La corrupción en Colombia es un flagelo que no ha distinguido ideologías políticas. Los movimientos de izquierda desde hace tiempo han estado involucrados en escándalos por los cuales criticaban a la derecha "extrema".

Bogotá, capital del país, ha tenido tres alcaldes de izquierda con resultados nefastos. Uno de ellos fue el fallecido exalcalde Samuel Moreno Rojas, condenado por corrupción luego de que se le comprobó que protagonizó una megaoperación para saquear las arcas de la ciudad y solicitar sobornos a cambio de la adjudicación de contratos. Se habló de cifras millonarias, de convenios por 500.000 millones de pesos que luego derivaban en coimas de entre 60.000 y 70.000 millones de pesos que llegaban a los bolsillos de Moreno y su hermano.

Con el objetivo de realizar control social y periodístico, los autores Nicolás Gómez Arias y Felipe Rodríguez realizaron en el 2019 un libro titulado "Lo que Petro niega sobre la corrupción de la Bogotá Humana". En este recopilaron datos de una investigación acerca de las irregularidades del ahora presidente mientras estuvo en el alto cargo de la capital colombiana.

Hechos que en su momento fueron denunciados por medios de comunicación, concejales de la ciudad y entes de control. Sin embargo, en muchas ocasiones se hizo caso omiso a los llamados de atención ante ciertos procedimientos ilegales que realizaba.

El texto comenta que varios de los programas ejecutados estuvieron marcados por la improvisación. Uno de los cuales fue la compra de motos eléctricas para la Policía Nacional, la "milagrosa" máquina tapa huecos, y los invisibles programas de mantenimiento vial a cargo de entidades fantasma. Según los autores, Petro y su séquito de contratistas abusaron de los recursos de los bogotanos durante su alcaldía.

Refrigerios de baja calidad

La adjudicación de los contratos a empresas proveedoras de refrigerios presentó graves irregularidades, que van desde la baja calidad debido a que no cumplían con los macronutrientes mínimos requeridos para los niños, hasta la firma de "convenios de asociación por valor de 261.902.588.26 millones de pesos por contratación directa y sin cumplir con los principios de transparencia que deben ser asegurados mediante la selección objetiva y licitación", según se indica.

De esta cifra se determinó que una parte importante de estos recursos asignados terminó perdida, despilfarrada y, lo que es más probable, en manos de los partidarios políticos de Petro, como señala el libro.

Del mismo modo, se asegura que millonarios contratos fueron concedidos a empresas sin experiencia en el sector de alimentos escolares y que fueron cuestionadas por su gestión en administraciones anteriores. Uno de estos consorcios tenía experiencia en deforestación en alcaldías anteriores con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y luego resultó encargado de hacer y entregar los refrigerios a los jardines. Incluso, la misma empresa habría formado parte de la cuestionada alcaldía de Samuel Moreno, y a pesar de esto, se le otorgó un millonario contrato que no cumple con las normas éticas ni legales de la contratación pública.

Construcción de jardines infantiles y de aulas ¿Publicidad engañosa?

Cuando Gustavo Petro estaba en campaña, prometió la construcción de 1.000 jardines infantiles, pero no explicó a sus votantes que, para justificar sus cifras, cambiaría las construcciones tradicionales por "jardines provisionales" en estructuras tipo contenedor.

Estas estructuras improvisadas no contaban con las licencias respectivas, ni con un estudio mínimo de suelos, ya que los sitios donde se proyectaba realizar las obras estaban calificados como zonificación de alto riesgo.

Uno de los argumentos presentados por la Bogotá Humana es que el tiempo de construcción de un jardín convencional dura un año, mientras que el de este tipo de jardines se tarda solo 60 días.

Asimismo, un tema también controvertido fue la falta de claridad en los cálculos de "los valores de cada jardín modular promedio". La Secretaría de Educación indicó que el millonario contrato por valor de 11.079.058.218 millones de pesos se adjudicó a un único proponente (Metecno de Colombia S.A., el 26 de diciembre de 2013). La forma en que se entregó este contrato a esta empresa fue motivo de crítica por parte de algunas entidades gremiales del país, ya que lo consideraron un síntoma claro de corrupción.

Según el texto citado, se pudo concluir que al revisar los resultados finales en la entrega de los jardines, la administración llegó a una cifra cercana al 1% de los 1.000 que se había presupuestado construir.

Publicidad populista

De igual modo, uno de los temas que más se le criticó a Petro fue haber hecho uso de una publicidad populista, ya que importantes medios de comunicación indicaron que en realidad solo "se habrían construido jardines en las localidades de Engativá, Suba, Kennedy y Puente Aranda, los cuales fueron inaugurados en diciembre de 2015".

