Petróleo primero, urnas después
Donald Trump dice que Venezuela todavía no está lista para elecciones. Lo dijo otra vez esta semana al referirse al futuro político del país y a su relación con Delcy Rodríguez. “Delcy está haciendo un gran trabajo, muy respetable”, afirmó, antes de reconocer que todos quieren elecciones y agregar una frase que debería preocupar a los venezolanos: “Delcy quiere, pero no están listos”. La misma contradicción fue señalada por la periodista Patricia Janiot al cuestionar que se siga aplazando la definición electoral mientras Washington mantiene una relación cada vez más estrecha con quien fue una de las principales figuras del gobierno de Nicolás Maduro.
La pregunta es inevitable: ¿qué significa exactamente que Venezuela no está lista? Porque al mismo tiempo que Trump sostiene que el país no reúne todavía las condiciones para votar, su gobierno considera que Venezuela sí está preparada para participar en uno de los acuerdos petroleros más extraordinarios de su historia. La Casa Blanca asegura que Estados Unidos ha obtenido control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una cantidad que incluso supera los aproximadamente 46.000 millones de barriles de reservas territoriales probadas que Washington atribuye a Estados Unidos. El acuerdo comprende 17 campos petroleros, contempla concesiones que Washington describe como de 100 años y podría movilizar alrededor de 100.000 millones de dólares en inversiones.
No estamos hablando de una operación comercial menor. Estamos hablando del principal patrimonio natural de Venezuela y de decisiones que podrían sobrevivir políticamente a Trump, a Delcy Rodríguez y probablemente a varias generaciones de venezolanos. Reuters describe una estructura compleja mediante la cual Estados Unidos obtendría acceso preferencial al crudo, mientras el gobierno estadounidense tendría una participación del 35% en NABEP y acceso a un 20% de la producción en determinadas condiciones. La producción vinculada al nuevo esquema podría llegar eventualmente a 1,5 millones de barriles diarios.
JD Vance lo ha explicado desde una lógica muy sencilla: esto es política exterior traducida en beneficios concretos para Estados Unidos. Y desde el punto de vista estadounidense puede tener razón. En momentos de incertidumbre energética mundial, Washington consigue acceso privilegiado a una reserva gigantesca de crudo pesado que, además, históricamente ha tenido un mercado natural en las refinerías estadounidenses del Golfo. El gobierno de Trump incluso estudia mecanismos para que el petróleo venezolano contribuya indirectamente a recomponer la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense.
Es una formidable jugada geopolítica de Trump.
Pero Venezuela no puede ser solamente una jugada geopolítica de Estados Unidos.
Si está lista para comprometer su petróleo, está lista para votar.
Ahí comienza el problema de fondo. Resulta cada vez más difícil explicar que Venezuela posee instituciones suficientemente funcionales para conceder derechos sobre 17 campos petroleros, recibir inversiones de decenas de miles de millones de dólares, aprobar contratos internacionales y comprometer recursos durante décadas, pero que esas mismas instituciones son incapaces de organizar un proceso para que los venezolanos elijan a su presidente.
Venezuela no necesita celebrar elecciones el próximo domingo. Necesita algo mucho más elemental: una fecha y un camino claro hacia ella. Si hacen falta seis meses para actualizar el registro electoral, que se haga. Si hacen falta nueve para establecer observación internacional, que se establezca. Si hay que garantizar el regreso y la participación de dirigentes opositores, liberar presos políticos, reconstruir garantías para la prensa, permitir campañas sin persecución y crear un mecanismo independiente de auditoría de resultados, ese trabajo debería comenzar inmediatamente. Lo que no puede existir es una transición cuya fecha de terminación dependa de que quienes hoy ocupan el poder decidan algún día que el país finalmente está “listo”.
Porque Venezuela ya votó. Y ese antecedente es precisamente la razón por la cual las elecciones son ahora tan importantes.
Las presidenciales del 28 de julio de 2024 dejaron una herida política que todavía no ha sido resuelta. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro ganador, mientras la oposición sostuvo, sobre la base de las actas que logró recopilar, que Edmundo González había obtenido la victoria. El Centro Carter, invitado oficialmente a observar aquellos comicios, concluyó que la elección no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral y no podía considerarse democrática. No estamos, por tanto, frente a una sociedad que nunca haya intentado expresarse electoralmente. Estamos frente a una sociedad cuya última elección presidencial terminó convertida en una crisis de legitimidad.
Y Delcy Rodríguez no fue una observadora distante de aquella Venezuela.
Delcy es parte del problema que la transición debe resolver.
Este es quizá el punto más incómodo de la relación que Trump ha construido con Caracas. Delcy Rodríguez puede ser hoy una interlocutora útil para Washington. Puede garantizar continuidad administrativa, mantener funcionando PDVSA, negociar con las empresas estadounidenses y evitar que el derrumbe del gobierno de Maduro produzca un vacío institucional. Todo eso puede explicar por qué Trump trabaja con ella. Pero nada de eso cambia su trayectoria política. Delcy fue vicepresidenta de Nicolás Maduro y una de las figuras centrales del poder chavista durante las cuestionadas elecciones de 2024.
