Crisis política, debilitamiento de las instituciones, desconfianza en la política y en nuestros gobernantes, son algunos de los lugares comunes cuando nos aproximamos a la realidad política de nuestra región latinoamericana.

Como muestra de ello, basta con dirigir nuestras miradas a Perú, en donde el gobierno del profesor Castillo, una vez más es sentado ante el banquillo de los acusados y es amenazado por el flamígero dedo índice de la vacancia por incapacidad moral, el cual es alentado en las sombras por su villano favorito el “Poder Legislativo”, a través de sus impacientes congresistas alimentados como ya es de costumbre por sus intereses personales.

En honor a la verdad habrá que decir que los motivos no son pocos, a pesar de la historia política reciente que ha llevado al país incaico a tener 4 presidentes en los últimos 5 años, los cuales antecedieron a Castillo, ahora nos encontramos que el propio gobierno Castillista, suma su cuarto gabinete en menos de 6 meses, circunstancia que ha demostrado que el Perú sigue siendo un país inmerso en la crisis institucional.

Más cuando revisamos la última encuesta de IPSOS y observamos que las cifras dan cuenta de la antesala de una nueva crisis, en donde claramente un 69% de los encuestados desaprueba la gestión de Castillo y no solo eso, sino por primera vez en el interior del país el porcentaje de desaprobación a su gestión es mayor a su aprobación, lo cual se traduce en un 49% de rechazo en contraste con un 47% de respaldo.

Dicho esto, más que fijar un posicionamiento político a favor o en contra de la vacancia del grupo político en turno, creo que lo importante en este tipo de situaciones es cuestionarnos ¿quién puede moderar esta disputa por el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo? Ello, porque nos queda claro que la última encuesta de IPSOS no sólo da cuenta del descontento con la gestión presidencial, sino también de un hartazgo con la actuación de la Presidenta del Congreso con un 62% de desaprobación y, ni que decir de los congresistas.

La respuesta inmediata en una democracia consolidada sería recurrir al poder de decisión de los jueces, quienes en el papel forman parte de un Poder Judicial alejado de las pasiones y los intereses inmediatos, sin embargo, como lo ha dicho el propio Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, William H. Rehnquist, “(…) el tiempo no ha resuelto si la Corte es el poder menos peligroso, pero si el menos entendido (…)”

Por ello, la labor es que ese Poder Judicial que en la mayoría de las veces no es entendido, se acerque a la ciudadanía y dirima las crisis cíclicas por el poder de manera definitiva, en contraste con lo que ocurrió hace un par de años, en donde basándose en un tecnicismo legal, el Tribunal Constitucional del Perú determinó que la figura de la vacancia por incapacidad moral estaba sustraída de la materia o, mejor dicho en lenguaje ciudadano, ya no estaba vigente, ya se había resuelto porque simplemente el Presidente en turno ya había sido vacado.

"Son estos debates en donde en los países de la región latinoamericana requerimos una conversación seria, porque de lo contrario, las crisis institucionales continuarán y el rechazo a la democracia aumentará"

Jorge Aljovín

Justamente estos son los silencios que en nada ayudan, porque no importando el domicilio ideológico de la mujer u hombre que ocupe el cargo de Presidente en el Perú, las amenazas y los juicios políticos encubiertos, seguirán siendo el arma letal que de manera irresponsable utilizará el Congreso para desestabilizar la institucionalidad.

Por lo que, ante este panorama, viendo a Perú como muestra de un país sumergido en una crisis cíclica que, el día de mañana puede ser cualquiera de los países de nuestra región, debemos exigir que nuestros jueces constitucionales no guarden silencio, sino que asuman su rol para decirnos a todos y todas no lo que desde su perspectiva es lo correcto, sino que es lo que dice ese texto incomprendido y lejano que es la Constitución.

Por lo que, regresando al país andino, ante el cuento de nunca acabar de vacar al Presidente(a), lo deseable es que hoy más que nunca el Tribunal Constitucional asuma su compromiso de decir cómo se debe interpretar la vacancia por incapacidad moral, para finalmente saber o no si esta figura se encuentra o no en su ocaso constitucional o está más viva que nunca.

Son estos debates en donde en los países de la región latinoamericana requerimos una conversación seria, porque de lo contrario, las crisis institucionales continuarán y el rechazo a la democracia aumentará, motivo por el cual como ha dicho Luis Roberto Barroso, los jueces pueden adoptar 3 roles diferentes: contramayoritario, cuando invalidan los actos de otros Poderes; representativo, cuando satisfacen demandas sociales no satisfechas por las instancias políticas; e iluminista, cuando promueven ciertos avances sociales que aún no han obtenido una adhesión mayoritaria, pero que son una imposición del proceso civilizatorio.

En definitiva, queda en nosotros que tipo de rol queremos que asuman los jueces, pero mientras esto debe formar parte de las agendas de gobernabilidad en nuestros países de América Latina, lo importante, será refrendar nuestro compromiso con la democracia, ante el avance del autoritarismo que llega al poder paradójicamente a través de reglas democráticas.

Pero, al mismo tiempo habrá que aclarar que estas decisiones que adopte el Poder Judicial, nos revelan que el debate requiere de una mayor amplitud porque son temas que afectan nuestra vida como ciudadanos, por lo que las nuevas constituciones se encuentran lejos de una mera pirotecnia verbal, sino que son una realidad que si no atendemos, seguramente secuestrará nuestras endebles democracias latinoamericanas, enfrascadas en la lucha del poder de las élites políticas, pero lejos de los intereses de los ciudadanos cuyas demandas por servicios y mínimos vitales crecen ante la insensibilidad de quienes nos dirigen o, dicen hacerlo.

He ahí la posibilidad de que un constitucionalismo popular asuma un rol preponderante, entendido como la posibilidad de que se garantice que los debates sobre temas trascendentes no sean el privilegio de una rama del poder político, sino de todas y todos.

Fuente Imagen: Facebook Presidencia del Perú