Hace dos semanas se dio a conocer la transacción mediante la cual la multinacional canadiense Aris Mining se hizo al control del proyecto de megaminería Soto Norte al quedarse con el 51 % de la participación accionaria, que hasta entonces había sido propiedad mayoritaria del Fondo Mubadala de Emiratos Árabes. Recordemos como a comienzos de marzo de 2022, ad portas de concluir su cuatrienio constitucional, el entonces presidente Duque anunciaba el inicio de las negociaciones para dejar firmado el TLC con Emiratos Árabes, y el 21 de ese mismo mes, paradójicamente un día antes de celebrarse el día mundial del agua, Aris Mining anunciaba la adquisición del 20 % de las acciones del proyecto de marras con la opción de compra del 50 % de éste, hechos que deben integrarse y no verse como insulares, para comprender mejor el contexto.

Ni Santurbán ni ninguno de los páramos de nuestro país vistos bajo un concepto de integralidad que incluye sus ecosistemas circunvecinos complementarios, como el bosque andino, deben ser objeto de especulación en los mercados bursátiles del mundo con sus consabidas transacciones.

Este tipo de proyectos de megaminería ubicados en nuestros páramos y en sus ecosistemas circunvecinos y, por contera, por encima de las captaciones (bocatomas) de los acueductos que abastecen grandes poblaciones, como es el acueducto metropolitano de Bucaramanga, en el caso que nos ocupa, jamás serán aprobados por el gobierno Petro pues van en contra del primer eje de transformación de su Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: el ordenamiento del territorio alrededor del agua y de uno de sus principios: “se debe privilegiar el agua y la vida por encima de la minería”; las transnacionales mineras lo saben.

Como ya ha expuesto este colaborador en Visión Latinoamericana, los gobiernos anteriores a la actual administración del presidente Petro actuaron subordinados a la visión minera -a costa de poner en riesgo el principal producto ecosistémico de los páramos: nuestra agua-; alinearon el aparato estatal para tal fin y, con mayorías en el Congreso de la República, se legisló durante décadas en esa misma dirección, a favor de la minería, especialmente la gran minería, lo cual ha sido un óbice para el gobierno Petro que tiene una visión conservacionista del ambiente, diametralmente opuesta a los gobiernos anteriores. Así que, para este Gobierno, con sus ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, y sus entidades adscritas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), respectivamente, el reto y su labor ha sido muy grande.

Desmontar lo que hicieron los pasados gobiernos con visión minera (que, por cierto, convirtieron en principal amenaza para nuestra agua y nuestros páramos los procesos de delimitación de los ecosistemas paramunos; la posibilidad de otorgar licencias ambientales para la explotación en ellos y sus ecosistemas aledaños, y los mismos TLC al constituir ellos mismos con su firma el dilema: permitimos su explotación o exponemos al Estado a un altísimo riesgo jurídico por las demandas antes los estrados internacionales) para construir la visión conservacionista ambiental resulta una tarea quijotesca.

Las transnacionales mineras conocen ese contexto político y, por ello, lo que se puede vislumbrar es la alta posibilidad de que Minesa con su proyecto Soto Norte, hoy con una participación accionaria mayoritariamente canadiense, interponga una cuantiosa demanda, al tenor del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Colombia y Canadá, como pasó con otra multinacional canadiense Eco Oro (anteriormente Greystar) que, al no satisfacer sus objetivos extractivistas en Santurbán, demandó al Estado colombiano por 698 millones de dólares, basándose en dicho acuerdo internacional. El que desconoce la historia está condenado a repetirla, reza el adagio popular.

El otrora presidente Duque quiso dejar finiquitado el TLC con Emiratos Árabes que, en últimas, no se materializó. De haber prosperado habríamos tenido una peligrosa sinergia estratégica canadiense-emiratí en contra de los intereses del Estado colombiano) al tenor de sendos TLC con Canadá y Emiratos Árabes. Pero al no lograr el gobierno Duque su cometido, era obvio que el mejor escenario para Minesa y su proyecto Soto Norte era constituirse mayoritariamente canadiense, como de hecho sucede hoy con la última transacción entre Mubadala y Aris Mining, para una posterior demanda al Estado colombiano apalancados en el TLC Colombia-Canadá, por la inviabilidad de su proyecto y la consecuente negativa del gobierno Petro a la licencia ambiental para la explotación, lo que se da por descontado.

En este mismo espacio ya había abordado el tema en: ¿Por qué Emiratos Árabes y Canadá insisten en hacerle daño a los colombianos? https://larevistavision.com/articulo-228-medio-ambiente.html Y es que, en la práctica, los gobiernos anteriores con la firma de los TLC y acuerdos bilaterales de inversión constituyeron un doble seguro, especialmente para las empresas transnacionales mineras, porque estas o ganan saqueando nuestros recursos naturales o, al no permitírseles sus fines extractivistas, ganan demandando al Estado colombiano, instrumentalizando dichos acuerdos, con cifras estratosféricas que, en pesos colombianos, resultan muchas veces billonarias.

En ese orden de ideas con la firma de esos onerosos TLC y acuerdos bilaterales de inversión para nuestro país, el mejor panorama para una transnacional minera es de entrada solicitar al gobierno de su país de origen la suscripción de un acuerdo con nuestro Gobierno, para doble asegurar su inversión; invertir en Colombia no a su propia cuenta y riesgo (porque el riesgo ha sido transferido al Estado colombiano con la firma de dichos injustos e inequitativos acuerdos binacionales); tramitar la licencia ambiental para la explotación ante nuestro Gobierno (intentando paralelamente obtener la licencia social de los colombianos que jamás obtendrán) mientras especulan un tiempo en los mercados bursátiles y, ante la negativa a su licencia ambiental por parte el Estado, demandar apalancadas y a la luz de los acuerdos mencionados.

Adenda: Muy justa y merecida la condecoración que recibió hace unos días nuestro presidente Gustavo Petro por parte del Estado de Palestina por su gran solidaridad, compromiso e involucramiento en favor de su causa. Este columnista Rodríguez-Salah es orgullosamente descendiente de un inmigrante palestino (Jerusalem), Santiago Salah Dika, quien llegó a estas hermosas tierras santandereanas, hacia 1890.

*Erwing Rodríguez-Salah Líder referente nacional en defensa del agua y los páramos. Premio Mejores Líderes de Colombia, Revista Semana: “el defensor del páramo”