estrategia de seguridad, porque más allá de mostrar las cárceles llenas, ellos no han contado cómo ha sido la metodología para perseguir a la mara.

VISIÓN: ¿No se podría asegurar que a futuro la metodología de Bukele para enfrentar a esos criminales sea en realidad la más efectiva para el país?

N.R.: Yo creo que hay que esperar y darle tiempo para primero tener la metodología y segundo ver si realmente lo que se utilizó está dentro del marco legal, demostrando que no hay acuerdos por debajo de la mesa, que es lo que ha sucedido tradicionalmente en América latina.

El tema es tan complejo que organizaciones criminales estilo mara, que hay en toda la región, no han podido ser derrotadas, por eso lo de Bukele en términos de tiempo parece milagroso, eso es lo que genera desconfianza. Para esto hay que comprender cuál ha sido la estructura con la que está combatiendo para que, según Bukele, El Salvador sea hoy el país más seguro de América latina, después de ser el más inseguro en cuestión de unos años.

VISIÓN: Cuando el presidente Bukele dice en el Twitter: “los resultados pesan más que la retórica. De verdad deseo que Colombia logre bajar los índices de violencia como lo hemos logrado los salvadoreños” ¿A qué cree que podría estarse refiriendo?

N.R.: Colombia en materia de seguridad está en una situación muy difícil y en general no se puede calificar que está mejor o peor que antes, sino que sigue con una constante en este aspecto, lo de nuestro país se convirtió en un conflicto armado de alta fragmentación, que en la teoría de la guerra es el peor de los escenarios.

Cuando uno analiza las guerras o los conflictos, por más que haya una asimetría entre el Estado y el grupo que se opone, pues espera que estas organizaciones estén cohesionadas mal que bien, pero cuando este a su vez se atomiza es muy grave la situación, porque el gobierno ya no tiene con quién negociar y sentarse a mediar.

Por ejemplo, el expresidente Juan Manuel Santos, con el Proceso de Paz “la tenía fácil” porque él sabía quienes eran las FARC, conocía sus comandantes y a partir de ahí planteó una estrategia de negociación, pero hoy en el modelo de Paz Total el presidente Petro y las fuerzas militares, aún ni siquiera han podido terminar de cartografiar todos los grupos armados que hay a nivel nacional, porque son tantos y tan pequeños, en lugares tan lejanos, que ni el Estado sabe exactamente quienes son.

Eso nos ha pasado con las comunidades en entrevistas que hemos hecho, cuando la gente nos dice: “antes sabíamos quién era el grupo armado, el frente y el comandante, por tanto, podíamos negociar con ellos directamente”, pero ahora hay mucha gente, todos armados de civil, nadie sabe quiénes son y menos se quieren acercar a preguntar, porque son nombres nuevos. Esto ha hecho que la violencia en Colombia se haya recrudecido, porque hay una gran cantidad de guerras entre esas pequeñas fracciones.

VISIÓN: ¿Cuál es el mensaje que indirectamente le está dando el presidente Petro a Colombia cuando afirma que las cárceles que están construyendo en El Salvador son “campos de concentración”?

N.R.: Esto tiene dos miradas, por una parte, la imagen que intenta vender Bukele de los presos rapados y en una posición de inferioridad frente a la Guardia, evidentemente va en contravía de la lógica de los derechos humanos.

Por otro lado, Colombia, y en este caso Petro, que representa el Estado colombiano, tiene una crisis en materia carcelaria impresionante. Hay un hacinamiento que en muchos lugares llega a superar hasta el 500% o el 1000% de la capacidad instalada, lo que también es una violación a los derechos humanos. En nuestro país, históricamente, el crimen organizado es el dueño de las cárceles, como pasa en gran parte de América latina.

Entonces, no hay un control por parte del Estado, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) toda la vida ha sido sometido a la corrupción y muchas veces incluso ha terminado trabajando para los delincuentes.

