El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitó aproximadamente 987 millones de dólares para Centroamérica, también aumentó el apoyo financiero para Colombia.

Centroamérica

El presupuesto federal para 2023 presentado por la administración de Joe Biden incluye una fuerte partida presupuestaria para Centroamérica. El apoyo financiero pretende atender los conflictos generados por la migración en las naciones de América Central y atacar sus causas fundamentales, los factores que impulsan a las personas a abandonar sus países.

El plan representa un aumento de más de 100 millones de dólares en comparación a la cifra que se solicitó para el año pasado en la región. Biden busca, de esta manera, poder cumplir gradualmente su promesa de suministrar 4.000 millones de dólares en sus cuatro años de mandato, y resolver así los problemas de raíz que generan la migración ilegal desde Centroamérica hacia los Estados Unidos.

El plan, elaborado por Joe Biden antes de llegar a la Casa Blanca, consiste en garantizar que estas naciones sean sólidas, seguras y capaces de ofrecer oportunidades de futuro para su propia gente, a fin de evitar la migración desbordada hacia los Estados Unidos. Para el líder demócrata, los gobiernos y las sociedades centroamericanas tienen la responsabilidad principal de abordar los factores de la emigración en sus propios países, pero la profundidad de las reformas necesarias requiere una asistencia y cooperación internacional sostenida.

Los inmigrantes centroamericanos enviaron desde Estados Unidos alrededor de 32 mil millones de dólares en remesas hacia sus países de origen en el año 2021; llegando a representar el 26% del PIB para algunas de estas naciones de la América Central. Según estadísticas del Banco Mundial, el BID y la CEPAL, el trabajo informal alcanzaría cifras cercanas al 70% del empleo en la región.

Haití en el foco

Para el país caribeño Biden solicitó 275 millones de dólares, en respuesta a las “condiciones en declive y la violencia generalizada en el país”. Con estos fondos se pretende recuperar la capacidad de la Policía Nacional de Haití, incrementar la lucha contra la corrupción, fortalecer las capacidades de la sociedad civil y los servicios de apoyo a las poblaciones marginadas, a fin de reforzar la recuperación de la crisis política y económica que azotan al país.

Haití sufre niveles alarmantes de homicidios y secuestros por parte de pandillas que controlan zonas estratégicas del país, en una situación que se ve agravada por la impunidad persistente en relación a violaciones de derechos humanos y la criminalidad, en un contexto de grave crisis humanitaria.

Los haitianos sufren por causa de una profunda crisis política y constitucional. El primer ministro Henry, jefe de gobierno putativo, no fue electo, sino que fue nombrado por el expresidente Jovenel Moïse dos días antes de ser asesinado, el 7 de julio de 2021. El primer ministro gobierna desde entonces por decreto, sin mandato constitucional. El Parlamento dejó de funcionar y el sistema judicial apenas puede operar, en un contexto de colapso institucional y de seguridad.

“Estas inversiones aseguran que Estados Unidos pueda revitalizar sus alianzas con Haití”, explica el documento. Con este plan de inversiones el gobierno estadounidense se fija tres objetivos: "revitalizar las asociaciones que generan resiliencia económica, estabilidad democrática y seguridad ciudadana".

Apoyo a la seguridad en Colombia

El monto asignado para Colombia en este presupuesto asciende a los 471,3 millones de dólares. Dentro de esta partida económica se pretende mantener el entrenamiento para las fuerzas militares, con énfasis en las acciones antiterrorismo y el respeto a los Derechos Humanos. El control de los narcóticos y el desarrollo de infraestructura también se incluyen como destinatarios del presupuesto.

“Con la asignación del presupuesto más alto de la década para Colombia, por parte del Gobierno del presidente Joe Biden, se ratifican las excelentes relaciones de cooperación entre nuestros países y se confirma que somos el aliado más importante de EE. UU. en el hemisferio”, publicó en su cuenta de Twitter el presidente Iván Duque.

La aprobación de los recursos para el país cafetero estuvo en duda debido a la petición de algunos congresistas demócratas de no entregar recursos a Colombia, lo anterior por las graves denuncias de violaciones de Derechos Humanos por parte de su fuerza pública. Uno de los temas que más causaron controversia fue la asistencia al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional), cuestionado por las muertes de manifestantes, detenciones arbitrarias y el supuesto uso desmedido de la fuerza contra la ciudadanía. Incluso se discute en la campaña presidencial la desintegración de este grupo policial, debido a los fuertes señalamientos en su contra.

Si bien algunos congresistas norteamericanos habían insistido en la exigencia de una certificación anual de Derechos Humanos para que se otorgaran los fondos, finalmente los dineros aprobados no estarán condicionados y el gobierno de Colombia podrá hacer uso de los mismos.

Seguridad fronteriza e inmigración

En materia de seguridad nacional, la Casa Blanca solicitó y consiguió la aprobación de un total de 56.700 millones de dólares. Esta cifra contempla 23.400 millones para las agencias del gobierno encargadas de la seguridad fronteriza y del control migratorio (CBP e ICE por sus siglas en inglés). De este monto total, el gobierno pide 309 millones para tecnología de seguridad fronteriza y 494 millones para “costos del procesamiento y cuidado de los no ciudadanos”.

El gobierno Biden también asignó 765 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), para que la agencia pueda “procesar de manera eficiente el creciente número de solicitudes de asilo” y “el atraso en permisos de trabajo”.

Además de los fondos destinados para atender el flujo migratorio dentro de Estados Unidos, el gobierno Biden solicita al Congreso 10.450 millones de dólares para responder a las “necesidades humanitarias” en más de 70 países y apoyar el programa de refugiados del país.

Según el documento, el presupuesto “continúa reconstruyendo del programa de admisión de refugiados” que estima recibir a 125,000 personas en el 2023.

El gobierno Biden se ha enfrentado a cifras récord de migrantes y aspirantes a solicitantes de asilo en la frontera sur del país. Solo en febrero fueron detenidos 164.973 migrantes irregulares, un incremento del 7% comparado con el mes de enero y 73% más que en febrero de 2021, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

La administración ha mantenido en pie una norma del anterior gobierno que permite a las autoridades expulsar a la mayoría de las personas que se presentan en la frontera sur, conocida como Título 42. Adicionalmente, el gobierno de Biden presentó la semana pasada una nueva directriz para procesar con mayor rapidez los casos de asilo, que permitirá a los funcionarios aceptar o rechazar solicitudes de protección de los inmigrantes poco después de que crucen la frontera, evitando así los tribunales de inmigración.

Reducir el déficit fiscal

A nivel doméstico, el presupuesto del gobierno de Biden buscará reducir el déficit federal en 1.300 millones de dólares en comparación con el año pasado, ya que se eliminarán los programas de asistencia a las pandemias y la financiación de emergencia ofrecida a los gobiernos estatales y locales.

Entre las estrategias de financiación de los gastos, la Casa Blanca contempla una reforma fiscal que aumenta los impuestos a los más pudientes y a las empresas. El proyecto incluye un impuesto mínimo federal del 20% para los hogares que reporten ingresos de más de 100 millones de dólares. Con respecto a las empresas, la Casa Blanca propone subir el impuesto a las corporaciones a un 28% e incluye una serie de medidas para “asegurarse que las multinacionales que operan en EE. UU no puedan usar los paraísos fiscales” para evadir sus responsabilidades.

Fuente Presupuesto: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/03/budget_fy2023.pdf

Fuente Imagen: Voz de América