Para muchos, los mensajes que se enviaban sobre la creación de estos establecimientos fueron un engaño, ya que lo que se vio fueron "jardines reciclables" que no correspondían a las promesas de Petro.

En el momento de la entrega ni siquiera disponían de los servicios públicos básicos para su funcionamiento, como agua y luz. Incluso otro reflejo de la improvisación fue "la falta de certeza acerca del número de niños matriculados y la excesiva flota de carros y buses contratados sin estudios de rutas y necesidades, lo que finalmente obligó a su cierre, según información suministrada por la siguiente administración".

El contrato irregular de la compra de las motos para la Policía Nacional de Bogotá

Según las evidencias presentadas por parte de los autores de esta investigación, la alcaldía citada formalizó la compra de motos a una empresa llamada Northbound Technologies y generó sobrecostos innecesarios para Bogotá. A pesar de que había proponentes que ofrecían costos más favorables, eligieron la opción más costosa. Además, las motos no contaban con un plan de revisión y mantenimiento de fábrica, y los policías las utilizaban sin informar al Fondo de Vigilancia y Seguridad.

Por tanto, 64 de ellas comenzaron a presentar un daño prematuro: el sillín se deterioró, estaban sin cadena, sin banda de transmisión y, poco tiempo después de su compra, alrededor de 30 ya no estaban en funcionamiento.

En este caso, el involucrado fue César Augusto Manrique Soacha, quien actualmente se desempeña como funcionario del Gobierno de Petro en la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública. En este contexto, fue llamado a declarar Petro, y decidió lavarse las manos indicando que "la Alcaldía no participó en el proceso licitatorio ni tenía por qué participar; en general, lo tecnológico y cualquier equipo que vaya para la Policía lo solicita la misma Policía en una junta directiva".

Por lo tanto, si esto fue así, sus delegados no cumplieron con sus funciones y, por tanto, él tampoco lo hizo. Es decir, fue negligente en el cumplimiento de sus deberes como alcalde mayor.

Fundaciones fantasma

Una de las prácticas cuestionadas fue la adjudicación directa o los sospechosos convenios de asociación, que se dieron evadiendo los procedimientos de selección objetiva y licitación. Según el informe, estos convenios se entregaron a 20 fundaciones que no tenían experiencia contractual.

Estos convenios permitieron el traslado de los recursos públicos a esas entidades de este tipo, que eran fachadas o empresas de papel, con el propósito de desviar recursos o comprar lealtades mediante la entrega de prebendas a simpatizantes del movimiento político de Petro.

En los resultados de las indagaciones realizadas por la Contraloría de Bogotá, se advirtió su preocupación por la gran cantidad de recursos comprometidos mediante contratación directa por los Fondos de Desarrollo Local (FDL). El ente de control llamó la atención de Petro, ya que los convenios que realizó "no los había soportado adecuadamente con los documentos que permitan comprobar el objeto del cumplimiento, no había supervisión de lo contratado y tenía desorden en las carpetas de ejecución de los convenios". Se detectó adulteración de facturas y firmas en cuentas de cobro utilizadas para respaldar la inversión de recursos en FDL Santafé y Kennedy, lo que llevó al hallazgo del detrimento de 900 millones de pesos que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

De manera muy extraña, estas fundaciones desaparecieron cuando terminó la alcaldía de Petro, y según los investigadores, estas habían sido creadas desde la alcaldía de Moreno Rojas, conocido por su corrupción. No queda rastro de estas instituciones, ni un informe ni un logro de lo que supuestamente debían hacer y por lo que fueron contratadas.

Este informe revela la situación de estas fundaciones una por una, y en ningún caso se encuentra rastro de ellas, ya no existen, nadie sabe de ellas. Los vecinos de estos establecimientos no sabían de su existencia, y en otros casos confirmaron que, si existían, nunca hubo atención a los periodistas.

También se pudo determinar que estos lugares poseen características similares que son sospechosas: son viviendas de personas, no tienen apariencia de oficina y los vecinos no tienen conocimiento de su funcionamiento en las direcciones registradas en la Cámara de Comercio. Donde había una empleada o un vigilante que confirmó que sí había una fundación, nunca había nadie que pudiera atender a los investigadores.

Una licencia de construcción en una zona prohibida

Investigaciones realizadas por el periodista Daniel Coronel de la revista Semana revelaron irregularidades por parte de Praga Servicios Inmobiliarios S.A., la constructora de los Alcocer, cuñados de Gustavo Petro, que desarrollaron un complejo habitacional (llamado Reserva Fontanar) en una zona de alto impacto ambiental del humedal La Conejera. Juan Carlos Alcocer García y María Teresa Alcocer García, hermanos de Verónica Alcocer García, la esposa de Petro, serían accionistas controlantes de la Constructora Praga, a cargo del proyecto habitacional.

