El pasado 27 de marzo la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el estado de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele como respuesta al alarmante aumento de los homicidios relacionados con las pandillas o “maras”, como se les conoce localmente. Desde que comenzó la ofensiva, y hasta la fecha de publicación del presente artículo, más de 15.000 pandilleros fueron detenidos en el país centroamericano.

"Más de 15.000 terroristas (pandilleros) capturados en solo 27 días. Seguimos Guerra Contra Pandillas", escribió en su cuenta de Twitter el mandatario.

Bukele le declaró la guerra a las pandillas que operan en territorio salvadoreño ante el asesinato de 87 personas ocurridos entre el 25 y el 27 de marzo, crímenes que las autoridades vincularon al accionar de estas organizaciones criminales. Con la detención de los integrantes de las “maras” las fuerzas de seguridad lograron parar la ola de homicidios.

La escalada de violencia de las pandillas en El Salvador tiene lugar luego de que los salvadoreños experimentaran un periodo de reducción histórico de los hechos delictivos y de los asesinatos en las calles del país. Varios medios independientes habían atribuido esta reducción a una tregua entre el gobierno de Bukele y las pandillas, algo que las autoridades negaron.

El estado de excepción -que en principio estaba planeado para estar vigente por un mes, pero que ha sido extendido por otros treinta días- ha incluido la suspensión de la libertad de asociación, el derecho de defensa y la inviolabilidad de la correspondencia. A su vez ha suspendido el derecho de ser informado de las razones del arresto, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.

Para el primer mandatario de El Salvador la arremetida contra las pandillas ha tenido un éxito rotundo. "El 91% de los salvadoreños apoyan la Guerra Contra Pandillas que impulsa nuestro gobierno", aseguró Bukele, basado en una encuesta que publicó el jueves CID Gallup. El sondeo destacó que el 78% de los salvadoreños está de acuerdo con la lucha contra las pandillas, un 13% dijo estar algo de acuerdo, un 5% está poco de acuerdo y un 4% expresó estar nada de acuerdo.

Cambio en la legislación

El pasado 31 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó la reforma del artículo 345 del Código Penal salvadoreño. En el mismo quedó sancionado el aumento de 9 a 45 años de prisión para los líderes de las pandillas. Los miembros de las “maras” podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión. La reforma al código penal incluye una polémica medida, la cual considera como adultos a la hora de juzgar a los pandilleros mayores de 12 años. La nueva legislación se aprobó con 76 votos de un total 84 diputados.

El aumento de las penas pretende ser, según las autoridades, un mecanismo de “represión” y “disuasión” para los miembros de las pandillas.

Por otra parte, la asociación de periodistas y algunos diputados de la oposición de El Salvador criticaron la iniciativa impulsada por el oficialismo. La misma permite imponer penas que oscilan entre los 10 y los 15 años de privación de libertad a quienes “reproduzcan y transmitan mensajes originados o

presuntamente originados por pandillas que pudieran generar zozobra y pánico a la población”. Los representantes de medios de comunicación calificaron esta nueva legislación como una “ley mordaza” ya que según ellos coarta el derecho a la libertad de prensa. La Asamblea —dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas— justificó la medida diciendo que es una manera de “reducir los espacios” que usan las pandillas para intimidar a la población.

Endurecimiento de las condiciones carcelarias

Bukele anunció que las condiciones de los reos en las cárceles iban a ser mucho más duras. En las últimas semanas se ha privado totalmente de luz solar a los pandilleros y se les racionó de manera extrema la comida. El mandatario ha amenazado incluso con quitar del todo los alimentos a los presos si sus pandillas continúan los hechos de violencia contra la población civil.

"Por ahí andan rumores de que quieren vengarse de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto duran sus home boys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz", advirtió el presidente.

Los reclusos se encuentran hacinados, sin colchonetas y durmiendo en el suelo. Se ordenó la instalación de placas metálicas en siete de las prisiones de alta seguridad del país, para evitar cualquier contacto visual entre los reclusos; también se ordenó un confinamiento de 24 horas en dichas prisiones, durante el cual se apilan a miembros de diferentes pandillas juntos. El maltrato y la violencia física de los guardias hacia los reos se habrían incrementado desde que comenzó el estado de excepción. El Gobierno autorizó el uso de la "violencia letal" por parte del ejército y la policía salvadoreña para intentos de fuga.

