El impacto en los regímenes totalitarios a consecuencia de la injustificada guerra promovida por el régimen autoritario de Rusia en contra Ucrania
“Grande es la culpa de una guerra innecesaria” Moliére
El 24 de febrero de este año dio inicio la invasión a Ucrania, ordenada por el régimen autoritario ruso encabezado por Vladimir Putin, misma que ha puesto al mundo en vilo, no solo por los efectos económicos a nivel mundial, sino también ante la amenaza rusa de escalar el conflicto a nivel nuclear, lo que implicaría una apocalíptica amenaza contra la humanidad entera.
Este humilde comentario, hecho desde la perspectiva de los derechos humanos, no pretende ser un análisis de los orígenes de la invasión militar rusa, que es una de las potencias nucleares más poderosas del mundo y que a estas alturas ha dejado una secuela de muerte, destrucción y más de un millón de refugiados buscando salvar sus vidas en países vecinos, particularmente en Polonia.
Independientemente de los argumentos a favor del invasor ruso, o de aquellos que defienden la causa de la Ucrania invadida, es innegable la superioridad militar del ejército ruso. A pesar de ello, las tropas de Putin se han encontrado con una inesperada resistencia ucraniana, que incluye a la población civil, que ha sido víctima indiscriminada de los ataques invasores.
Como organismo defensor de los derechos humanos, tanto la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), como la Canadian Human Rights International Organization (CHRIO), de la cual soy Delegado Misión para Estados Unidos de América y Centroamérica, hemos condenado de manera firme la guerra intervencionista rusa y sus criminales ataques en contra de objetivos civiles ucranianos, que han ocasionado centenares de muertes de seres humanos ajenos al conflicto. Así mismo, lamentamos la muerte de los jóvenes militares rusos que han sido lanzados a una aventura expansionista del interés y beneficio exclusivo de Vladimir Putin, aferrado al Kremlin desde hace más de 20 años, por medio de un remedo de proceso electoral con grandes similitudes de “transparencia” al implementado en Nicaragua por Daniel Ortega, precisamente, uno de los protegidos de Putin.
A raíz de la aventura intervencionista de Rusia, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos de América han respondido con severas sanciones económicas contra el régimen de Putin, sanciones que, según expertos en temas económicos internacionales, impactarán en la situación de los aliados latinoamericanos de Putin, en particular Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En esos tres países latinoamericanos, Rusia ha encontrado un terreno de alianza fértil para fortalecer su presencia militar y económica en la región.
En diciembre, Nicaragua y Rusia firmaron un acuerdo para atraer inversiones y promover la aplicación de tecnologías nucleares en los sectores energético, agrícola y médico.
El mes pasado, el régimen de Vladimir Putin también firmó un acuerdo de cooperación energética y militar con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
El jefe de seguridad para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González, dijo la semana pasada que Cuba, Venezuela y Nicaragua sentirían el impacto de las sanciones debido a la relación económica que estos países sostienen con Rusia, publicó recientemente un reportaje de la DW (Voz de Alemania).
En el caso de Venezuela, la industria petrolera podría ser la principal afectada, aseguran los expertos; especialmente después de la decisión de la Unión Europea de excluir a siete entidades financieras rusas del sistema internacional de pagos SWIFT.
Daniel Ortega ha buscado en Putin un padrino, que sea protector, patrocinador económico y garante de su dictadura en Nicaragua, a cambio de ofrecer el territorio nicaragüense para utilizarlo a favor de los intereses geopolíticos y militares de Rusia en contra de los Estados Unidos de América.
Una prueba de ello es la estación terrestre del Sistema Global de Navegación por Satélite (Glonass, acrónimo en ruso), la versión rusa del GPS estadounidense y el Galileo europeo. Es un gigantesco plato que puede verse desde la distancia sobre un costado de la laguna Nejapa, en el suroeste de Nicaragua, reportó el diario argentino “El Clarín” en enero de este año.
Llama la atención que, al otro costado de la laguna de Nejapa, se encuentra la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua.
Su creación fue acordada el 26 de enero de 2016 por los gobiernos de Daniel Ortega y Vladimir Putin, y está a cargo de la Agencia Federal Espacial de Rusia, también conocida como Roscosmos.
Esa instalación es descrita por El Pentágono como un sistema de espionaje ruso con el blanco en Estados Unidos y toda la región. Ahora que Moscú ha amenazado con desplegar armas ofensivas en Cuba y Venezuela, los otros aliados del Kremlin junto con la dictadura de Managua, esta estructura satelital alcanza una importancia peculiar.
Ortega no hace ningún esfuerzo por ocultar su incondicional sumisión a Vladimir Putin: El mismo 24 de febrero, el dictador nicaragüense se convirtió en uno de los primeros en respaldar públicamente la invasión rusa a Ucrania, mientras se deshacía en atenciones con Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal-Cámara Baja del Parlamento-de Rusia, que visitó Managua, Caracas y La Habana.
Estos tres regímenes totalitarios, completamente alineados con la política internacional del régimen ruso, podrían verse seriamente afectados como consecuencia indirecta de las sanciones internacionales contra Vladimir Putin. Ortega, además, enfrenta serias sanciones de parte de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea.
En conclusión, a pesar de la distancia geográfica que nos separa del conflicto, la invasión rusa a Ucrania podría tener muy serias consecuencias para nuestra región, no solo por los factores económicos, sino también por el involucramiento cómplice con Rusia de parte de los regímenes dictatoriales antes mencionados, particularmente la dictadura nicaragüense encabezada por los Ortega Murillo, quienes han alquilado el territorio patrio a Vladimir Putin, a cambio de armas para violar gravemente los derechos humanos, reprimir a la población civil, seguir enriqueciéndose y sostenerse en el poder político a cualquier costo.