En el oeste de Chubut, el incendio ya consumió casi doce mil hectáreas de bosque nativo, matorral y plantaciones en un corredor que va desde Puerto Patriada hasta El Hoyo y sectores cercanos a Epuyén. El fuego avanzó durante días sobre áreas de interfase, cruzó la Ruta 40, obligó a evacuaciones preventivas y puso en riesgo infraestructura crítica, viviendas y caminos clave. Las lluvias recientes ofrecieron un alivio parcial, pero no detuvieron un fenómeno que sigue activo y que se comporta de manera errática, replegándose en algunos frentes y reapareciendo en otros con cada cambio de viento.

La magnitud del incendio no se mide solo en hectáreas. Se mide en la velocidad con la que el fuego pasó de focos aislados a un frente extendido, en la dificultad para contenerlo en zonas de relieve complejo, en la necesidad de reforzar el operativo con brigadistas de otras provincias, en el desgaste humano acumulado después de jornadas interminables. Se mide también en la sensación compartida de que el sistema siempre llega corriendo detrás del fuego, nunca delante.

Para quienes escribimos esta columna, estos datos no son solo cifras ni partes de situación. Nos atraviesan de manera directa. Uno de nosotros pasó muchos años de su vida en esta región, caminó esos senderos, vivió en esos pueblos, aprendió a leer ese bosque que parecía inmune al tiempo. Su padre vive hoy en Lago Puelo, a pocos kilómetros de las zonas más castigadas por el incendio. Cada avance del fuego no es una noticia más, es una llamada que se espera, un mensaje que se relee, un mapa que se actualiza con ansiedad, una vigilancia constante del viento.

Y no se trata de un episodio aislado. Tampoco de una anomalía. El verano pasado, apenas cruzando el límite provincial, el fuego arrasó sectores de El Bolsón, dejando una marca que todavía no terminó de cerrarse. Chubut hoy repite un patrón que ya conocemos demasiado bien. Cada año es peor que el anterior. Cada temporada parece elevar el umbral de daño. La Patagonia argentina ya no entra al verano con la expectativa de la calma, sino con la certeza de que el fuego volverá a poner a prueba todo, el territorio, las instituciones, las comunidades y la forma en que elegimos explicarnos lo que está pasando.

Origen del incendio, lugar, hectáreas quemadas

El incendio se desplegó en una geografía concreta y conocida, Puerto Patriada, El Hoyo y sectores cercanos a Epuyén. No son nombres abstractos, son comunidades insertas en el bosque, donde la vida cotidiana transcurre en contacto permanente con el entorno natural. Allí el fuego avanzó con rapidez y terminó afectando casi doce mil hectáreas. La cifra fue creciendo con el correr de los días, no por manipulación, sino por la dificultad real de medir en tiempo real un fenómeno que se mueve, se bifurca y reaparece, desbordando cualquier cálculo inicial.

Cuando el fuego cruzó la Ruta 40, el impacto dejó de ser solo geográfico. Cruzar la ruta fue cruzar una frontera mental. El incendio dejó de ser paisaje para convertirse en amenaza directa. Llegaron las evacuaciones, los cortes, el temor al aislamiento. En ese punto, el incendio dejó de leerse como un problema ambiental y pasó a ser un problema civil, de seguridad y de continuidad de la vida comunitaria en la cordillera.

El origen del fuego no admite una explicación única, pero en Chubut hay datos concretos que descartan la idea de un hecho meramente fortuito. La Justicia provincial y el propio gobernador Ignacio Torres confirmaron que al menos dos focos fueron provocados de manera deliberada, con hallazgos de acelerantes en los puntos de inicio y una recompensa de 50 millones de pesos ofrecida para identificar a los responsables. No siempre hay una gran organización detrás, a veces se trata de disputas locales o quemas mal llamadas controladas que se desbordan, pero lo que ya se constató son hechos delictivos concretos, con foco múltiple y uso de combustible. Cuando el sistema judicial procesa estos actos como faltas menores, el mensaje es claro y peligroso, prender fuego no tiene consecuencias reales, incluso cuando pone en riesgo pueblos enteros.

