El país guaraní discutió esta semana en su Senado un proyecto de ley que, de aprobarse, no solo podría legalizar el uso de Bitcoin, sino que también podría potencialmente abrir su enorme capacidad hidroeléctrica a la industria de la criptominería.

El proyecto, precisamente, fue elaborado por un grupo de criptomineros en alianza con el congresista Carlos Rejala, quien comenzó a impulsar la idea casi al mismo tiempo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció su decisión de convertir el Bitcoin en moneda de curso legal.

La nueva legislación se centra principalmente en la minería de criptomonedas y, si se aprueba, podría tener un gran impacto en las empresas mineras nacionales. Se espera asimismo que la nueva legislación atraiga socios e inversionistas extranjeros.

“El propósito de este anteproyecto de ley es establecer seguridad jurídica, financiera y fiscal en los negocios derivados de la producción y comercialización de activos virtuales”, dice el proyecto de ley.

Avanza la regulación en Brasil

La Cámara de Diputados de Brasil avanza con la aprobación del proyecto de ley 2303/15, que regula las operaciones de compra y venta de criptomonedas en el país y otorga la categoría de "activos virtuales" a Bitcoin y otras criptodivisas que puedan ser negociadas o transferidas por medios electrónicos y utilizadas para pagos o para inversión.

El proyecto, que deberá pasar ahora a manos de la Cámara de Senadores luego de casi seis años en trámite, establece también que será el Poder Ejecutivo el que tenga la potestad de fijar qué organismo público se encargará de autorizar a quiénes serán los prestadores de servicios de este tipo que estarán habilitados para operar en el país.

Según la propuesta original, debía ser el Banco Central de Brasil el que regulara las monedas virtuales pero el relator del proyecto, el diputado Expedito Netto (PSD-RO), afirmó que correspondería al Poder Ejecutivo decidir cuál es el organismo competente para regular el mercado de activos virtuales y sus proveedores de servicios.

"La agencia reguladora establecerá condiciones y plazos, no menores a seis meses, para el cumplimiento de las reglas del proyecto por parte de los proveedores de servicios de activos virtuales que se encuentren en actividad", señaló la agencia de noticias de la Cámara de Diputados, en Brasilia.

La propuesta incluye en el Código Penal el delito de "estafa utilizando activos virtuales, valores o activos financieros", con pena de prisión de cuatro a ocho años, además de multa, según consignó el diario OGlobo.