Por otro lado, Bukele volvió a cargar contra algunas ONG´s y los señaló de defender a los delincuentes. Además acusó a medios de comunicación y partidos opositores de tener a las pandillas como su brazo armado.

“Ellos necesitan que nosotros sigamos con el baño de sangre para seguir cobrando sus jugosos salarios. Los pandilleros solo tienen dos salidas: la cárcel o la muerte. Que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a esos pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al 2 por 1", declaró Bukele.

El Congreso de El Salvador aprobó, en esta misma línea, una ley que permite agilizar la construcción de más prisiones. La Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios establece un marco regulatorio especial para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de los centros penitenciarios que sean necesarios, debido al incremento de la población privada de libertad. El jefe de Estado ordenó la construcción de una nueva institución de máxima seguridad con capacidad para 20.000 reclusos.

Detención de personas inocentes

Voces de alerta se han levantado por presuntas violaciones a los derechos humanos desde el inicio del régimen de excepción. En estas se señalan principalmente la falta de información sobre el paradero de los privados de libertad, falta de pruebas para los delitos que les imputan tras las capturas, faltas al debido proceso, además de violaciones a los derechos de la niñez por tratos indebidos.

“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Por su parte Human Rights Watch (HRW) mostró su preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades de seguridad salvadoreñas. La directora en funciones para las Américas, Tamara Taraciuk, afirmó que "lamentablemente las políticas que han sido adoptadas por el Gobierno de Bukele, en materia de seguridad, en vez de proteger a la población está poniendo en riesgo sus derechos".

El procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, confirmó que se han recabado más de 100 denuncias de vulneraciones a derechos, principalmente por detenciones arbitrarias.

Nayib Bukele ha restado importancia a estas quejas. “No me importa lo que digan. Que vengan acá y protejan a nuestra gente. Pueden llevarse a los pandilleros si quieren, se los damos todos”, declaró. Además afirmó que solo el 1% de los detenidos no tienen relación con las pandillas y que quedarán prontamente en libertad. A su vez, el jefe de Estado celebró los 6 días consecutivos en los que no se han presentado homicidios en el país centroamericano.

A pesar de las duras condiciones en las que se encuentran privados de libertad los pandilleros gran parte de la ciudadanía, cansada de la violencia que deben sufrir a diario, está a favor de este accionar. Muchos celebran a viva voz la disminución de la violencia y la nueva sensación de seguridad que experimenta la población. Incluso personas de otras nacionalidades o salvadoreños que no viven en el país ven en Bukele una figura cuasi mesiánica que trabaja para el país y que no le tiembla la mano para enfrentar la delincuencia, según se puede observar en distintas plataformas sociales.

¿Son sostenibles en el largo plazo estas medidas?

Son miles las personas que hoy por hoy se encuentran detenidas dentro del sistema judicial y lo lógico es esperar que después pasarán al sistema penitenciario carcelario, es decir, a depender del Estado en gran medida. Este enorme gasto implicará el uso de recursos que no se dispondrán para salud, educación o programas sociales. Los programas de atención a grupos en situación de vulnerabilidad o para programa de prevención de la violencia verán sus recursos mermados; una fórmula fallida que ya fue utilizada por gobiernos anteriores en El Salvador desde el fin de la guerra civil.

Algunos analistas hablan que se está generando una paz artificial, con el peligro de que el resentimiento que generen las duras condiciones carcelarias pueda derivar en estallidos de violencia a futuro. Las soluciones para frenar la delincuencia que se buscan lograr a base de un Estado policial y capturas indiscriminadas no son sostenibles en el tiempo, porque se basan solo en la fuerza y no en el convencimiento de las personas.

Es evidente que es artificial porque no se están atendiendo las raíces que generan la violencia. Nunca ha habido un caso en ningún lugar del mundo en que la represión exclusiva haya podido resolver los problemas de violencia. Si no va acompañado de programas de atención a las causas que producen la violencia, no durará mucho tiempo.

Asimismo se corre el riesgo de llevar a un colapso del sistema carcelario. Con las cifras de detenciones actuales se estaría casi doblando el número de presos lo cual puede producir unas catástrofes humanitarias causadas por el hacinamiento y el cansancio de los oficiales penitenciarios.

Fuente Imágenes: Facebook Presidencia El Salvador.