Ecocidio

La palabra aparece porque el daño ya no puede leerse como accidental. Quemar miles de hectáreas no es solo perder árboles. Es afectar suelos, agua, biodiversidad y economías futuras. Es comprometer décadas. Hablar de ecocidio es intentar nombrar esa escala de destrucción.

Pero el debate no es solo moral. Es jurídico. Cómo se prueba la intención, cómo se mide el daño ambiental, cómo se investiga con rigor técnico. Sin un sistema judicial preparado, el concepto corre el riesgo de quedarse en consigna. Y las consignas no previenen incendios.

En los incendios de gran magnitud ocurre siempre lo mismo. La primera respuesta no llega desde arriba, llega desde abajo. Vecinos que abren sus casas, organizan comida, donaciones y transporte. Que saben quién vive dónde, quién necesita ayuda y qué caminos siguen abiertos. Esa red informal es una infraestructura social clave. Sin ella, el sistema colapsa.

Hoy, cuando la lluvia llegó, fue celebrada colectivamente. No como victoria, sino como tregua. En esa escena hay algo revelador, la conciencia de que todo depende de ventanas mínimas. De horas, de grados, de que el viento no cambie de dirección.

Pero la solidaridad también exige disciplina. No acercarse por curiosidad. No prender fuego aunque siempre se haya hecho así. Aceptar restricciones incómodas. Entender que cada gesto individual puede tener consecuencias colectivas. En un incendio, la solidaridad no es solo ayudar, también es limitarse.

El término ecocidio vuelve a imponerse cuando se mira la serie completa. Desde el año 2000, la Patagonia argentina ha perdido más de 300.000 hectáreas de bosques nativos por incendios forestales, según estimaciones basadas en datos oficiales y relevamientos satelitales. Entre 2010 y 2024, el promedio anual de superficie afectada osciló entre 15.000 y 25.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, con temporadas que superaron ampliamente esa media.

En Chubut, los incendios de 2015, 2021 y 2024 provocaron la pérdida combinada de más de 100.000 hectáreas, incluyendo bosques nativos de ciprés, lenga y coihue. En Río Negro, los incendios en la zona de El Bolsón y Lago Puelo entre 2021 y 2023 arrasaron más de 40.000 hectáreas, muchas de alto valor ecológico. Neuquén registra desde 2000 la afectación de al menos 70.000 hectáreas de bosque nativo, con recurrencia en áreas que no alcanzan a regenerarse antes del siguiente evento.

El impacto va mucho más allá de la superficie quemada. Estudios del INTA y de universidades patagónicas indican que los suelos incendiados pueden tardar entre 40 y 100 años en recuperar niveles mínimos de materia orgánica. El fuego altera cuencas hídricas completas, incrementa la escorrentía superficial hasta en un 30 por ciento, acelera la erosión y eleva el riesgo de inundaciones y aludes. También destruye hábitats de especies endémicas, como el huemul y diversas aves forestales, cuya supervivencia depende de extensiones continuas de bosque maduro. En algunos casos, más del 60 por ciento del hábitat local de estas especies ha sido afectado en las últimas dos décadas.

El daño incluye además una dimensión económica persistente. En las zonas cordilleranas, el turismo registra caídas prolongadas tras grandes incendios, con pérdidas de millones de dólares por temporada. Los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, regulación hídrica, captura de carbono, protección del suelo, quedan fuera de los balances contables. Un solo incendio de gran escala puede liberar cientos de miles de toneladas de CO₂, anulando en días el esfuerzo de años de conservación.