Negociar con ella puede ser una necesidad.
Convertirla en la destinataria indefinida de la confianza estadounidense sería otra cosa.
El peligro es bastante sencillo de entender. Cuanto mejor funcione el acuerdo económico, más fuerte puede volverse el gobierno interino. Si aumenta la producción petrolera, llegan miles de millones de dólares, regresan las compañías internacionales, mejoran algunos indicadores económicos y Washington normaliza progresivamente sus relaciones con Caracas, Delcy Rodríguez podría terminar administrando dentro de un año un Estado considerablemente más fuerte que el que recibió. Y entonces aparecerá nuevamente la pregunta: ¿por qué celebrar elecciones ahora si todavía falta consolidar la recuperación?
Siempre puede encontrarse una razón para esperar seis meses más.
Ese es precisamente el peligro de una transición sin calendario.
Patricia Janiot lo plantea de manera particularmente dura: considera que Estados Unidos tiene sometido a lo que queda de la antigua estructura y que Delcy acepta esa relación porque ella y su entorno conservan una cuota importante de poder. Puede discutirse esa interpretación, pero la pregunta que deja planteada es completamente válida: ¿quién se beneficia políticamente de prolongar el actual estado de provisionalidad?
Difícilmente los venezolanos.
Casi ocho millones de venezolanos fuera de su país
Cuando Washington habla de esperar hasta que Venezuela esté preparada, tampoco debería olvidar la dimensión humana de la tragedia venezolana. Según ACNUR, la cifra de refugiados y migrantes venezolanos alrededor del mundo llegó a casi 7,9 millones de personas. Más de 1,3 millones aparecen registrados como solicitantes de asilo y más de 395.000 han sido reconocidos formalmente como refugiados. Es uno de los mayores desplazamientos humanos contemporáneos fuera de contextos de guerra convencional.
Detrás de esos números hay familias partidas entre Caracas, Bogotá, Miami, Madrid, Lima, Santiago y Buenos Aires; profesionales que reconstruyeron sus vidas fuera del país; padres que envejecieron lejos de sus hijos; jóvenes que crecieron sin imaginar un futuro en Venezuela. Esa diáspora no puede ser tratada como un detalle secundario cuando se discute si el país está preparado para votar. También habrá que preguntarse cómo participan esos venezolanos en el futuro político de la nación que tuvieron que abandonar.
Y hay una cuestión todavía más importante: ¿cuánto más preparado debe estar un pueblo para ejercer su soberanía?
Los venezolanos soportaron años de colapso económico, hiperinflación, deterioro de los servicios públicos, persecución política y emigración masiva. Fueron a votar en 2024 pese a todo. Pretender ahora que necesitan una especie de período de aprendizaje antes de poder elegir nuevamente a su presidente invierte completamente el problema. Los ciudadanos no son quienes deben demostrar que están preparados para la democracia. Son las instituciones las que deben garantizarles que esta vez su voto será respetado.
El petróleo explica muchas cosas
Hay, naturalmente, una realidad que sería ingenuo ignorar: Trump está defendiendo los intereses de Estados Unidos.
Y el petróleo venezolano importa enormemente.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta, pero produce una fracción de lo que podría producir. Hoy ronda 1,25 millones de barriles diarios, cuando a finales de los años noventa producía alrededor de 3 millones diarios. Es decir, pese a estar sentada sobre una riqueza extraordinaria, su industria produce actualmente menos de la mitad de aquellos niveles.
Ese contraste ayuda a entender los 100.000 millones de dólares de inversión de los que se habla. Décadas de desinversión, corrupción, deterioro de instalaciones y pérdida de capacidad técnica no se revierten simplemente abriendo una válvula. Hay pozos que recuperar, oleoductos que reparar, instalaciones que modernizar y enormes cantidades de capital que conseguir. Chevron ya confirmó una expansión de sus operaciones y otras empresas, entre ellas Eni, GE Vernova, ONGC y GeoPark, han avanzado en proyectos o negociaciones relacionadas con el sector energético venezolano.
Para Venezuela, eso puede representar una oportunidad extraordinaria. Recuperar producción significa ingresos fiscales, empleos, divisas, infraestructura y eventualmente una economía menos asfixiada. Para Estados Unidos significa petróleo, seguridad energética, oportunidades para sus empresas y menor espacio para sus competidores geopolíticos.
No hay nada necesariamente reprochable en que ambos países persigan sus intereses.
El problema comienza cuando el interés petrolero termina determinando el calendario democrático.
María Corina Machado tiene razón en algo esencial
María Corina Machado resumió el problema en una frase: “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”.
