En junio de 2016, la CAO publicó los resultados de su investigación de cumplimiento sobre la inversión de una de las instituciones del Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés, International Finance Corporation) en el proyecto de Eco Oro (antes Greystar), la cual llevó al BM a retirar su inversión. Aunque esta investigación pasó algo desapercibida, o algunos prefieran verla de soslayo, deberían tenerla muy presente nuestras autoridades ambientales nacionales (Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA); regionales como la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), como valiosa prueba en defensa del Estado colombiano ante la demanda interpuesta por Eco Oro, por US$ 736 millones, al no otorgársele, en 2011, la licencia a su proyecto Angostura (explotación a cielo abierto en Santurbán). Además, aunque parezca utópico, también deberían tomarla en consideración las multinacionales mineras que pretendan invertir en proyectos mineros en nuestros páramos y sus ecosistemas circunvecinos.

La Oficina del Asesor de Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés, Compliance Advisor Ombudsman), aunque órgano del banco multilateral es una oficina independiente que reporta en forma directa al presidente del Grupo del BM, tiene por funciones analizar y evaluar los reclamos de las comunidades afectadas, en términos ambientales y sociales (A&S), por los proyectos en los que invierten la IFC y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), como instituciones del BM, y supervisa, en el marco de su función de cumplimiento, las investigaciones sobre el desempeño A&S de dichos proyectos, en particular, los más sensibles (www.cao-ombudsman.org)

Conocedor de ello, el abogado Miguel Ramos Jaimes impulsó su iniciativa para que, como Comité para la defensa del agua y Santurbán, instauráramos una queja ante la CAO; interpuesta, efectivamente, en junio de 2012, y transferida a la función de cumplimiento de la CAO para su evaluación, en noviembre de ese mismo año. En junio de 2013, la CAO determinó impajaritable una investigación de cumplimiento sobre la inversión de la IFC en Eco Oro (Greystar).

En Washington (septiembre/2014), este colaborador Rodríguez-Salah, en representación del Comité, junto a las representantes de nuestras organizaciones internacionales aliadas: Carla García (CIEL), kristen Genovese (SOMO), Jeniffer Moore (Miningwatch Canada) y Carlos Lozano (AIDA), expuso la queja ante el BM y sus instituciones: la IFC (que llegó a poseer el 12,5 % de la participación accionaria del proyecto) y la misma CAO.

La CAO, en informe de 55 páginas, determinó, entre otras, que el proyecto, clasificado erróneamente como B, debió categorizarse como A: “proyectos que tienen potenciales y significativos impactos adversos, sociales y ambientales, y estos son múltiples, irreversibles o no tienen precedentes”.

Por otra parte, la IFC no incluyó ni analizó información sobre la investigación realizada por la CDMB (2006-2008): “La CAO determina que la documentación de supervisión de la IFC no incluyó de manera adecuada información sobre el incumplimiento de la compañía con los requisitos ambientales relacionados con el tratamiento de agua ácida, erosión del suelo y deslizamientos observados por la CDMB en el 2010, o su decisión de multar a la compañía por dichas infracciones. La CAO determina que las penalidades de la CDMB y las acciones de la compañía para resolver el incumplimiento debían haber sido consideradas como parte de la evaluación continua de la IFC sobre el compromiso y capacidad del cliente. Y como aunque hacía parte de los acuerdos legales, “la compañía no informó datos específicos a la IFC sobre la investigación de la CDMB o la multa”, evidenciándose, claramente, el cómo la sola exploración ocasiona daños en nuestros frágiles y vulnerables ecosistemas de páramos y sus ecosistemas aledaños.

Los resultados de la investigación de la CAO continúan muy vigentes, más cuando, recientemente, otra minera canadiense, la Aris Gold, compró el 20 % con miras a adquirir el 50 %, al Fondo Mubadala de Emiratos Árabes, de su proyecto Soto Norte.