Colombia no está ante una elección más. Tampoco está ante una simple competencia entre izquierda y derecha, como pretenden presentarla quienes buscan suavizar la gravedad del momento. Lo que se decide este 21 de junio es mucho más profundo: si el país conserva una democracia liberal con límites al poder, o si entrega el Estado a una corriente política que ya demostró, en el gobierno de Gustavo Petro, su desprecio por los contrapesos, su improvisación administrativa y su peligrosa complacencia frente al crimen organizado.

Iván Cepeda no puede ganar. No porque piense distinto, no porque venga de la izquierda, no porque Colombia deba cerrarse al debate democrático. No puede ganar porque representa la continuidad de un proyecto que ha debilitado la autoridad del Estado, ha erosionado la seguridad, ha puesto en duda la estabilidad institucional y ha pretendido convertir la impunidad en política pública bajo el nombre engañoso de “Paz Total”.

El expresidente Iván Duque lo advirtió con claridad en una columna escrita para The Economist, una de las publicaciones más influyentes del mundo: los colombianos no acudirán a las urnas simplemente para escoger entre dos candidatos, sino para decidir entre dos modelos irreconciliables de Estado. De un lado, la democracia, el Estado de derecho, la seguridad y la competencia técnica. Del otro, la extralimitación del poder Ejecutivo, la impunidad, la improvisación y el continuismo de un proyecto que ha llevado al país a una evidente decadencia institucional.

Reducir esta elección a una disputa ideológica convencional sería un error histórico. Cepeda no es simplemente un dirigente progresista más. Su formación política viene del seno de la izquierda comunista colombiana, de una tradición que no entiende el Estado como árbitro neutral, sino como instrumento de transformación ideológica. Y esa formación no es un dato menor ni una anécdota del pasado. La ideología, cuando se forma desde joven y se convierte en estructura mental, no se abandona con un cambio de discurso ni con una sonrisa de campaña.

La formación política en el seno del comunismo suele tener rasgos muy definidos: primero, una visión binaria de la sociedad, donde el país se divide entre opresores y oprimidos; segundo, una desconfianza profunda hacia la empresa privada, la propiedad y el mercado; tercero, la creencia de que el Estado debe ocupar cada vez más espacios de la vida nacional; cuarto, la tendencia a justificar o relativizar la violencia cuando esta proviene de sectores que se presentan como “revolucionarios”; quinto, el desprecio por los límites institucionales cuando esos límites impiden avanzar la agenda política; y sexto, la idea de que la justicia puede ser reinterpretada en función de una causa superior.

Ese es el verdadero problema. La democracia no solo se destruye con tanques en las calles. También se debilita cuando se colonizan las instituciones, cuando se presiona a los jueces, cuando se gobierna por decreto, cuando se ataca a la prensa, cuando se deslegitima al Congreso y cuando se presenta toda oposición como enemiga del pueblo. Petro ya mostró ese camino. Cepeda representa su continuidad política, ideológica y moral.

Por eso no basta con escuchar sus palabras moderadas en campaña. Hay que mirar su trayectoria. Hay que mirar su pasado comunista. Hay que mirar sus afinidades políticas. Hay que mirar esas imágenes incómodas, esas sonrisas en fotografías con antiguos miembros de las FARC, ese lenguaje indulgente con quienes durante décadas secuestraron, asesinaron, reclutaron menores y sometieron regiones enteras al miedo. Un país con memoria no puede pasar por alto esos símbolos.

Colombia ya pagó demasiado caro la violencia como para normalizar la cercanía política con quienes la ejercieron. La reconciliación no puede significar olvido. La paz no puede consistir en premiar al victimario y dejar a la víctima mirando desde la orilla. La justicia transicional no puede convertirse en una escalera al poder para quienes nunca respondieron plenamente ante el país.

El fracaso de la llamada Paz Total es la prueba más reciente y más contundente. El gobierno Petro prometió pacificar a Colombia sentándose con todos los grupos armados. El resultado ha sido el contrario: más control territorial de estructuras criminales, más extorsión, más miedo en las regiones, más expansión del narcotráfico y menos autoridad del Estado. En lugar de someter a los criminales, el Gobierno terminó enviándoles la señal de que siempre habría una mesa, una concesión, una excusa y una nueva oportunidad.

Eso no es paz. Eso es rendición gradual del Estado.

Colombia no necesita otra negociación que anteponga la comodidad de los grupos armados a los derechos de las víctimas. Colombia necesita autoridad legítima. Necesita Fuerza Pública respaldada. Necesita jueces independientes. Necesita cárceles para los criminales, no curules ni privilegios. Necesita un Estado que proteja al ciudadano honesto y no un gobierno que mire con sospecha al empresario, al productor, al ganadero, al comerciante, al periodista crítico o al joven que quiere prosperar sin pedirle permiso a la política.

La Constitución de 1991, nacida de un amplio consenso nacional, no puede convertirse en plastilina al servicio de un proyecto personalista. Cuando un gobierno comienza a hablar de constituyentes, de acuerdos nacionales ambiguos, de poderes populares por encima de las instituciones y de reformas impuestas desde la presión callejera, el país debe encender todas las alarmas. Así empiezan muchas aventuras autoritarias en América Latina: no negando la democracia, sino diciendo que hay que “profundizarla” hasta vaciarla de límites.

Venezuela no perdió su libertad en un solo día. La fue perdiendo paso a paso, entre discursos redentores, ataques a las élites, promesas de justicia social, persecución a la oposición, captura de instituciones y sometimiento de la economía al capricho del poder. Colombia no puede fingir que no ha visto esa película.

La candidatura de Cepeda debe ser leída en ese contexto. No como una opción democrática más, sino como la continuidad de un ciclo que ha debilitado al país. Cuatro años de petrismo han dejado una lección clara: la improvisación cuesta, la ideología cuesta, la inseguridad cuesta, el desprecio por la empresa cuesta, el desorden fiscal cuesta y la impunidad cuesta. La factura la pagan los ciudadanos, no los ideólogos.

Abelardo de la Espriella, con todos los debates que pueda generar su figura, representa en esta elección una frontera política necesaria: la defensa del orden, de la autoridad, de la propiedad, de la seguridad y de una democracia donde el poder tenga límites reales. En una coyuntura normal, Colombia podría darse el lujo de discutir matices. En esta coyuntura, el país debe decidir si frena el continuismo o si permite que el proyecto que inició Petro encuentre una segunda vida.

No se trata de votar con odio. Se trata de votar con memoria. No se trata de perseguir ideas. Se trata de impedir que una ideología que ha fracasado una y otra vez en América Latina vuelva a presentarse como novedad. No se trata de negar la necesidad de reformas sociales. Se trata de recordar que ninguna reforma vale la destrucción del Estado de derecho.

Colombia está ante una decisión histórica porque esta elección no define solo un gobierno. Define si el país quiere recuperar la seguridad o profundizar el desorden. Si quiere instituciones fuertes o poder Ejecutivo sin límites. Si quiere justicia para las víctimas o indulgencia con los victimarios. Si quiere economía productiva o estatismo ideológico. Si quiere democracia liberal o una “democracia” vaciada desde adentro.

El 21 de junio, Colombia no votará simplemente por un candidato. Votará por el tipo de República que quiere dejarles a sus hijos.

Y esta vez, equivocarse puede salir demasiado caro.