Su posición tampoco consiste en cerrar Venezuela al capital extranjero. Al contrario. Ha defendido la necesidad de atraer enormes inversiones y considera a Estados Unidos un socio fundamental para la reconstrucción. Su objeción es otra: inversiones de esta magnitud necesitan rentabilidad, certeza, seguridad jurídica y reducción del riesgo país. Y, según sostiene, solamente un gobierno serio y democrático puede garantizar esas condiciones de manera sostenible.
Hay una lógica económica poderosa detrás de ese argumento.
Una inversión petrolera de 100.000 millones de dólares necesita algo más que buenas relaciones personales entre Trump y Delcy. Necesita sobrevivir a ambos. Necesita que un gobierno venezolano dentro de diez o veinte años reconozca los contratos firmados hoy. Necesita tribunales, reglas estables, instituciones y legitimidad política. Cuanto más cuestionada sea la autoridad que firma un acuerdo, mayor será el riesgo de que un futuro gobierno intente revisarlo.
Por eso democracia y petróleo no deberían presentarse como prioridades enfrentadas.
Una democracia legítima puede ser la mejor garantía del propio acuerdo petrolero.
Trump hizo la parte difícil. Ahora falta la indispensable
Sería mezquino negar que Trump cambió radicalmente el escenario venezolano. Hace un año, imaginar una Venezuela sin Maduro, con compañías estadounidenses preparando inversiones multimillonarias y Washington nuevamente convertido en actor dominante del sector energético venezolano habría parecido improbable. Hoy esa es la realidad. La administración Trump consiguió además desplazar una parte de la influencia que Rusia y China habían construido durante años alrededor de los recursos estratégicos venezolanos.
La Casa Blanca lo presenta abiertamente como una victoria de “America First”. El propio gobierno estadounidense afirma que el acuerdo garantiza su dominio energético durante el próximo siglo y destaca que los más de 65.000 millones de barriles involucrados superan ampliamente las reservas territoriales probadas que atribuye a Estados Unidos.
Trump puede celebrar esa victoria.
Vance puede explicar sus beneficios para los estadounidenses.
Las petroleras pueden calcular sus inversiones.
Delcy puede anunciar la recuperación de la producción.
Pero falta alguien en esa mesa: el venezolano que tiene que decidir quién gobierna Venezuela.
Y esa ausencia resulta cada día más difícil de justificar.
No se trata de convocar una elección precipitada para cumplir con una formalidad. Venezuela ya sabe perfectamente que unas urnas por sí solas no hacen una democracia. Se trata de construir durante los próximos meses las condiciones para que la próxima elección sea precisamente lo contrario de la de 2024: verificable, competitiva, transparente y vinculante. Y para eso hace falta algo muy sencillo que Washington todavía no ha querido ofrecer: un calendario.
Seis meses. Nueve. Doce. El plazo puede discutirse.
La elección, no.
Venezuela está lista
Trump dice que Venezuela todavía no está preparada. Yo plantearía exactamente lo contrario.
Venezuela lleva demasiado tiempo preparándose.
Se preparó sobreviviendo a una crisis económica devastadora. Se preparó viendo partir a casi ocho millones de sus ciudadanos. Se preparó votando en 2024 y descubriendo nuevamente que votar no bastaba si las instituciones no estaban dispuestas a respetar el resultado. Se preparó viendo cómo un país con las mayores reservas petroleras del planeta terminaba produciendo apenas 1,25 millones de barriles diarios. Y ahora observa cómo su gobierno interino negocia decenas de miles de millones de dólares y compromete campos petroleros durante períodos que pueden extenderse hasta un siglo.
Después de todo eso, resulta extraño escuchar que el problema es que los venezolanos no están listos.
No son ellos quienes necesitan demostrarlo.
Quienes deben estar preparados son el Estado, el árbitro electoral, las Fuerzas Armadas, los partidos y quienes hoy ocupan Miraflores. Preparados, esta vez, para aceptar que pueden perder.
Estados Unidos tiene suficiente influencia para ayudar a garantizarlo. Trump tiene suficiente poder sobre el actual proceso venezolano para exigirlo. Y Delcy Rodríguez, si realmente quiere elecciones como asegura Trump, debería ser la primera interesada en poner una fecha.
El acuerdo petrolero puede ser un enorme éxito económico. Puede devolver inversiones, aumentar la producción, generar ingresos y reconstruir una industria que Venezuela dejó deteriorarse durante décadas. Puede incluso convertirse en el comienzo de una nueva relación estratégica entre Caracas y Washington.
Pero no puede reemplazar unas elecciones.
El petróleo pertenece a Venezuela. El poder también.
Y si Estados Unidos considera que los venezolanos están suficientemente preparados para comprometer 65.000 millones de barriles de su riqueza durante generaciones, debería considerarlos suficientemente preparados para algo mucho más sencillo y mucho más importante:
elegir a su próximo presidente.