Estamos en los dos extremos de la balanza, Petro no tiene autoridad moral debido al drama interno que hay en el sistema penitenciario. Lo que Colombia necesita es crear cárceles con una infraestructura grande e importante, como las que tiene Nayib Bukele, pero con unos estándares en cuanto a derechos humanos, que el presidente salvadoreño parece no tener.

Son extremos, uno desde una versión de mano dura y el otro que tiene como concepto la defensa de los derechos humanos, pero no tiene una estrategia clara en la reforma de la justicia, que vaya a desarrollar en creación de nuevas cárceles que se necesitan.

La política de la excarcelación masiva de Petro no es la solución para la seguridad, pues el Estado estaría delegando el monopolio de la justicia, que es el peor de los escenarios posibles. El tema es llegar a un punto medio, como crear una buena infraestructura, pero también que vaya en la línea del respeto de los derechos humanos.

VISIÓN: El presidente Petro indicó en un trino: “Nosotros logramos reducir, igualmente, esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades". ¿Cuál es su análisis acerca de este argumento versus la realidad que estamos viviendo los colombianos?

N.R.: Pues hay dos cosas diferentes, una política de seguridad preventiva, que se refiere a crear unas condiciones para minimizar la delincuencia común y el crimen organizado, lo cual se refiere a mejorar la calidad de la educación, la salud y el trabajo, ese es el mundo ideal, poder partir desde ahí y crear una gran infraestructura.

Pero a partir de estudios comparativos a nivel internacional se ha concluido que esa no puede ser la única solución, porque también se tiene que contar con una realidad y es que sí habrán criminales, que por más que se creen oportunidades, permanecerán en el crimen organizado.

Por tanto, sí hay que tener una infraestructura en términos de capacidad de ejercicio de la fuerza por parte del Estado, con toda la idoneidad de inteligencia para poder hacer investigaciones judiciales con un sistema penitenciario robusto que tenga la capacidad que se requiere.

El enfoque se quiere llevar a los extremos, pero no se puede tener una posición excesiva de política preventiva o radical como la que propone Bukele, de únicamente mano dura. También se deben tener en cuenta las condiciones sociales de los países de América latina, pues la educación pública no es de calidad y la cobertura no es tan grande, sobre todo para llegar al nivel universitario, entonces si no hay oportunidades, mucha gente tomará el camino más rápido, el crimen organizado.

De los dos lados siempre tira el caucho a los extremos y en la región no se puede exagerar, ni con la política de seguridad preventiva, ni con la política reactiva.

Sino que tiene que haber un punto medio donde las dos puedan trabajar, es que no son políticas excluyentes, sino que tienen que ser complementarias.

VISIÓN: ¿Cree que Colombia tiene de qué enorgullecerse por el sistema carcelario actual y la forma cómo opera la justicia contra la criminalidad?

N.R.: Colombia está en una crisis en materia de seguridad dentro de las principales capitales del país. No es un problema exclusivo del presidente Petro, ni siquiera del gobierno de Iván Duque, sino que es un asunto de política del Estado colombiano. Por lo menos cuando se mira hace 20 o 30 años atrás, se veían las mismas crisis, conflicto armado, una situación en materia de seguridad ciudadana grave y las cárceles hacinadas y manejadas por el crimen organizado.

Esto como resultado de que en Colombia no se ha construido una política de Estado desde los diferentes partidos para abordar el tema de la seguridad, éste siempre ha sido más una bandera de campaña que una política de Estado a largo plazo.

Lo que se deberían hacer es que se reunieran las diferentes bancadas de los partidos políticos para empezar a hacer una política de seguridad, para que independiente de quien llegue al poder, sea izquierda o derecha, siga por la línea que han fijado los diferentes partidos y que podamos empezar a tener avances de manera continuada, pero aquí lo que hemos visto es que cada cuatro años arrancamos de cero, eso impide que haya realmente un avance y que estemos estancados en materia de seguridad.

