Durante años, en América Latina discutimos la inflación como si fuera un fenómeno técnico, casi burocrático, algo que les correspondía a los bancos centrales y a los ministros de Hacienda, pero entre 2020 y 2025 ocurrió algo distinto, algo que todavía no estamos midiendo bien: la inflación dejó de ser solo un problema de precios y empezó a convertirse en un problema de comportamiento, y en algunos casos, incluso en un problema de salud pública. No es una exageración. Es la consecuencia lógica de cinco años consecutivos en los que la región vivió primero una pandemia, luego un shock inflacionario histórico y finalmente una estabilización engañosa que dejó los precios en un nivel estructuralmente más alto, mientras los ingresos crecieron mucho menos.

Para entenderlo hay que mirar la secuencia completa. En 2020, los gobiernos gastaron para evitar el colapso, en 2021 y 2022 llegó la inflación más alta en décadas, y en 2024 y 2025 los precios dejaron de subir tan rápido, pero no bajaron. Según la CEPAL, la inflación regional efectivamente cayó hacia una mediana cercana al 2,4% en 2025, pero en un contexto de crecimiento débil, alrededor del 2,3% anual, lo que significa que el poder adquisitivo no se recuperó. En otras palabras, la inflación “se controló”, pero la vida quedó más cara.

Y ese es el punto que muchos análisis pasan por alto. No es lo mismo una inflación alta que un nivel de precios alto. América Latina hoy vive lo segundo. Si uno compara países, el fenómeno es aún más claro. Brasil, por ejemplo, que suele ser visto como el alumno más disciplinado de la región en materia monetaria, logró cerrar 2025 con una inflación de 4,26%, dentro del rango de su banco central. México hizo algo similar, con una inflación de 3,69%, también dentro de su meta. Chile bajó a 3,5%, Perú a 1,3%. Si uno mira solo esos números, parecería que el problema está resuelto.

Pero no lo está. Porque esos mismos países venían de picos inflacionarios muy altos en 2021 y 2022, y porque el ajuste monetario que permitió bajar la inflación tuvo un costo: tasas altas, menor consumo y salarios que no lograron recuperar terreno. Brasil, por ejemplo, tuvo tasas de interés que llegaron a niveles cercanos al 15%, lo que enfrió el consumo de las familias y limitó la recuperación del ingreso disponible. Es decir, logró estabilizar los precios, pero no necesariamente mejorar la vida cotidiana de la gente.

Ahí es donde aparece el cambio clave. En América Latina, la salud nunca fue completamente gratuita en la práctica. En muchos países, entre un 25% y un 40% del gasto en salud sale directamente del bolsillo de las personas. Mientras el ingreso alcanza, el sistema funciona con tensiones. Cuando deja de alcanzar, empieza el ajuste. Y ese ajuste no se hace en la comida o en el transporte primero, se hace en lo que se puede postergar. La salud es lo más postergable. Eso es lo que está pasando.

En Colombia, por ejemplo, el sistema de EPS no colapsó formalmente, pero empezó a deteriorarse en la práctica. La inflación se mantuvo por encima del 5% en 2025, fuera de la meta del banco central, y al mismo tiempo aumentaron las quejas, los retrasos en citas y la falta de medicamentos. El resultado es que tener cobertura ya no garantiza acceso. Y cuando a eso se le suma la presión económica, la reacción de la gente es bastante racional: va menos. En Chile, el problema no es la inflación actual, sino la crisis del sistema privado de Isapres, que introduce incertidumbre sobre el acceso futuro. Y cuando un sistema pierde previsibilidad, la gente también ajusta su comportamiento. No necesariamente deja de atenderse de inmediato, pero empieza a calcular más. Y en salud, calcular es muchas veces esperar. Brasil ofrece un tercer escenario. No hay crisis institucional como en Colombia ni incertidumbre como en Chile, pero sí un efecto más silencioso: el impacto acumulado de la inflación en alimentos y servicios básicos redujo el ingreso disponible de millones de hogares. El sistema público, el SUS, sigue funcionando, pero con largas listas de espera y alta demanda. En ese contexto, incluso con inflación controlada, la gente también posterga.

Tres países distintos, tres sistemas distintos, un mismo resultado. La gente empieza a ir menos al médico. Y aquí es donde la comparación con Estados Unidos se vuelve interesante. Allí, el sistema empuja a las personas a seguir consumiendo salud, pero a costa de deuda. En 2023, el 67% de los estadounidenses dijo que la inflación le dificultaba pagar sus facturas médicas, el 32% tenía deudas en cobranza y el 34% admitía haber evitado atención médica por ese motivo. Es un modelo donde el problema aparece después, en forma de deuda. En América Latina, el problema aparece antes. No hay crédito suficiente para sostener el consumo de salud. Entonces se ajusta. Y ese ajuste no es visible en los indicadores macroeconómicos. Pero es profundamente real.

Entre 2020 y 2025, la región empezó a acumular algo que podríamos llamar una “deuda sanitaria invisible”. No es deuda en bancos, es deuda en el cuerpo. Son chequeos que no se hicieron, enfermedades que no se detectaron a tiempo, tratamientos que se interrumpieron. Y eso tiene consecuencias económicas muy concretas, porque una población que se atiende menos y más tarde es una población más enferma, menos productiva y más costosa para el Estado. Por eso, cuando hoy escuchamos que la inflación está bajando en América Latina, conviene hacer una pregunta incómoda: ¿bajando para quién? Porque los datos de los bancos centrales pueden mostrar estabilidad, pero la experiencia cotidiana de millones de personas sigue marcada por cinco años de precios acumulados, ingresos débiles y sistemas de salud bajo presión. La inflación puede haber dejado de subir. Pero sus efectos recién están empezando a aparecer.