El problema jurídico comienza por lo normativo. En el Código Penal argentino, los incendios forestales se encuadran principalmente como delitos contra la seguridad pública o la propiedad. Son figuras pensadas para hechos puntuales, no para destrucciones ambientales masivas y de efectos prolongados. El ambiente aparece de manera indirecta, no como bien jurídico central, lo que limita las penas y reduce el alcance de las investigaciones.

A esto se suma la dificultad probatoria. Para avanzar penalmente es necesario demostrar autoría e intención. En incendios que abarcan miles de hectáreas, en zonas rurales y con múltiples focos, la evidencia suele desaparecer con el propio fuego. Sin detección temprana, peritajes ambientales estandarizados y preservación de la escena, las causas se llenan de indicios pero carecen de pruebas concluyentes. El resultado suele ser el archivo, imputaciones menores o procesos que se diluyen con el tiempo.

Existe además una debilidad institucional. La mayoría de los juzgados y fiscalías no cuenta con equipos especializados en delitos ambientales complejos. El análisis satelital, el peritaje forestal, la valoración del daño ecosistémico y la reconstrucción del origen del fuego dependen de informes externos, fragmentados o tardíos. Sin capacidad técnica propia, la Justicia queda atada a evaluaciones administrativas que no siempre alcanzan el estándar penal.

También pesa un factor estructural. Investigar incendios de gran escala implica, muchas veces, examinar negligencias estatales, fallas en la prevención, omisiones administrativas y responsabilidades compartidas entre distintos niveles de gobierno. El sistema judicial argentino se mueve con mayor comodidad frente a culpables individuales que frente a responsabilidades sistémicas, donde no hay un único autor sino una cadena de decisiones y ausencias.

Finalmente, está el tiempo judicial. Los incendios son emergencias inmediatas, pero las causas penales avanzan en años. Cuando llega una resolución, el daño ya está consolidado, la atención pública se disipó y el próximo incendio ya comenzó en otro lugar. La falta de condenas firmes refuerza una idea peligrosa, que quemar bosques no tiene consecuencias proporcionales al daño causado.

Solidaridad de Chile

La cordillera no reconoce fronteras. El humo tampoco. Durante los incendios que afectan a Chubut, la solidaridad de Chile no fue simbólica ni retórica, fue operativa y concreta. El gobierno chileno desplegó brigadistas forestales especializados, con experiencia directa en incendios de gran escala y en fuego de interfaz, un tipo de combate crítico cuando el bosque avanza sobre zonas habitadas. A ese apoyo humano se sumaron medios aéreos, helicópteros con helibalde y aeronaves de descarga, capaces de operar en terrenos complejos y con condiciones meteorológicas adversas.

Chile aportó además capacidad técnica y coordinación, compartiendo protocolos de ataque inicial rápido, criterios de priorización y herramientas de análisis desarrolladas tras años de enfrentar incendios extremos en el sur del país. En los momentos más críticos del incendio en Chubut, este refuerzo permitió contener frentes activos, proteger áreas pobladas y reducir la presión sobre brigadas locales que llevaban semanas trabajando sin relevo suficiente.

No se trató de un gesto aislado. En los últimos años, Chile ha construido una infraestructura de respuesta al fuego basada en una experiencia dura y costosa. Solo en algunas temporadas recientes, los incendios forestales en su territorio superaron las 300.000 hectáreas quemadas, con pérdidas humanas, destrucción de viviendas e impactos económicos millonarios. Ese aprendizaje forzado se traduce hoy en brigadas mejor entrenadas, sistemas de coordinación más ágiles y una lectura más realista del riesgo.

La lección política es clara. La prevención y el combate del fuego no son un lujo ambientalista ni una causa marginal. Son seguridad territorial. Un incendio fuera de control compromete rutas, pasos fronterizos, tendidos eléctricos, cuencas compartidas y economías regionales enteras. La solidaridad de Chile deja en evidencia que el fuego ya es un problema estratégico, que exige cooperación regional estable, planificación conjunta y protocolos permanentes, no respuestas improvisadas cuando el daño ya está hecho.

