Este domingo 8 de marzo, más de cuarenta millones de colombianos podrán acudir a las urnas para elegir un nuevo Congreso de la República. A simple vista, se trata de una elección legislativa más dentro del calendario democrático del país. Pero en realidad no lo es. El Congreso que surja de estas elecciones tendrá sobre sus hombros algunos de los debates más delicados que ha enfrentado Colombia en las últimas décadas.

La razón es simple: el país atraviesa un momento político, económico e institucional especialmente complejo. Y parte de esa complejidad se explica por el estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo proyecto político ha estado marcado por una combinación de ambición reformista, confrontación institucional y decisiones económicas que muchos consideran profundamente irresponsables.

Entre todos los temas que tendrá que enfrentar el nuevo Congreso hay uno que sobresale por su alcance histórico: la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución de 1991. La idea ha sido impulsada desde sectores cercanos al petrismo y se ha convertido en uno de los ejes del debate político actual.

No se trata de un asunto menor.

Una constituyente no es una reforma ordinaria ni una discusión técnica sobre ajustes institucionales. Implica abrir el texto fundamental que define las reglas del Estado, el equilibrio de poderes, las libertades individuales y el modelo económico del país. En otras palabras, significa reescribir el pacto político que ha regido a Colombia durante más de tres décadas.

Por eso esta elección legislativa tiene un peso distinto. El Congreso que resulte elegido no solo legislará sobre temas cotidianos. También será el órgano que determine si Colombia abre o no la puerta a un proceso constituyente que podría alterar profundamente su arquitectura institucional.

En ese contexto, el discurso del gobierno ha despertado preocupación en distintos sectores. Desde la Casa de Nariño se ha alimentado una narrativa de confrontación permanente con el Congreso, con las instituciones electorales e incluso con el propio sistema democrático. Las acusaciones de fraude electoral, lanzadas sin pruebas contundentes, han sido interpretadas por muchos analistas como una estrategia populista clásica: debilitar la confianza en las instituciones para justificar posteriormente reformas radicales.

No sería la primera vez que algo así ocurre en América Latina.

El populismo latinoamericano suele seguir un guion conocido: primero se cuestiona la legitimidad de las instituciones existentes; luego se plantea la necesidad de “refundar” el país mediante una nueva constitución. El problema es que ese camino rara vez termina fortaleciendo la democracia. Con frecuencia, termina debilitándola.

Pero el debate institucional no es el único frente abierto.

El país llega a estas elecciones con una agenda cargada de problemas estructurales que no han encontrado soluciones claras durante el actual gobierno. El sistema de salud atraviesa una crisis profunda. La inseguridad ha aumentado en varias regiones del país. Las finanzas públicas muestran señales preocupantes de deterioro y la amenaza de una crisis energética comienza a aparecer en el horizonte.

A esto se suma el crecimiento de los cultivos ilícitos, que han alcanzado niveles récord en los últimos años, mientras la política de “paz total” del gobierno ha generado más interrogantes que resultados concretos.

Sin embargo, en lugar de concentrarse en resolver esos problemas, el gobierno ha optado en muchos casos por decisiones de alto impacto político pero de dudosa sostenibilidad económica.

Uno de los ejemplos más claros es la política salarial. En diciembre pasado, el gobierno decretó un aumento del salario mínimo cercano al 12 %, uno de los más altos de la región. La medida fue celebrada por sectores cercanos al gobierno como una victoria social. Pero numerosos economistas advirtieron que una subida de esa magnitud, en un contexto de desaceleración económica y baja productividad, podría terminar perjudicando precisamente a quienes pretende beneficiar.

El riesgo es conocido: aumentos salariales desproporcionados pueden traducirse en mayor informalidad, destrucción de empleo formal y presión inflacionaria.

Colombia ya enfrenta uno de los niveles de informalidad laboral más altos de América Latina, con cerca del 55 % de los trabajadores fuera del sistema formal. En ese contexto, decisiones económicas basadas más en cálculos políticos que en criterios técnicos pueden terminar agravando los problemas estructurales del mercado laboral.

El populismo económico suele tener ese efecto: produce beneficios inmediatos en el discurso político, pero costos diferidos en la realidad económica.

Mientras tanto, el escenario político que llega a estas elecciones refleja una fragmentación creciente. Más de tres mil candidatos compiten por un escaño en el Senado o en la Cámara, una cifra que ilustra tanto la vitalidad democrática del país como la dispersión del sistema partidista.

El Pacto Histórico aspira a ampliar su presencia en el Congreso y alcanzar mayorías que le permitan impulsar su agenda de reformas. Hoy esa coalición cuenta con alrededor de veinte curules en el Senado y busca superar ampliamente esa cifra.

Del otro lado, la oposición llega dividida. El Centro Democrático intenta recuperar terreno electoral y aspira a incrementar su representación legislativa. Pero también enfrenta competencia dentro de su propio espectro ideológico, con movimientos como Salvación Nacional y otras fuerzas que disputan el mismo electorado.

En medio de esa disputa, los partidos tradicionales —Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U— intentan mantener su influencia dentro del Congreso. Cada cuatro años se pronostica el fin de esas maquinarias políticas, pero una y otra vez demuestran su capacidad para adaptarse y sobrevivir.

La elección de este domingo también servirá como un primer termómetro político de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en los próximos meses. Los resultados permitirán medir con mayor claridad la verdadera fuerza electoral del petrismo, la capacidad de reorganización de la oposición y el peso real de los partidos tradicionales.

Pero más allá de la aritmética electoral, hay una cuestión institucional que debería preocupar seriamente a los colombianos.

En los últimos meses, el discurso del gobierno ha sembrado dudas sobre la transparencia del sistema electoral. Ese tipo de narrativa no es inocente. Cuando desde el poder se cuestiona la legitimidad de las elecciones sin pruebas sólidas, el daño institucional puede ser profundo.

La confianza en el voto es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Cuando esa confianza se erosiona, las instituciones comienzan a debilitarse y el sistema político entra en una zona de riesgo.

Las elecciones de este domingo también se desarrollan en un contexto de preocupaciones por la seguridad. En varias regiones del país persisten presiones de grupos armados ilegales que intentan influir en el comportamiento electoral. En algunos territorios, las campañas políticas han enfrentado restricciones impuestas por organizaciones criminales.

Es una realidad que recuerda que la democracia colombiana sigue siendo frágil en ciertas zonas del país.

Por todo esto, el Congreso que surja de estas elecciones tendrá una responsabilidad extraordinaria. No solo deberá enfrentar los problemas urgentes que afectan al país, sino también actuar como un verdadero contrapeso institucional frente al poder ejecutivo.

En cualquier democracia sana, el Congreso no es un simple acompañante del gobierno. Es el espacio donde se discuten, se moderan y, cuando es necesario, se frenan las iniciativas del poder.

Cuando ese equilibrio se rompe, la democracia se debilita.

Por eso la decisión de este domingo tiene un alcance que va mucho más allá de la elección de senadores y representantes. Los colombianos estarán definiendo el tipo de Congreso que quieren: uno capaz de ejercer control político, exigir responsabilidad fiscal y defender las instituciones, o uno subordinado a un proyecto político que busca reconfigurar el Estado.

En cierto sentido, lo que se vota este domingo no es solo un Congreso.

Se vota también el futuro institucional de Colombia.