El Gobierno de Gustavo Petro ha estado enmarcado dentro del escenario de las reformas y la pugna con el Congreso de la República para que se las apruebe. La reforma pensional es una de las que se encuentra en trámite en el Legislativo y aunque mucho se ha criticado la inconveniencia de sus iniciativas, en algo han coincidido los analistas, en la pertinencia de que se haga un cambio al sistema actual, pues para muchos es inviable.

Según un estudio publicado el pasado 8 de mayo por el observatorio laboral y la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, el sistema pensional colombiano falla a la hora de garantizar una pensión a la mayoría de los adultos que han alcanzado la edad de jubilación. Para el 2023 solo el 21.33% de las personas en edad de pensión (57 años en el caso de las mujeres y 62 en los hombres) estaban pensionadas, lo que representa un descenso del 8% en relación con el 2021.

De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, tres de cada cuatro colombianos no se pensionan, lo cual significa que la mayoría están desprotegidos en su vejez.

Ahora bien, Colpensiones, la compañía administradora de pensiones, le está saliendo muy costosa al Estado, porque solo el 50% de los trabajadores formales cotizan y el 81% lo hacen por un salario mínimo. Es el único ingreso que tiene para pagar las pensiones y como no le alcanza, toma la plata de los impuestos para tapar ese faltante. De modo que solo en el 2021 el gobierno tenía un déficit de 42 billones en el presupuesto de la nación.

Actualmente, el país atraviesa por una situación de bono “demográfico”, con tendencia a acabarse, donde la cantidad de personas laboralmente activas, sobre todo jóvenes, supera el número de personas pensionadas o en edad de pensión. Por ahora, las condiciones se mantienen suficientes para diferentes modelos pensionales que dependen esencialmente de transferencias intergeneracionales, entre ellos el Régimen de Prima Media, indica el documento.

El acelerado envejecimiento de la población

El informe de la Universidad del Rosario "El sistema pensional colombiano: retos y perspectivas de reforma" también señala: "En medio siglo, América Latina y el Caribe se enfrentan a un acelerado proceso de envejecimiento demográfico, que para el caso de Europa demoró dos siglos (Cepal, 2022)". El país no es ajeno a esta realidad, mientras que en 2022 el 14.5% de la población total eran adultos mayores, se proyecta que para el 2030 la población mayor de 60 años esté cercana al 20% y en 2060 ronde la cifra del 35% (Cepal, 2022).

El observatorio considera que la proporción de personas sin ninguna fuente de ingresos (laboral o pensional) es creciente con la edad, puesto que las personas de 55 a 65 años sin ninguna fuente de ingresos eran alrededor del 36% durante 2023; esta cifra aumenta significativamente al llegar a los 75 años, donde se alcanzó hasta el 67% en el mismo periodo.

Esto revela una realidad preocupante: seis de cada diez personas mayores de 75 años carecen de cualquier fuente de ingresos.

A estas cifras se les puede añadir que, en promedio, las personas mayores de 55 años tienen una media de 20 años cotizados. Esto es inquietante porque supone que las personas próximas a pensionarse o en edad de pensión no cumplen las semanas necesarias para obtener dicho beneficio, lo que agrava aún más la situación de inseguridad financiera en la vejez.

¿Cómo es el sistema actual?

Hay dos regímenes: uno privado a cargo de cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): Colfondos, Porvenir, Skandia y Protección. En esta modalidad, los ciudadanos se pensionan con 1,150 semanas de cotización, si lo que han ahorrado cubre el 110% del valor de una pensión de un salario mínimo. La pensión se calcula según la expectativa de vida y lo que se haya ahorrado durante esos años.

El otro es el régimen público administrado por Colpensiones. Aquí, las semanas aumentan puesto que los trabajadores se pensionan cuando cumplen 1,300 semanas. En el caso de las mujeres, cuando cumplen 57 años, y los hombres, 62. El valor de la pensión se calcula de acuerdo con el promedio del sueldo que recibieron en los últimos 10 años.

Hay quienes no cumplen con los requisitos para adquirir una jubilación, por eso, si están afiliados a una AFP, les devuelven lo que ahorraron más los intereses; y en Colpensiones, les devuelven lo ahorrado más el ajuste de la inflación. Cada uno de los regímenes tiene pros y contras, y los cálculos que se hacen para asignar las pensiones son muy diferentes. Dos personas que ganan el mismo sueldo, según donde hayan cotizado, pueden ganar uno más y el otro menos de mesada.

