Hace algunos años se escuchaba hablar sobre el “sueño americano” o, simplemente del “estilo de vida americano”. Sin embargo, en la actualidad, el denominado “sueño mexicano” se ha convertido en una realidad ante el endurecimiento y rechazo de las solicitudes de refugio por parte del gobierno de Estados Unidos que, a pesar de las promesas de Joe Biden de un ambicioso plan de política migratoria, registró el récord de detenciones de inmigrantes a lo largo de la frontera con México, incluidas las 234.000 del mes pasado.

Todo ello bajo el amparo del Titulo 42 o, mejor conocido como la política de deportación express, heredada del gobierno de Trump durante la pandemia, que se ha traducido en que más de la mitad de los solicitantes de asilo hayan sido expulsados.

Aunque también habrá que decir que el panorama promete un nuevo episodio por el anuncio del Presidente Biden de un nuevo plan para deportar migrantes, anunciado los primeros días de junio, en donde destaca como cambio significativo que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) decidirán caso por caso y no los jueces, con lo cual se reduce de 5 años a 6 meses el tiempo de espera promedio para los solicitantes de asilo.

Sin embargo, es evidente que el endurecimiento de las medidas migratorias han reavivado lo que se ha denominado el “sueño mexicano”, en donde el país azteca ha dejado de ser un país de paso para ser un lugar de destino.

Las razones para este fenómeno no son muy difíciles de descifrar: violencia, inseguridad y falta de oportunidades en los países de la región latinoamericana y, en especial en Centroamérica han sido el caldo de cultivo para el inicio de caravanas migrantes en busca de mayores oportunidades porque con independencia de las políticas migratorias del vecino del norte, las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda para los refugiados (COMAR) revelan que las solicitudes de asilo en México han ido en aumento, ya que si revisamos el comparativo de enero-mayo, podemos observar los siguientes datos: 19,043 solicitudes en 2020; 40,736 solicitudes en 2021 y 48,981 solicitudes en 2022, hecho que significó un aumento del 38,8% de las referidas solicitudes.

Así, detrás de estos números nos encontramos con historias escalofriantes de violencia estructural que obliga a millones de centroamericanos a abandonar sus países de origen que, en pocas palabras los orilla a la encrucijada entre pagar una extorsión o salvar su vida.

Destacando que dos tercios de las personas que solicitan asilo en México pertenecen a Centroamérica y la mitad de ellos provienen de Honduras, según datos de la ACNUR. No obstante, este fenómeno pone de manifiesto la necesidad de crear soluciones conjuntas entre los países involucrados, porque migrar no debe ser una obligación, sino una opción.

Ello porque a pesar de los esfuerzos de asesoría a los refugiados, la creación de fuentes de empleo, las labores de organizaciones civiles, entre otras iniciativas aisladas, en el largo plazo estas medidas únicamente constituyen paliativos, pero no soluciones, ya que lo que está en juego es la gobernanza que pasa por la solución de conflictos armados, políticos y sociales, por sólo mencionar algunos.

Por esa razón, mientras la creación de planes en conjunto entre Estados Unidos y México para la inversión y creación de empleo en Centroamérica no pasará de ser una golondrina de verano, ya que mientras no se ataquen los problemas estructurales de inseguridad, pobreza, falta de oportunidades, entre otros factores, ya no importará si se trata del sueño mexicano, americano o del país de que se trate, porque miles y millones de refugiados seguirán arriesgando sus vidas no por una decisión propia, sino forzados por las circunstancias, lo cual a estas alturas del partido no puede, ni debe ser una situación que pase ante la mirada indolente de todos y todas y, sobre todo de nuestra clase gobernante, he ahí la necesidad de atacar esta problemática.