En febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una controvertida iniciativa de reforma judicial, que fue aprobada por el Congreso el pasado 11 de septiembre. La reforma reduce el poder del máximo tribunal del país, no solo porque acorta el tiempo de mandato de sus magistrados, sino porque somete su elección al voto popular.

En entrevista con VISIÓN, Armando Hernández, doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la UNAM, señaló que, aunque la reforma podría mejorar el acceso a la justicia y acercarla a la sociedad, no garantiza por sí sola el fin de la corrupción ni una verdadera transformación en los valores del Poder Judicial.

A través de cambios estructurales y procedimentales, como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte y la implementación de la elección popular de jueces y magistrados, la reforma promete modificar profundamente la justicia en México.

Según el doctor Hernández, el objetivo es acabar con el nepotismo, los cotos de poder y la corrupción dentro de los tribunales. Sin embargo, es crucial analizar si esta reforma responde adecuadamente a las necesidades del país o si, por el contrario, podría profundizar problemáticas como la politización del sistema judicial o la falta de eficiencia en la impartición de justicia.

VISIÓN: ¿Por qué AMLO presentó este proyecto, y responde a las necesidades de cambio que requiere el país?

Armando Hernández: La iniciativa, presentada el 5 de febrero, busca transformar el Poder Judicial eliminando cotos de poder, acabando con el nepotismo que ha existido por años en México y disminuyendo la posibilidad de corrupción. Aunque elimina una "casta dorada" de funcionarios, la elección popular de los operadores de justicia no necesariamente ayudará a frenar la corrupción. Es deseable una transformación, pero esta reforma no garantiza resolver los problemas estructurales del sistema judicial.

VISIÓN: Esta reforma ocurre en el gobierno de AMLO y con la continuidad de Claudia Sheinbaum. ¿Podría haber un interés político en favorecer a la izquierda?

A.H.: Existe la sospecha de que el proceso de elección podría estar influido por elementos tácticos, lo que está prohibido por la ley. Si se confirma una intervención partidista, esto mermaría la independencia judicial y sería contraproducente para los objetivos planteados.

VISIÓN: ¿Qué cambia con esta reforma y por qué es polémica?

A.H.: La reforma cambia la estructura de la Suprema Corte, reduciendo de once a nueve ministros, eliminando las salas y dejando su funcionamiento exclusivamente en el tribunal pleno. También crea un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración, reemplazando al actual Consejo de la Judicatura Federal. Además, se establecen plazos máximos para juicios penales y fiscales para agilizar procesos y evitar daños a los procesados o al erario público.

VISIÓN: ¿Por qué el punto de la elección popular ha sido tan controvertido?

A.H.: Se teme que la elección popular afecte la independencia judicial si los electos tienen vínculos políticos. Además, podría alterar la carrera judicial, aunque no necesariamente implicaría falta de preparación. Sin embargo, el diseño de este proceso electoral plantea retos logísticos y de legitimidad.

VISIÓN: Algunos analistas señalan que esta reforma podría afectar acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué opina?

A.H.: Aunque se teme que la reforma genere incertidumbre jurídica para inversionistas, esto no sucede automáticamente. Todo dependerá de la transparencia del proceso de elección y de cómo se implemente el nuevo modelo.

VISIÓN: ¿Se corre el riesgo de profundizar el populismo penal con esta reforma?

A.H.: La reforma ha sido tildada de populista por apelar a la legitimidad democrática mediante el voto popular, algo que algunos especialistas consideran innecesario para el Poder Judicial. Aunque podría cambiar la forma de acceder a los cargos, no garantiza resolver problemas como la corrupción o el burocratismo.

VISIÓN: ¿Es necesaria una reforma al sistema judicial en México?

A.H.: El juicio de amparo, pilar del sistema, se ha vuelto técnico, costoso e inaccesible. Es urgente reformar procedimientos judiciales para hacerlos más expeditos y cercanos a la ciudadanía. Aunque esta reforma es un inicio, no garantiza un cambio sustancial. El verdadero reto es implementar una justicia con enfoque social y humano, que priorice resolver conflictos y atender las necesidades de la sociedad.