Cuando el bosque arde de un lado de la cordillera, el impacto cruza al otro. Y cuando la respuesta llega a tiempo, también cruza una idea incómoda pero necesaria, sin cooperación, inversión sostenida y enfoque de largo plazo, la Patagonia seguirá perdiendo terreno frente al fuego.

Plan de manejo del fuego, ineficiencia

El debate suele reducirse a lo visible, faltan aviones, faltan brigadistas. A veces es cierto, pero muchas veces el problema es estructural, quién decide, cuánto tarda una contratación, dónde están los recursos antes de que el incendio empiece, cómo se sostiene personal entrenado todo el año en territorios donde el fuego es estacional, pero la preparación no puede serlo.

En Chubut, la foto aérea también mostró algo incómodo, cuando la emergencia escala, la respuesta termina dependiendo de parches y acuerdos de última hora. En plena temporada crítica se sumó el Boeing 737 Fireliner, presentado como el avión hidrante más grande del país, con capacidad de descarga de 15.000 litros, que llegó como refuerzo desde Santiago del Estero, más medios provinciales ya desplegados.

Esto sirve, pero también expone el punto de fondo, si el recurso “estrella” aparece por coordinación interprovincial en medio del incendio, la pregunta no es solo cuántos aviones hay, es por qué el sistema no garantiza anticipación, disponibilidad y reglas claras de despliegue antes del primer frente.

Sobre el Estado nacional, el Gobierno comunicó que envió casi 300 brigadistas y reforzó la asistencia interjurisdiccional, con apoyo logístico y medios aéreos, es decir, hubo intervención, y está documentada en comunicados y cobertura de medios.

El cuestionamiento, entonces, no es blanco o negro, no es “estuvo” o “no estuvo”, es si llegó a tiempo, si llegó con la escala necesaria, y si la política pública se ordena para prevenir o para reaccionar.

Y ahí entra el componente político. Hasta el 11 de enero de 2026, la cobertura pública del operativo se centró en voceros, ministros y comunicados, no en una presencia presidencial en territorio, lo que alimenta la sensación de distancia en una crisis que, para la Patagonia, no es abstracta ni ocasional.

Cada incendio grande revela fallas acumuladas, detección tardía, respuesta lenta, prevención insuficiente, coordinación fragmentada entre niveles de gobierno, y un manejo del fuego que queda preso de la administración cotidiana. El fuego funciona como auditoría brutal del Estado, no solo por lo que quema, también por lo que deja al descubierto.

El domingo 11 de enero llegó la lluvia. No como solución, sino como alivio. Un alivio físico, inmediato, casi instintivo. Bajó la temperatura, humedeció el suelo, frenó algunos frentes activos y dio respiro a brigadistas, vecinos y comunidades que llevaban días viviendo pendientes del viento y del humo. En la Patagonia, la lluvia no se celebra, se agradece en silencio, porque nunca es garantía, apenas una tregua.

La lluvia no borra lo quemado. No recompone los bosques perdidos ni devuelve las casas, los animales o los años que hacen falta para que un suelo vuelva a sostener vida. Tampoco corrige las fallas estructurales que cada incendio deja al desnudo. Pero corta la inercia del desastre y permite, al menos por unas horas, que el miedo afloje.

Ese alivio también expone algo más incómodo. Cuando el mayor factor de contención es el clima, queda claro lo frágil que sigue siendo el sistema. El fuego se apaga con agua, sí, pero se previene con planificación, inversión sostenida y presencia real del Estado antes de que arda la primera chispa. La lluvia llega sola. Lo demás debería llegar a tiempo.

Este domingo trajo un respiro. Ojalá no funcione como excusa para pasar página demasiado rápido. Porque el humo se disipa, pero las preguntas quedan. Y el próximo verano, como todos los anteriores, no va a esperar.