Lo segundo, es que hay un sofisma con el tema del número de la baja de homicidios por cada 100.000 habitantes, es el indicador internacional que más se utiliza para analizar la seguridad, por ejemplo, en Bogotá, puede ser que la tasa haya bajado, pero encontramos que hay una violencia ejemplarizante, es decir, personas picadas en bolsas, porque hay una guerra interna por el control de la ciudad, entonces no se puede decir que es una ciudad mucho más segura.

También con los otros delitos, se da lo que se llama la criminalidad no registrada o criminalidad oculta, pero la policía y las alcaldías funcionan con las estadísticas que reciben. Entonces ellos sacan informes con el número que tienen a partir de esos datos, pero a su vez están sesgados, porque no toda la gente denuncia los delitos que suceden, se dice que el subregistro puede llegar a ser el doble y hasta a veces el triple de la delincuencia real que hay en las calles.

Por eso se da el choque entre percepción y estadística, mientras que los ciudadanos tienen una apreciación de que la inseguridad está desbordada, las autoridades dicen que no van tan mal y que vamos bien en materia de seguridad. Esa es la estadística de la criminalidad oculta no registrada, pues por eso obviamente alcaldes y las instituciones se sientan mucho en estas cifras, aunque la realidad en las ciudades sea completamente diferente.

Medellín es un caos absoluto en cuanto a seguridad, hay más de 330 combos armados disputándose la ciudad, lo que demuestra es que no hemos avanzado, se ha ido generando una diáspora de criminalidad que las instituciones intentan minimizar siempre, con una cifra para decir que estamos más seguros, pero en realidad no es verdad, sigue igual o peor.

VISIÓN: Desde su experiencia en temas de seguridad ¿cuál sería el método que más funciona para devolverle la paz y la seguridad a la ciudadanía?

N.R.: Creo que tenemos que elaborar una política de Estado alrededor del tema de seguridad. En Colombia tenemos un conflicto armado de más de 75 años y es uno de los países de América latina que no tiene un “Libro Blanco de la Defensa”, que es como la Constitución en materia de seguridad y defensa, todos los países lo tienen porque es el documento rector, pero curiosamente éste, siendo un país en guerra, no lo tiene.

No tenemos una cultura frente a los temas de seguridad, más allá de ser una bandera partidista, pero no como algo técnico. Entonces sí deberíamos tenerlo, porque impactaría la seguridad ciudadana y la convivencia, que debería contemplarse en la reforma a la justicia y la reforma al sistema penitenciario.

Dentro de esa política, así como Petro plantea una fase inicial o una política preventiva de universidades y otras estrategias, esa es la fase uno que tiene que existir. Pero en la fase tres también tiene que estar, crear nuevas cárceles con estándares internacionales, que el Estado colombiano debe crear. Una figura mixta público-privada con cárceles muy grandes para que se pueda empezar a bajar ese hacinamiento y generar otra dinámica.

Primero el problema de fondo, más allá de construir una cárcel, porque eso es rápido, es que dentro de la clase política y de las bancadas no hay un consenso. Por tanto, se debe empezar el debate, formular una estrategia y una política pública de seguridad ciudadana.

Lo segundo es que esto nos lleve realmente a construir esas reformas de políticas de Estado, es decir, que tanto el Centro Democrático, como el Pacto Histórico, lleguen al punto de ponerse de acuerdo en materia de seguridad para decidir cómo vamos a construir la cárcel, cuántas vamos a hacer para que los colombianos tengamos claro, y trazar metas, como construir diez cárceles en 20 años, una cada cinco años.

Independiente de que venga otro presidente de izquierda, o vuelva el Centro Democrático al poder, o alguien de centro, las cárceles se van a ir construyendo en el tiempo y eso nos va a ir sacando paulatinamente del hueco en el que estamos hundidos, sobre todo porque así tendríamos conciencia en materia de seguridad ciudadana dentro de lo político y no estaríamos fracturados, pero la realidad es que con una fractura tan profunda es difícil construir una política de Estado.