En México hace algunas semanas ha concluido el ejercicio de la revocación de mandato (RM). Así fue como el pasado 10 de abril de 2022, la ciudadanía mexicana fue convocada a las urnas para decidir sobre la conclusión anticipada del mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a partir de la pérdida de la confianza o no en el desempeño de su investidura presidencial.

Lejos de la estridencia y la polarización entre el bloque oficialista y la oposición sobre la lectura de los resultados, habrá que decir que este ejercicio participativo costó al país azteca la friolera suma de 1,567 millones de pesos mexicanos, esto es, el equivalente a 78 millones de dólares.

Esta suma no se puede dejar en el anecdotario, más si se toma en cuenta que el ejercicio de revocación de mandato no alcanzó el 40% de la participación de las personas inscritas en el Listado Nominal, porcentaje que equivale a 37 millones de ciudadanas y ciudadanos en números cerrados de 92,8 millones que lo conforman en su totalidad aproximadamente.

En contrapartida este ejercicio de revocación de mandato registró una participación del 17,7% que equivale a 16 millones de personas, cifra que en datos duros quedó un 52,3% por debajo del 40% que se requería para que el resultado del ejercicio de revocación de mandato fuera vinculante.

Dicho esto, más allá del debate entre las cúpulas políticas será importante cuestionarnos: ¿la región latinoamericana puede darse el lujo de este dispendio de recursos? ¿un gasto de 78 millones de dólares se justifica en un contexto de inflación y aumento de la pobreza experimentado no sólo en México sino en toda América Latina?

Así, este excesivo gasto público que se destinó a un ejercicio de revocación de mandato debe llevarnos a reflexionar sobre lo que Luis Alberto Lacalle, ex presidente de Uruguay, en algún momento denominó la existencia de un fenómeno tan peligroso como la inflación y no precisamente del dinero, sino de las promesas electorales y los caprichos del poder, el cual en este caso al pueblo mexicano le costó 78 millones de dólares.

Todo lo cual contrasta con el deterioro de la economía de más de 50 millones de mexicanas y mexicanos por el encarecimiento de los alimentos básicos, en especial de la tortilla que experimentó un aumento del 17.4%, mismo que asciende a más del doble de una inflación anual que alcanzó 7.72% durante la primera quincena de abril.

Adicionalmente a este dispendio de recursos públicos, se sumó en el proceso de revocación de mandato una variable de atropello sistemático de las reglas del juego que, a pesar de las prohibiciones impuestas por la ley y los tribunales, tanto el Presidente como diversos funcionarios y funcionarias del bloque oficialista decidieron hacer caso omiso a la reglamentación de este ejercicio de participación ciudadana, lo cual se tradujo en la tramitación de más de 80 procedimientos sancionadores y un sin número de llamados al orden mediante la emisión de medidas cautelares, consistentes en el retiro de propaganda, por lo que podemos afirmar que otro gran perdedor fue el estado de derecho, ello sin contar las descalificaciones constantes al árbitro electoral.

Esto, resulta una radiografía reveladora porque justamente el estado de derecho, la certidumbre y la seguridad son variables para un adecuado clima de inversiones y que aunque parezca que la revocación de mandato no tiene ningún vaso comunicante, lo cierto es que refleja el concierto de los errores de siempre y que lamentablemente constituye una de las grandes debilidades de las que adolece México y toda América Latina en donde el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, colocó a México en el lugar 104 de 128 países, siendo el país peor evaluado.

En este contexto, después de la vorágine política habrá que reflexionar sobre la pertinencia de mantener estos ejercicios de participación ciudadana o, en su caso establecer mecanismos para su blindaje del manoseo de las cúpulas del poder y que verdaderamente se transformen en ejercicios participativos, en donde el principal actor sea la ciudadanía y no la agenda del gobernante en turno para descabezar a las instituciones o tomar represalias contras sus opositores.

De ser así, el único resultado que tendremos es más de lo mismo, conflictos entre las élites políticas y un gatopardismo que se vale de la famosa frase “cambia todo, para que todo siga igual” y, eso sin duda no justifica un gasto de 78 millones de dólares ni en México, ni en ningún país de nuestra golpeada región latinoamericana.