Fueron varias las instituciones que afirmaron la inviabilidad de la realización de la obra, como la Personería, que indicó que sí se invadía en 237 metros el Humedal, así como una tesis académica de un estudiante de la Universidad Militar que concluyó que era ilegal y que causaba daño ambiental. Algunas de las razones que señalaba eran que "no cumple con la regulación existente a nivel internacional, nacional y distrital en materia de protección de humedales, por consiguiente, no es viable."

Pese a las denuncias, se mostró en el mapa oficial de los terrenos de la reserva La Conejera, de la Secretaría Distrital de Ambiente, ente encargado de velar por el medio ambiente de la ciudad, que "el proyecto siempre ha estado en los límites legales del humedal y se hizo revisión topográfica en terreno. No hay incertidumbre técnica y científica, estamos seguros de que no se afectará el medio ambiente", fue la respuesta de Susana Muhamad.

De lo anterior se evidencia el favorecimiento a su familia y el aprovechamiento del cargo en el que se encontraba Petro para beneficiar los intereses personales.

Financiación de las barras bravas

Con este título se refieren al escandaloso aumento en el número de contratos de personal por prestación de servicios que firmó la alcaldía de Petro, que "alcanzaron los 50.490, cerca de 21.000 más que en la administración de su antecesor, lo que representó para la ciudad un incremento del 41,32% de la contratación de personas en el distrito a través de esa modalidad."

El informe también cita el gasto mensual que representó el pago mensual de estos empleados a la ciudad, el cual fue de 50.000 y 80.000 millones de pesos, lo cual significó alrededor de 1 billón de pesos adicionales en dineros para pagar. También cabe anotar que el año con mayor aumento fue el 2015; terminó su administración con un incremento de 9 mil contratos adicionales.

Estos acuerdos fueron pensados como una forma de "prebendas a través de microcontratos y nóminas paralelas que afectan gravemente a la ciudad, la privan de recursos valiosos."

Uno de los argumentos de sus contradictores es cómo se limitó la inversión en obras públicas que se requerían en la ciudad, pero se dispuso de recursos muy importantes para estos contratos. Los hallazgos de la Contraloría pusieron en entredicho la gestión de Petro Urrego en materia de contratación y destinación de los recursos públicos.

La carrera séptima

Una de las obras más recordadas de esta época de este gobierno local de la izquierda en Bogotá fue la peatonalización de la carrera séptima, no precisamente por los buenos resultados, sino también por los errores que se cometieron, incumplimientos y ligerezas que se detectaron en la asignación del contrato a un consorcio que no tenía las características requeridas para realizar una obra de esta envergadura.

"A pesar de las alertas de la interventoría por los retrasos en la construcción de la obra, el déficit en el contenido de los estudios y en los productos, la Administración distrital ha hecho caso omiso, generando retrasos y sobrecostos por más de 4 mil millones en la construcción de la obra, lo que equivale al 40% del total de la obra inicialmente planeada", dijo el concejal de Bogotá Miguel Uribe Turbay.

Las demoras en la construcción de obras de carácter público son una práctica que se ha mantenido por años en Colombia. Obras que se han presupuestado a realizarse, por ejemplo, en siete años terminan durando hasta diez años o más.

Esta no fue una excepción en la alcaldía y fue denunciada por los medios de comunicación. La negligencia de los contratistas ha tenido como consecuencia sobrecostos altos para los ciudadanos y afectación a los comerciantes debido a la demora excesiva de estas construcciones.

Se cree que la ciudad ha tenido necesidades en infraestructura en otras áreas como la salud, entre otras, que tienen un nivel de prioridad mucho mayor, pero que Petro las mantuvo olvidadas. La firma de este contrato de la carrera séptima fue en el 2015, pero solo hasta el 2017 se pudo iniciar su ejecución porque le faltaban nueve estudios para realizar la construcción.

La lista de funcionarios involucrados en corrupción

Llama la atención la larga lista de funcionarios que trabajaron en esta época y que tuvieron o aún tienen procesos penales y disciplinarios por haber cometido delitos en el ejercicio de sus cargos, como celebración indebida de contratos y peculado.

Uno de ellos fue William Quintero Duque, ex subsecretario de movilidad, quien fue condenado por los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Fue condenado a 66 meses de prisión y una multa de 77,349 salarios mínimos legales vigentes.

El fiscal del caso indicó que Quintero se posesionó presentando documentos falsos. Se le acusó de adulterar tanto la tarjeta profesional como el diploma de administrador de empresas, esta trampa le permitió recibir 43 millones de pesos de remuneración mensual.

Por lo menos veintidós personas que fueron cercanas a Petro y que ocuparon altos cargos en la capital del país resultaron investigadas, y algunos condenados por prácticas corruptas.