En qué consiste el proyecto de reforma del Gobierno

La propuesta está estructurada basada en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es el pilar solidario, el cual busca introducir un subsidio para que los adultos mayores (hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años) que se encuentren en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad puedan acceder a una mesada (Renta Básica Solidaria). Se cree que aproximadamente 2.500.000 de adultos mayores recibirán un monto de 223.000 pesos.

El pilar semicontributivo busca reconocer una renta vitalicia a los adultos mayores (hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años) que hayan cotizado entre 300 y 1,000 semanas. Esta renta vitalicia se calculará como el total de las cotizaciones realizadas al RPM (Colpensiones) traídas a valor presente y aumentando en un 3% efectivo anual el saldo total de la cuenta de ahorro individual en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Por último, está el pilar contributivo, el cual va dirigido a trabajadores dependientes e independientes con capacidad de pago. Este pilar recogerá todas las cotizaciones pensionales hechas sobre un ingreso base de 1 salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) hasta los 3 SMMLV. A su vez, permitirá a los cotizantes que generen ingresos laborales entre los 3 SMMLV y los 25 SMMLV realizar cotizaciones voluntarias a los fondos privados de pensiones. Una vez el afiliado alcance el número de semanas (1,300 semanas) y años necesarios para el reconocimiento de su pensión (57 años en el caso de las mujeres y 62 en el caso de los hombres), podrá acceder a su pensión.

Aspectos más criticados de la reforma

- El Gobierno de Petro propuso un umbral de tres salarios mínimos para dividir el régimen privado del público. El 87% de la población gana menos de eso en Colombia, es decir, muy pocos tendrán la oportunidad de ahorrar en los fondos de pensión.

- Otro de los aspectos que han sido cuestionados en el Legislativo es el costo que tendrá la reforma. La asignación presupuestaria en los primeros años de ejecución de la reforma no está clara, por lo que se anticipa un aumento en el gasto.

- Según la calificadora Standard & Poor's, la aplicación de la reforma podría resultar en un incremento del gasto en pensiones y de la deuda nacional, aspectos que terminarán impactando negativamente en el crecimiento económico de Colombia. La financiación del pilar solidario va dirigida a personas en extrema pobreza, por lo tanto, los recursos saldrán del Presupuesto General de la Nación (PGN), que dependerá de los ingresos corrientes. Según las estimaciones realizadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), tendría un impacto sobre el PGN de aproximadamente 6,1 billones de pesos en 2023 (teniendo en cuenta las proyecciones del PIB para ese año).

- El citado estudio concluye tres aspectos fundamentales sobre el concepto de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) acerca del proyecto de reforma del Gobierno actual. El primero se refiere a que este no corrige los problemas estructurales del sistema: no soluciona la baja cobertura, la inequidad ni la insostenibilidad.

- En segundo lugar, en materia de igualdad, la reforma no soluciona el problema de concentración de subsidios. Según cálculos de la ANIF, el 20% de la población de mayores ingresos recibiría el 74.3% del subsidio pensional con un umbral de 3 SMLV y el 71.3% con un umbral de 1 SMLV.

- Finalmente, frente a la insostenibilidad financiera, se observa que el pago de pensiones del Régimen de Prima Media para 2024 será cercano a 100 billones, de los cuales 25 billones salen del PGN y 33 billones son recursos propios de cotizaciones. No obstante, este dinero se usa para subsidiar las pensiones altas, generando un problema de equidad implícito en la insostenibilidad fiscal del sistema.

Las objeciones que han encontrado las entidades especialistas en el tema se refieren al sostenimiento financiero de este modelo. A largo plazo, podría dejar un pasivo pensional del 218% del PIB en Valor Presente Neto (VPN) para el 2100. Como resultado, las futuras generaciones podrían verse afectadas, pues las proyecciones indican que en 2069 los recursos del Fondo de Pensiones se acabarán y los trabajadores de esa época deberán asumir las consecuencias.

En última instancia, la necesidad de reformar el sistema pensional en Colombia es innegable. Es responsabilidad del Gobierno y del Congreso encontrar soluciones viables y equitativas que garanticen una vejez digna para todos los ciudadanos.

Ante este panorama, es imperativo que se llegue a un consenso que permita diseñar un sistema pensional más justo, equitativo y sostenible para todos los colombianos. De lo contrario, las consecuencias podrían ser devastadoras para las generaciones futuras, con un pasivo pensional que amenaza con superar el 200% del Producto Interno Bruto para el año 2100.